Directiva de la Asamblea Nacional durante la lectura de la exposición de motivos de la iniciativa de reformas electorales promovida por el régimen. LA PRENSA/Captura de pantalla

AmCham: propuesta de reforma electoral no genera confianza

No obstante, este jueves, la Comisión Especial para Asuntos Electorales, está realizando consultas sobre la reforma electoral con delegados de partidos políticos.

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) considera que la propuesta de reforma a la Ley Electoral (Ley 331) presentada, el pasado lunes 12 de abril, por los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional, no aporta al proceso de reconstrucción de confianza en el país, debido a que dichos cambios no garantizan un proceso electoral cuyo resultado sea aceptado tanto local como internacionalmente.

A través de un comunicado divulgado este jueves 22 de abril, AmCham recuerda al gobierno de Daniel Ortega que sin un proceso electoral que propicie elecciones libres, justas, transparentes y observadas será muy difícil tener un ambiente apropiado para el desarrollo económico y social de los nicaragüenses.

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«Consideramos que Nicaragua, a través del proceso electoral que se aproxima, tiene una enorme oportunidad para recuperar la confianza en el país que no se debe desaprovechar», alerta. Por lo ello, «invitamos a los miembros de las Asamblea Nacional, especialmente a los de la Comisión Constitucional para Asuntos Electorales, a considerar los señalamientos sobre las reformas electorales hechos por distintas organizaciones políticas, tanto locales, como internacionales, entre ellas los expresados por la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre 2020, por la Unión Europa, entre otras», insiste AmCham.

La Cámara de Comercio Americana resaltó algunas de las recomendaciones hechas por los organismos internacionales, esenciales para recobrar la confianza de la ciudadanía en este proceso electoral: Reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) para garantizar su independencia y pluralidad, observación electoral nacional e internacional independiente, depuración del Padrón Electoral, eliminar mecanismos de inhibición a la participación en el proceso electoral y aplicar mecanismos de conteo transparente de los resultados electorales.

AmCham recomienda que estas propuestas de reforma sean consideradas antes que sean aprobadas, y antes de que el Estado convoque a las elecciones generales.

Este jueves, la Comisión Especial para Asuntos Electorales está realizando consultas sobre la reforma electoral con delegados de partidos políticos.

Unamos: Dictadura pretende legalizar condiciones para un nuevo fraude electoral 

Por otro lado, los miembros de la organización política Unamos (antes Movimiento Renovador Sandinista) preparó un cuadro comparativo del proyecto de reformas presentado por el oficialismo, con la Ley Electoral vigente, como una contribución para la comprensión del alcance total de las intenciones del régimen Ortega Murillo.

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Al igual que otras organizaciones y partidos políticos de oposición, señalan que esta propuesta de reforma electoral no aborda los elementos demandados por la sociedad civil nicaragüense y la comunidad internacional para garantizar elecciones libres y competitivas; al contrario, agregan que mediante esa reforma la dictadura pretende legalizar más condiciones para el fraude electoral: inhibiendo candidaturas y fuerzas políticas que no sean de su agrado, con acusaciones de traición a la patria a quienes han participado de las protestas y, demandado libertad y justicia en la lucha contra la dictadura.

El cuadro comparativo sobre el proyecto de reformas presentado por el oficialismo, con la Ley Electoral vigente, puede ser descargado en el sitio web de Unamos: unamosnic.org

Cuadro comparativo del proyecto de reformas electorales y la ley vigente

La organización política también denuncia que la reforma del oficialismo ha eliminado y cerrado las puertas a una real observación electoral, dejándoles al nivel de “acompañantes”. Tratando de asfixiar económicamente a la oposición, prohibiendo que reciban cualquier donación de nicaragüenses en el exterior, incluso prohibiendo las colectas populares. Además, amplía la represión y las restricciones a la libre movilización, entregando a la Policía poder total sobre la autorización de actividades de campaña y eliminando las garantías de seguridad para las fuerzas políticas.

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Asimismo, «ha eliminado la obligación del Consejo Supremo Electoral de realizar la depuración del padrón electoral, de normarlo y establecer la manera en que deberá realizarse y manteniendo el control del régimen sobre las estructuras electorales municipales y departamentales. El partido en el poder se reserva las presidencias de las JRV y el control de uno de sus miembros mediante la participación de sus grupos aliados», señala Unamos, entre otras irregularidades.

La organización política insiste en que solo las elecciones limpias, transparentes, competitivas, justas y observadas pueden llevar a Nicaragua al final de la crisis política. «Seguimos luchando para que esa opción se abra para los nicaragüenses, junto a la libertad de las presas y presos políticos y el pleno restablecimiento de nuestras libertades ciudadanas», afirman.

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