Mientras en América Latina y el Caribe al menos 22 millones de personas cayeron en pobreza como consecuencia del impacto de la pandemia en la economía y el empleo, un aumento que la Cepal califica sin precedentes en las últimas décadas, en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega dice que en medio de la fuerte crisis sanitaria y económica mundial la calidad de vida de los nicaragüenses mejoró al registrarse en el 2020 descenso en varios indicadores que evalúan las necesidades básicas insatisfechas de los hogares.
“El aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares”, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el 4 de marzo de este año. En Nicaragua el Gobierno no implementó medidas económicas para ayudar a la población a soportar el impacto de la pandemia.
También el Banco Mundial, en un reporte del panorama general de Nicaragua actualizado este 6 de abril, estimó que el año pasado 90 mil nicaragüenses (con ingreso inferior a 3.2 dólares por día en términos de paridad del poder adquisitivo de 2011) habían caído en pobreza en el contexto de la pandemia y el Gobierno de Nicaragua admitió que al menos 22 mil plazas de empleo fueron destruidas por la recesión, que completó un ciclo de tres años consecutivos el año pasado con una contracción económica de dos por ciento.
Pese a ello, el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide), en un informe publicado este mes, dice que las necesidades insatisfechas de los nicaragüenses disminuyeron en 2020, si se compara con el 2019, incluso algunos están más favorables que en 2017, pese a los tres años de recesión que han ocasionado la pérdida de casi 200 mil empleos formales.
El índice de necesidades básicas insatisfechas, que recoge la Encuesta Continua de Hogares, evalúa las características adecuadas de la vivienda, tales como: materiales del piso, techo o pared, acceso a servicios básicos como agua potable, servicio higiénico y número de cuartos. También se consideraron rasgos demográficos del hogar como asistencia de los niños a la escuela, educación del jefe del hogar y número de miembros ocupados.
Según el informe, los niveles de hacinamiento fueron menores el año pasado si se compara con el 2019, e inclusive mejor que los del 2017. Este indicador se ubicó en 12.6 por ciento, 2 puntos porcentuales inferior a lo observado en el 2019, cuando fue de 14.6 por ciento. Sin embargo, el área urbana concentra mayor número de personas viviendo en una misma casa, a diferencia de lo que sucede en el campo. En el 2017, el Índice de hacinamiento se ubicó en 17.1 por ciento. Este indicador cuantitativo expresa una rebaja de 4.5 puntos porcentuales.
Esto, a pesar que el sector privado constructor de viviendas lleva tres años con resultados negativos y el crédito para vivienda sigue contraído, según muestran los mismos números del Banco Central de Nicaragua.
La migración al exterior está incidiendo
El economista Alejandro Arauz explica que esos niveles de hacinamiento reducidos se deben al alto número de personas migrando y sobre todo desde el área rural hacia el exterior. En este sector, según el informe de Inide, la cantidad de personas habitando en una misma vivienda se redujo en 2.8 puntos porcentuales, porque pasó de 14.5 en 2019 a 11.7 el año pasado.
“El hacinamiento es menos en el sector rural porque la gente se está yendo del país y llegan los de la encuesta y preguntan: ¿Cuántos viven en esta casa? y ¿Cuántos vivían antes? —respondió— 20 personas. Pero nunca dicen por qué viven menos, entonces el Gobierno presenta el indicador como que tuvo una mejoría la ciudadanía, o como que han construido más viviendas o como si la gente tuvo los ahorros necesarios para ir construyendo sus propias viviendas, entonces es un enfoque distorsionado”, explicó el economista.
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El Inide expresa que el índice de vivienda inadecuada en la edificación de paredes exteriores, techo y piso disminuyó en 0.3 puntos porcentuales al pasar de 5.9 por ciento en 2019 a 5.6 por ciento en 2020. Señalan que en el área urbana estuvo la mejoría.
Por su parte, el economista y especialista en Desarrollo Económico Local, Cirilo Otero, considera que el Covid-19 vino a agravar la crisis humanitaria que padecían los nicaragüenses, por lo tanto creer en los indicadores que manifestó el Gobierno es enmascarar la realidad. “Los indicadores del 2020 nunca podrían ser mejores porque la pandemia terminó de aplastar nuestra economía y todavía nos cayeron los dos huracanes (Eta y Iota), y eso desmejoró a las familias, entonces no ha habido tendencia a mejorar “, sostuvo.
