A medida que se acerca noviembre, el escenario político nacional se ha vuelto más complejo. Por un lado, el régimen Ortega Murillo mantiene secuestrados los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense; por el otro, once precandidatos de la oposición han expresado sus aspiraciones presidenciales y el debate es dominado por dos grupos opositores: la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana.
Además, este mes se hablará mucho sobre reformas electorales y el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE); porque, dicho sea de paso, en mayo de 2021 vence el plazo establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA) para que Ortega devuelva sus derechos al pueblo nicaragüense y ofrezca garantías de que se realizarán elecciones legítimas.
Todo esto ocurre paralelo al avance del proyecto de Ley Renacer, que ya está en manos del Congreso de Estados Unidos y contempla sanciones más duras para el régimen y sus aliados.
Esta es la información que debe conocer para comprender quiénes son los actores que están poniendo sus piezas en el tablero de la oposición y cuáles otros factores están en juego.
¿Qué es la Coalición Nacional?
El 17 de enero de 2020, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) presentaron la Coalición Nacional (CN) e instaron a todos los sectores a que se unieran “sin exclusión” en una plataforma contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sin embargo, el 26 de octubre de ese año la Alianza Cívica se retiró de la CN para irse a formar su propia plataforma política, una iniciativa impulsada por el sector empresarial, que votó en pleno por salir de la Coalición, apoyado por los estudiantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y algunos miembros de otros sectores.
Actualmente la CN está integrada por cinco grupos: la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), conformada por más de noventa organizaciones; el Movimiento Campesino, el Partido de Restauración Democrática (PRD), el partido indígena Yatama y la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).
La Coalición Nacional cuenta con la casilla del PRD, presidido por el reverendo Saturnino Cerrato.
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¿Qué es la Alianza Ciudadana?
A lo largo de 2020 numerosas personalidades salieron de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, improvisada por la Iglesia católica para ser la contraparte del régimen durante el Diálogo Nacional de 2018. La abandonaron, por ejemplo, Ernesto Medina, Azahalea Solís y Carlos Tünnermann Bernheim.
Tras su salida de la Coalición Nacional, en octubre de 2020, la Alianza quedó conformada por representantes del sector privado, la Unidad Sindical Magisterial y la Unidad Médica Nicaragüense; así como cuatro organizaciones estudiantiles: la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), el Movimiento Universitario 19 de Abril, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril y el Movimiento UNA 19 de Abril.
En enero de 2021 se unió al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), presidido por Kitty Monterrey, para crear una nueva plataforma política, al margen de otros grupos opositores. Así nació la Alianza Ciudadana, conformada por la Alianza Cívica y el CxL.
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Precandidatos
Actualmente en la oposición hay 11 aspirantes a la Presidencia de Nicaragua, unos pertenecen a la Alianza Ciudadana, otros a la Coalición Nacional y está Cristiana Chamorro, que ha decidido no inscribirse en un proceso de selección mientras no se haya llegado a un acuerdo de unidad.
Independiente: en espera de una casilla única
Cristiana Chamorro Barrios , 67 años, es hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y del periodista y Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Durante muchos años la periodista se dedicó a la defensa de la libertad de expresión y a la promoción de la democracia en Nicaragua, a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
El 29 de abril de 2021 manifestó que no participará en un proceso de inscripción de precandidatos mientras la oposición no haya acordado una casilla única.
“Jamás voy a dividir el voto”, afirmó en un comunicado, descartando así la posibilidad de inscribirse en la selección interna del candidato de la Alianza Ciudadana, a la que pertenece CxL, cuyo periodo de inscripciones finalizó el mismo 29 de abril.
En la Coalición Nacional
Félix Maradiaga, de 44 años, es politólogo, con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Es precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dentro de la Coalición Nacional (CN). Este sábado 1 de mayo aseguró que continuará promoviendo la unidad opositora en busca de un candidato único, pese a que Kitty Monterrey, presidenta de CxL, ha descartado la posibilidad de una competencia entre candidatos de la CN y los de la Alianza Nacional.
Medardo Mairena es uno de los principales líderes del Movimiento Campesino, nacido para oponerse al proyecto del canal interoceánico. Cobró gran protagonismo durante el fallido Diálogo Nacional entre sectores de la sociedad y el régimen. En febrero de 2019 la dictadura lo condenó a 216 años de cárcel y estuvo preso 11 meses en el Chipote y una celda de máxima seguridad de la Modelo, antes de ser amnistiado. Tiene 42 años.
Miguel Mora, de 57 años, es periodista y empresario. En diciembre de 2018 fue despojado arbitrariamente de las instalaciones del medio de comunicación que dirigía, 100% Noticias. Fue encarcelado durante seis meses por denunciar la represión armada contra las protestas civiles a través de ese medio de comunicación.
