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CONTENIDO EXCLUSIVO.Pese a la disputa que el régimen de Daniel Ortega mantiene con Estados Unidos, ese país es el principal proveedor de petróleo y sus derivados. Entre enero y febrero de este año las importaciones provenientes de EE.UU. sumaron 118.35 millones de dólares, el 78 por ciento del total de la factura petrolera, según datos del Banco Central, lo cual podría convertirse en un riesgo para el país, a criterio de especialistas.
Estados Unidos aplicó al régimen la Ley Magnitsky y la Nica Act en 2018, las cuales se encargan de establecer una serie de sanciones a personas que estén relacionadas con actividades corruptas y que han violado los derechos humanos en Nicaragua, lo que conlleva a que el país norteamericano congele los bienes y las cuentas bancarias de los responsables.
Y si bien las mismas no trascienden más allá de personas específicas del régimen de Ortega, si Estados Unidos decidiera imponer sanciones económicas, como ocurre en Venezuela, el abastecimiento de combustible y petróleo en Nicaragua se vería comprometido.
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César Arévalo, especialista en hidrocarburos, asegura que normalmente el 96 por ciento de las gasolinas y el diésel es importado de Estados Unidos y el 4 por ciento, cuando se da la ocasión, es importado de las terminales de Puma y Uno, en Honduras. Asimismo, explica que la dependencia en la importación de crudo de Estados Unidos a territorio nicaragüense se debe principalmente a que Venezuela dejó de suministrar petróleo desde hace años.
“La situación sería crítica si Estados Unidos llegase a decir ‘no te vendo combustible’, no creo que lo haga, lo más que pueden hacer es sancionar a Petronic. No creo en este momento que vayan a restringir el suministro de combustible de Estados Unidos, pero en el momento en que lo hagan sí se verá en serios problemas el suministro y posiblemente los costos”, agregó al respecto.
En general, “hay una gran dependencia con Estados Unidos en las importaciones de petróleo, gasolina y diésel, y en pequeña medida con el fuel oil”, explica. Ya en su momento, las sanciones de Estados Unidos obligaron a Nicaragua a hacer ajustes en el mercado de abastecimiento y control de los hidrocarburos, que hizo temer el abastecimiento local de estos.
“Aquí hubo una secuencia de sanciones, sancionaron a Albanisa e inmediatamente hubo un cambio de esquema. Albanisa importaba el fuel oil para su propia generación en el tanque Germán Pomares, en Corinto y Puma vendía el fuel oil a DNP y al resto de la industria y generadoras eléctricas, a partir del 2019, 2020 y me imagino que en el 2021 no hay importación de Albanisa, ni de Petronic, ni de fuel oil”, agregó.
Hasta 2016, Venezuela era el principal proveedor de petróleo para territorio nicaragüense, pero tras la caída del gigante petrolero del sur, Nicaragua se vio en la necesidad de retomar sus negociaciones con uno de los mayores adversarios de Ortega, Estados Unidos, que su vez es el primer socio comercial del país para las exportaciones.
Más dependientes que nunca
Entre el 2011 y al término del 2018, Nicaragua importó petróleo y sus derivados venezolanos por un monto de 5,216.9 millones de dólares. Siendo en el 2012 cuando se realizó la mayor importación del país sudamericano con 1,163 millones de dólares, según el Banco Central de Nicaragua.
La tendencia comenzó a cambiar en el 2016, cuando Nicaragua comenzó a comprar más petróleo a Estados Unidos, cuya participación dentro de la factura petrolera pasó de 14 por ciento en el 2015 a 78 por ciento hasta febrero de este año. En el 2020 a ese país se le facturó el 61 por ciento del total de las importaciones de crudo y derivados que ingresaron al mercado nicaragüense.
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En tanto, la participación de Venezuela pasó de 55 por ciento en el 2015 a cero por ciento hasta el 2019, luego que Estados Unidos golpeara con sanciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la cual debido a esto fue disminuyendo su participación en las compras de Nicaragua de este producto, según muestran cifras facilitadas por Arévalo con base a datos del Banco Central de Nicaragua.
Luego de Estados Unidos, El Salvador se posiciona como segundo proveedor al registrar hasta febrero de este año 11.04 millones de dólares.
Lo ocurrido en Venezuela
A criterio del economista Róger Arteaga, con la retórica de ataque de Ortega hacia Estados Unidos existe un riesgo latente de que ese país tome alguna represalia, como lo hizo con Venezuela. Estados Unidos ha bloqueado las operaciones de PDVSA, lo que ha tambaleado duramente la principal fuente de dinero del régimen de Nicolás Maduro.
En el caso específico de Nicaragua, recientemente senadores estadounidenses introdujeron ante el Congreso la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para Reformas Electorales (Renacer, por sus siglas en inglés), la que plantea ampliar las sanciones contra el Gobierno con el propósito de que se realicen elecciones libres y democráticas.
Arteaga, también exgerente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), menciona que la aplicación de la Ley Renacer conseguiría más sanciones y, a la vez, profundizaría las contenidas en la Nica Act, que comprende un veto de parte de Estados Unidos para préstamos de los organismos multilaterales al Gobierno de Nicaragua.
Ahí sí se vería un impacto severo en el comercio internacional porque muchos de los financiamientos son para las partes productivas, por ejemplo, que necesitan importar materia prima, maquinaria, equipo y también para la parte del sector público, que es construcción de carretera, puentes, etcétera. Para lo cual tienen que importar maquinarias y equipos; entonces ahí sí se va a ver un impacto más severo en el comercio exterior de Nicaragua”, mencionó al respecto.
Arteaga concluyó que “las sanciones cayeron a los que manejan los hidrocarburos en Nicaragua, que son las familias del gobernante, se cerraron una cantidad enorme de gasolineras, eso mismo puede ocurrir con el combustible, una vez que se profundicen las sanciones que trae la iniciativa de Ley Renacer”.
En los últimos años, Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto una serie de sanciones a cercanos de Daniel Ortega, entre los que se encuentran tres de sus hijos, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y operadores señalados por actos de corrupción, violación de derechos humanos y lavado de dinero.
