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CONTENIDO EXCLUSIVO.El paquete de reforma a la Ley Electoral que el régimen de Daniel Ortega “cocina” con la Asamblea Nacional —donde mantiene el control absoluto de este poder del Estado— no cumple ninguna de las recomendaciones que la Organización de Estados Americanos (OEA) planteó al Gobierno y para lo cual dio un plazo que vence el próximo mes, según un análisis realizado por LA PRENSA, que compara lo que pidió el organismo con lo que ofrece la dictadura. Tampoco cumple las expectativas del Grupo Pro Reformas Electorales.
La OEA emitió su resolución en octubre pasado, la que contempla siete puntos esenciales para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y competitivas en noviembre.
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Sin embargo, cuáles son esos cambios que recomendó la OEA y que estableció como fecha límite mayo de 2021 para que fueran implementados. Cuáles son los cambios necesarios a la Ley Electoral del GPRE y qué es lo que ofrece Ortega. El tiempo se está agotando.
Lo que pide la OEA
1-La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable.
2-Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto a nuevos partidos políticos.
3-Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votaciones.
4-Una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.
5-Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de identificación y la gestión de centros de votación.
6-Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real.
7-Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos.
Lo que propone el Grupo Pro Reforma
Consenso Nacional sobre Reformas Electorales:
1-Fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral (CSE).
2-Despartidizar y ciudadanizar el nombramiento de integrantes de los órganos electorales CED, CEM, CER, JRV.
3-Observación electoral nacional e internacional irrestricta.
4-Auditoría y depuración de un Padrón Electoral único que sea del conocimiento público.
5-Asegurar el cumplimiento del proceso de cedulación de acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral y la Ley de Identidad Ciudadana.
6-Fiscalización total y efectiva.
7-Publicar en tiempo real en la web del CSE el 100 por ciento de las actas escrutadas en la JRV asignadas en cada Centro de Votación.
8-Establecimientos de recursos legales. (Que se permita que los partidos puedan interponer recursos legales contra decisiones o resoluciones del CSE; para ello, ordenan crear una tribunal especializado).
9-Asegurar la transparencia.
10-Apertura, flexibilización y garantía para la participación de los partidos políticos.
11-Garantizar la implementación del derecho al voto de las y los nicaragüenses en el exterior.
12-Autonomía de las alianzas electorales.
Lo que ofrece el Gobierno
1-Que los diputados sandinistas y sus aliados en el Asamblea Nacional propongan solo a sus allegados como candidatos a magistrados para el CSE.
2-Inhibe la participación de opositores a cargos de elección señalados en el artículo No. 1 de la Ley Electoral, amparándose en la Ley de Agentes Extranjeros y en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y al Autodeterminación para la Paz.
3-Los partidos políticos, alianzas de partidos o cualquiera de sus candidatos y candidatas no podrán recibir donaciones de entidades públicas y privadas del exterior, tampoco de nicaragüenses que residen en el exterior. Ni contribuciones privadas anónimas para sus campañas políticas.
4-En las próximas elecciones nacionales se permitirá que cualquier persona estando en lista de cedulados y no se encuentre en el Padrón Electoral de la respectiva JRV, podrá solicitar de manera inmediata su inclusión presentando su cédula para ejercer su voto.
5-Faculta a la Policía que, en coordinación con el CSE, autorice y coordine las actividades sobre campaña electoral.
6-Acompañamiento electoral. No especifica si será internacional e independiente.
7-Sanciones a quienes hagan transfuguismo político. Entre otros puntos.
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A juicio de José Dávila Membreño, exembajador de Nicaragua y director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), lo que la propuesta de reforma electoral del régimen ha demostrado hasta el momento es el temor que tiene Daniel Ortega a someterse al escrutinio popular, al sufragio universal, a una consulta a través de elecciones libres, ya que “con esa reforma retrocedió las reglas electorales haciendo más difíciles las elecciones”.
Además, agregó que con esta propuesta Ortega está desafiando a la comunidad internacional y que a simple vista “es un golpe a la esperanza que tenemos los nicaragüenses para salir de esta crisis, porque está cerrando más espacio para unas elecciones libres, lo que tiene que ver con el futuro de Nicaragua, con las perspectivas de tener un país en democracia, en paz y justicia”.
¿En qué le incumple Ortega a la OEA?
“Prácticamente lo de la OEA son siete propuestas básicas para un proceso electoral transparente y según estándares internacionales y no se cumplió. Te doy ejemplos: El tema de la depuración o la limpieza del Padrón Electoral no se da en esa propuesta, al revés, ahora enredan más la cosa porque no solo integran el padrón pasivo a ponerlo en padrón activo, sino es que es la lista de votantes y no está al día, eso es un gravísimo error y la OEA lo pidió”, señaló Dávila.
“No hablan de la estructura nueva de la magistratura y de las autoridades electorales, no hablan de hacer un conteo honesto y en tiempo real. No hablan de la observación electoral internacional, sino que vuelven a hablar de acompañamientos de alguna manera aún más disimulada”, apuntó el exdiplomático.
“En fin, las cosas básicas que se necesitaban, el ejercicio de las libertades públicas que tuviera el pluralismo en función, que los partidos puedan hacer sus campañas. Todo eso que pide la OEA no aparece, de tal forma que esto además de ser inaudito, es una burla y está desafiando a la comunidad internacional y al mismo pueblo, que lo que quiere es pacíficamente el derecho de poder elegir sin coacción ni violencia a sus autoridades, que está garantizado en la Constitución, en tratados internacionales, es un derecho humano escoger a las autoridades”, agregó.