María Eugenia Alonso, médica y cirujana especialista en toxicología, pertenece a una familia leonesa de larga tradición opositora antisandinista. Tiene 55 años. Es hermana de los doctores Adán y Máximo Guillermo Alonso, quienes fallecieron por Covid-19 tras atender gratuitamente a cientos de pacientes contagiados. En noviembre de 2019 fue torturada por la Policía de León, obligada a grabar un video comprometiéndose a “no joder a los militantes sandinistas”. Fue nominada por la Alianza Cívica por la Unidad Nacional, que pertenece a la CN.
George Henríquez tiene 35 años, es afrodescendiente y miembro del partido Yatama, que integra la CN. Ha sido el rostro de la Costa Caribe en este proceso de búsqueda de unidad política. Es licenciado en Administración y tiene una maestría en Género e Interculturalidad; además, tiene 17 años de activismo en la defensa de los derechos de los pueblos afros y los derechos en autonomía.
Luis Fley, de 70 años, tiene una larga historia militar y política de oposición al Frente Sandinista. En la Contrarrevolución, durante la guerra fratricida de los años ochenta, fue conocido como comandante Johnson. Fue propuesto como precandidato por la organización política que preside, la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), que forma parte de la CN.
Los de la Alianza Ciudadana
Juan Sebastián Chamorro, de 50 años, es hijo de Xavier Chamorro Cardenal, director de LA PRENSA luego del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro y fundador de El Nuevo Diario. En 1990 sacó en California una licenciatura en Economía y luego un doctorado en la Universidad de Wisconsin. El reciente 22 de abril se convirtió en el primer aspirante a la candidatura presidencial al inscribirse en el proceso de selección de la Alianza Ciudadana.
Noel Vidaurre, de 66 años, es abogado y un rostro conocido en la arena política nicaragüense, no solo por su recordada entrevista con el periodista peruano Jaime Bayly, también porque ya fue candidato presidencial en 1996 y 2001 y en 2016 renunció a la contienda a pocos meses de la contienda electoral, debido a desacuerdos con el caudillo liberal Arnoldo Alemán. El jueves 29 de abril se inscribió como precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana.
Américo Treminio Cantarero es un nuevo rostro en la política nacional. Es especialista en Computación, nació en Jinotega y tiene 53 años de edad. Se inscribió como precandidato de la Alianza Ciudadana. En su conferencia de prensa dijo que no cree posible la unidad, aunque “es lo deseable y lo idóneo”. “Yo estoy convencido que la unidad tiene que comenzar por el pueblo”, declaró.
Arturo Cruz Sequeira, de 67 años, es académico, catedrático y precandidato inscrito en la Alianza Ciudadana desde el pasado 26 de abril. Tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Oxford, Inglaterra, y una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins, Washington D.C., además de una licenciatura en Ciencias Políticas. Fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos durante el periodo 2007-2009.
Mayo, un mes crucial
Se espera que este mes se esclarezca un poco el panorama electoral. Serán semanas claves para determinar si habrá o no garantías mínimas para un proceso electoral libre y transparente.
Por ejemplo, se cumplirá el plazo establecido en octubre de 2020 por la Organización de Estados Americanos (OEA) para que el régimen de Daniel Ortega restituya los derechos humanos arrebatados al pueblo nicaragüense e implemente reformas electorales que garanticen elecciones legítimas.
En su Asamblea General número 50, la OEA estableció mayo de 2021 como tope para la resolución “Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua, mediante elecciones libres y justas”.
El lunes 12 de abril, los diputados sandinistas presentaron una reforma a la Ley Electoral que solo dos días después fue enviada a la Comisión Especial para Asuntos Electorales, creada recientemente por el oficialismo. Sin embargo, esta reforma ha sido rechazada por sectores opositores y miembros del Congreso de Estados Unidos.
En lugar de otorgar garantías, la propuesta intenta legalizar trabas para la oposición. Amparados en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, los diputados de la dictadura propusieron incorporar la prohibición de que partidos políticos, alianzas de partidos y cualquiera de sus candidatos o candidatas reciban financiamiento del exterior, así como la inhibición a ciudadanos catalogados como “traidores de la patria” para que no puedan optar a cargos de elección popular.
Se espera que el martes 4 de mayo se “discuta” la reforma en la Asamblea y se dé a conocer quiénes serán seleccionados por el régimen como nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE). 44 nombres fueron propuestos.
Iniciativa de Ley Renacer
Es posible que este mayo sea aprobada la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para Reformas Electorales, o Ley Renacer (por sus siglas en inglés), que plantea duras sanciones contra el régimen de Daniel Ortega si no garantiza elecciones democráticas en noviembre de 2021.
El proyecto fue presentado por senadores demócratas y republicanos y ya se encuentra en manos del Congreso de Estados Unidos. La Ley Renacer contempla extender las sanciones económicas al círculo familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la Policía, el Ejército, el CSE, miembros del Frente Sandinista, incluidas sus familias; así como entidades financieras aliadas y personas señaladas de corrupción. Se plantea, también, ampliar las restricciones y fiscalizaciones a préstamos solicitados por la dictadura a instituciones multilaterales.
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