Al igual que el 2020, este 2021 implicó cambios en la educación en Nicaragua como el cambio de modalidades, la reducción de horarios de clases, clases en línea, entre otros, sin embargo en los colegios privados, aunque no reciben a los alumnos con la misma regularidad, no han contemplado la disminución de los aranceles como parte de las medidas por la pandemia de Covid-19. Sin embargo para los especialistas, el problema trasciende del tema de los aranceles.
La pandemia ha ocasionado evidentes problemas en las economías familiares, y si bien la educación de los niños y niñas es importante, ha significado un reto desde distintos puntos de vista, como apoyar la labor del maestro desde casa, la supervisión de las clases en línea o la realización de guías de estudio semanales.
Estas situaciones llevaron a los padres a plantearse el “¿Por qué no se reduce la mensualidad si nosotros también atendemos a los niños en casa?”. LA PRENSA, consultó con padres de familia que matricularon a sus hijos en distintos colegios privados de la capital y en la mayoría de los casos, los aranceles continúan siendo los mismos, incluso, en uno de los casos en 2021 el arancel tuvo un pequeño aumento.
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“Pagaba 1,900 córdobas y este año dos mil”, dijo uno de los consultados quien pidió el anonimato y no mencionar su nombre o colegio donde estudia su hijo. Asimismo, refirió que además, en su caso, se hicieron cobros de biblioteca y renovación en tecnología, “los padres reclamaron porque solo van dos días a clases presenciales”, agregó, pues en este caso los alumnos asisten dos días a la semana y los otros tres reciben clases en línea desde sus casas.
A pesar de que algunas familias nicaragüenses se hacen esta interrogante, expertos en educación expresan que este no debería ser un reclamo dirigido a los centros de educación y maestros, sino al gobierno que debería ser quien garantice la educación de calidad.
“No me parece a mí que sean los maestros quienes subvencionen ese trabajo, porque si se disminuyen los aranceles inmediatamente lo que va a pasar es que a los maestros les van a pagar menos, en todo caso, las necesidades de las familias nicaragüenses deberían ser una demanda al estado, es el estado que debería subvencionar, el estado de Nicaragua no hecho absolutamente nada por apoyar a las familias en estas crisis”, expresa Josefina Vijil, especialista en educación.
Asimismo, Alex Bonilla, investigador y especialista en educación, explica que aunque hay una aparente reducción de costos, por la reducción de horas de clases, los centros igual necesitan realizar pagos de servicios básicos y su planilla para continuar con la educación remota.
“Basado en experiencias que me comentan algunos maestros, es que de los centros privados aunque han reducido la carga de horario de atención a los estudiantes, han tratado de mantener al personal docente y eso es la principal demanda de ingresos que tiene los centros”, explica Bonilla.
Además Bonilla agrega que “hay centros que en este país, cobran hasta mil dólares por estudiante, pero hay escuelitas privadas donde los padres pagan 200 pesos, entonces la situación se complejiza porque tienen que ver con gestión administrativa, con el tamaño del centro privado en términos de planta docente, en términos de costos, de servicios básicos.”.
Gobierno debe tener sistema de emergencia educativa
Además del golpe económico que trae consigo la pandemia, ha traído cambios en el ejercicio de todas las profesiones, en el caso de los maestros, han tenido que esforzarse más en la planificación de las clases, hacer una transposición didáctica, adecuarse a una plataforma distinta y tratar que niños, niñas, adolescentes y jóvenes se interese y evaluar en una modalidad distinta.
Es por esto que expertos en educación además de exigir al gobierno que garantice una educación de calidad en Nicaragua, opinan que deben en primer lugar reformar la Ley General de Educación que es ya obsoleta.
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“La ley general de educación establece como obligatorio solo siete años de escolaridad, cuando la legislación de casi todos los países de América Latina, establece doce años de escolaridad obligatoria que es el umbral educativo mínimo para salir y mantenerse fuera de la línea de la pobreza según lo estableció la CELPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)”, expresa Vijil.
En segundo lugar, considera que debe existir un sistema de emergencia educativa, “de aquí en adelante con la pandemia, debería haber un sistema de emergencia, y debería de haber la formación de los maestros para pasar de un sistema a otro que no es simplemente pasar en línea, porque estamos hablando de la educación remota en emergencia, es decir estamos hablando que no necesariamente las familias del campo, de los lugares más recónditos, tienen acceso a un equipo y a internet, entonces educación remota es el uso adecuado de la radio, de la televisión como hacen en otros países”, explica la especialista en educación.
Si bien no se cuentan con acceso a datos oficiales, los especialistas señalan que maestros y maestras del territorio nacional expresan que desde el inicio de la pandemia en 2020, ha habido un descenso en la matricula, por ejemplo, en junio del año pasado, más del 50 por ciento de niños y niñas no estaban asistiendo a clases.
