Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron la sentencia condenatoria para el preso político, Jaime de Jesús Romero Carrión, de 29 años, a pesar de las irregularidades en el proceso, planteadas por el abogado defensor Julio Montenegro.
Con esta decisión los magistrados orteguistas condenan a Romero Carrión a cumplir 14 años y un mes de cárcel y a pagar más de 800 días multas, por los supuestos delitos de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y portación de armas. En la misma sintonía se pronunciaron anteriormente el juez de primera instancia judicial y los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Montenegro recibió la notificación sobre la decisión de los magistrados este martes 13 de abril, pero el pasado 15 de febrero de este año denunció que éstos decidieron no realizar la audiencia oral de casación al reo político y se limitaron a recibir las posiciones de las partes por escrito, violando el principio legal de la oralidad.
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El joven fue capturado el pasado 11 de noviembre en su casa de habitación, en Sabana Grande, por policías y paramilitares del régimen.
Tres esperan condenas
Romero es soltero, sin hijos y antes de su detención era trabajador independiente. Doña Mireya Carrión, madre del reo de conciencia. El reo de conciencia era uno de los cuatro presos políticos que ya habían enfrentado la audiencia de casación y que estaban a la espera de la decisión de los magistrados orteguistas de la CSJ.
Ahora los presos políticos Bernardo José Ramos y Denis García están a la espera de la voluntad de los magistrados del Poder Judicial. Ellos fueron acusados de portar dos tacos de cocaína, que posteriormente se “convirtieron” en dos tacos de dinamita. También, está a la espera de la sentencia el reo de conciencia, Edward Lacayo Rodríguez, conocido como “La Loba Feroz de Masaya”, quién fue condenado el 16 de agosto de 2019 a una pena de 15 años de prisión y una multa de 49,912 córdobas por presunto tráfico de drogas, por la la juez orteguista Aracely Rubí, titular del Juzgado Sexto de Distrito Penal de Juicio de Managua.
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Ahora la libertad de los tres presos políticos está en manos de los magistrados de la CSJ, poder del Estado que se ha caracterizado por ser una instancia afín al Ejecutivo.
El recurso de casación es el instrumento legal que tienen los abogados para solicitar al máximo tribunal de justicia, en Nicaragua la Corte Suprema de Justicia, para que revise fallos del juez de primera instancia y de los magistrados de los tribunales de apelaciones, cuando consideran que se han violado los derechos y garantías de los condenados.