En cuanto a los niveles de hacinamiento, el sociólogo expone que los nicaragüenses no son monoparentales, sino pluriparentales, culturalmente hablando. “Eso significa que siempre en la casa hay un tío, un abuelo, la abuela, un primo y a veces viene gente del interior del país, de donde se tienen familiares y de pronto esas personas acaban quedándose en una misma casa. Eso es una tendencia fuerte en el país”, dijo.
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Cae la dependencia económica
En el 2020, el índice de dependencia económica se ubicó en 14 por ciento, un punto porcentual inferior a lo observado en el 2019, cuando fue de 15 por ciento, señala el Inide. Sin embargo, en 2017 ese indicador era de 12.4 por ciento. Este factor se refiere a calificar simultáneamente el nivel educativo del jefe del hogar, así como el acceso del empleo de sus miembros.
El año pasado, la dependencia económica fue mayor en el área urbana con un 14.6 por ciento versus 13.1 por ciento en el campo. Para entender la dependencia económica, Otero ejemplifica: “Si vos me permitieras comer en tu casa diario y además cuando me enfermase me pagás las medicinas, entonces eso es dependencia económica”.
Comparando los indicadores de dependencia económica del 2020 con los del 2017 se observa que la dependencia económica en el área urbana era de 13.4 por ciento, lo que significa 0.7 puntos porcentuales por debajo de la alcanzada el año pasado. Es decir que pese al galopante desempleo en Nicaragua, hay menos personas en el hogar que dependen de una ocupada en el mercado laboral.
“Me da la impresión que las remesas familiares están jugando un papel importantísimo, no solo en los indicadores macroeconómicos sino en la sobrevivencia de las unidades familiares. Este país es de alto costo y de bajos ingresos, o sea, aquí hay una disparidad porque el salario mínimo no sobrepasa los 7,000 córdobas y eso es menos del costo actual de la canasta básica que es de 15,036.72 córdobas para comprar 53 productos entre bienes y servicios, entonces una persona que gane esos 7,000 no compra una canasta, tienen que haber 2 o 3 personas en una casa para poder acceder a esa cesta, entonces es un drama”, manifestó Otero.
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Reconoce retroceso en acceso a educación
Algo que reconoce como punto en contra el Gobierno es el retroceso en el índice de baja educación para los niños entre las edades de 7 a 14 años que no asisten a clases de educación formal. Este indicador expresa que pasó de 9.5 por ciento en 2019 a 10.5 por ciento en 2020. Este aumento es principalmente atribuible al temor por el contagio del Covid-19, asegura el documento.
De hecho es en lo único que los números del gobierno de Daniel Ortega coinciden con la tendencia mundial. El Banco Mundial ya había advertido que la tasa de pobreza de aprendizaje en el 2020 iba a aumentar en América Latina y el Caribe a 62.5 por ciento desde 51 por ciento en el 2019. Esto iba a equivaler adicionalmente a 7.6 millones de niños en educación primaria con pobre aprendizaje.
“Esta es la peor crisis educativa jamás vista en la región y nos preocupa que podría tener consecuencias graves y duraderas para toda una generación, en especial entre los sectores más vulnerables”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, en un comunicado de prensa emitido el 21 de marzo de este año. “Los gobiernos deben actuar en forma urgente para recuperar el terreno perdido y aprovechar la oportunidad para mejorar los sistemas educativos aprovechando nuevas tecnologías”, manifestó.
En tanto, Arauz sostiene que la educación no ha mejorado en términos cualitativos. “Puede haber mejorado en términos cuantitativos referido al acceso porque tal vez han construido más escuelas y pagado a más profesores, pero el problema de educación sigue siendo cualitativo”. A juicio de este economista los problemas son visibles y continúan latentes.
“Este país no puede generar mano de obra calificada para atraer inversionistas que vengan y dispongan de altos rendimientos y de tecnología, siempre tienen que hacer inversiones pobres, pobres en el sentido del salario que pagan por el problema de la educación”, señaló el economista. Finalmente dijo que “hay una cantidad de falsedades desde el punto de vista de la interpretación de los indicadores que maneja el Gobierno”.
También el índice de servicios insuficientes a nivel nacional se redujo en 2.5 puntos porcentuales al ubicarse de 18.7 por ciento en 2019 a 16.2 por ciento en 2020. Dicho factor está referido a los hogares que no cuentan con una fuente adecuada de agua y de disposición de excretas.