Reformas inauditas
Dávila calificó también como inauditas la reforma del régimen. “Podemos decir algunos ejemplos: la hacen más policiales, porque pasan a la Policía que autorice o no los eventos en una campaña electoral, prohíben manifestaciones a la sociedad civil porque dicen que solo los partidos van a poder hacer, y probablemente si lo hace un partido hasta lo podrían sancionar, dependiendo del tipo de protesta cívica que haga”, advirtió.
“Prácticamente, premia a los partidos zancudos, partidos nuevos que podrían incluso salir porque hay tiempo hasta mayo para crear papelería jurídica. Y ya no digamos el tema de las inhibiciones, el tema de las amenazas. Así que sencillamente estas reformas son inauditas. En realidad, no podría decir qué está pensando esta dictadura”, añadió Dávila.
¿Podrá la dictadura discutir verdaderamente la aprobación de su reforma?
Por su parte, el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez considera que todavía no hay que dar por hecho la aprobación de esta reforma. Recomienda esperar para ver cómo termina el procedimiento, tanto de magistrados del CSE como de la discusión para la aprobación de la reforma electoral.
Si es que este procedimiento de disminución y aprobación va a ser amplio, inclusivo, si va a requerir de consultas; no las consultas que el oficialismo está acostumbrado hacer con su propia bancada, organismos gubernamentales o asociaciones afines al régimen, señaló Álvarez.
“Habría que esperar si efectivamente va a permitir introducir a través de los diputados y a acoger las propuestas que, por ejemplo, el GPRE ha hecho, que también esas propuestas han sido acogidas por la mayoría de los autores políticos y la OEA”, expresó el abogado.
El GPRE es una entidad que está compuesta por abogados constitucionalistas, politólogos y expertos en temas electorales, que actúan como mediadores del proceso de consenso alrededor de todas las propuestas de reformas electorales.
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La OEA advirtió también a la dictadura declarar a su régimen ilegítimo, si este no daba acceso a un proceso de elecciones democráticas, que fueran libres, justas y transparentes. Por ello, “el hecho de que se introduzca esta ley así y que no cumpla con las expectativas de la mayoría de los nicaragüenses no significa que (el régimen) no lo puedan presentar como avance por parte de ellos ante la comunidad internacional. Aunque nosotros sabemos que realmente es más que una manipulación, es más que una medida hábil de ellos, pero que no está creando realmente las condiciones favorables para un verdadero proceso democrático electoral”, señaló Álvarez.
Por lo tanto, “una vez se terminen de aprobar las reformas y que se nombre el CSE, efectivamente habrá que estar muy atentos analizando con lupa, de manera más minuciosa, cómo se va implementando el proceso electoral, para ver si de verdad van a cumplir con los estándares mínimos de calidad democrática de los procesos electorales”, alertó el experto.
Aunque lo que no se puede negar es que dependiendo de la fuerza de la oposición, de la coherencia de sus propuestas, de la estrategia unitaria, sólida, realista, se puede marcar el inicio para conquistar mejores condiciones electorales, insistió. “Será ese transcurso en práctica o pospuesta en práctica, en la implementación de la ley que finalmente termínese aprobando que se va a ver si va a ser positivo el proceso electoral en Nicaragua o no”, señaló Álvarez.
Al contrario, Dávila asegura que no ve a la dictadura cambiando esa reforma hacia las demandas del pueblo y la comunidad internacional. “Si las aprueban, que es lo más seguro, prácticamente (la dictadura) está cerrando la posibilidad de las elecciones como salida a la grave crisis del país y poniendo a Nicaragua en una posición grave de crisis, que crearía mucha incertidumbre a nivel internacional sobre el desarrollo político y sencillamente estaría poniendo en duda no solo la democracia futura que queremos, sino la viabilidad misma del país”, dijo.
La OEA evaluará reforma del régimen
Estas reformas son un duro golpe institucional al desarrollo del país, mencionó el exdiplomático. “La OEA ha dado a finales de mayo el chance para pronunciarse y que la comunidad internacional vea si aquí va a haber la posibilidad de unas elecciones aceptables, libres, o por lo menos con lo mínimo de estándares internacionales”. Entonces “al no hacerlas, nosotros esperamos que la comunidad internacional se convenza, una vez más, de la calidad dictatorial de este régimen y de nuevo insista en que esas no son las reformas que se necesitan, sino que deben ser unas aceptables para favorecer un proceso electoral libre”, manifestó Dávila.
En ese sentido, el último viernes un grupo de congresistas de Estados Unidos criticó negativamente la reforma a la Ley Electoral del régimen, y alertó a la comunidad internacional estar “unificada al afirmar que la inhabilitación de cualquier candidato de la oposición por parte de Ortega y sus cómplices, restringe la participación de los partidos de oposición”.
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Los congresistas también dejaron en claro que no se hacen ilusiones de que Daniel Ortega cambie sus caminos, por lo que Estados Unidos debe hacer todo lo posible para garantizar elecciones libres, justas, multipartidistas y observadas internacionalmente en Nicaragua. “Como miembros del Congreso trabajaremos para garantizar que se utilicen todas las herramientas del gobierno de los EE. UU. para promover ese esfuerzo”, expresaron en un comunicado.
“La comunidad internacional tendría que reclamar fuertemente al régimen de que los está engañando y que está engañando al pueblo de Nicaragua. Y aquí lo que vamos a hacer (la oposición) es seguir en la lucha, porque estamos a favor de la democracia, de la libertad, de la justicia y con mayores dificultades, pero este pueblo no se va a rendir”, afirmó Dávila.