La presa política Julia Cristina Hernández, de 30 años de edad, originaria de la ciudad de Masaya, fue condenada a 18 años de prisión y a una multa superior a los 50 mil córdobas, por parte de la juez orteguista Irma Oralia Laguna, titular del Juzgado Primero Distrito Penal de Juicio de Managua, por supuestamente haber cometido los delitos de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y uso de armas restringidas y explosivos, aseguró el abogado Julio Montenegro, a través de la red social Twitter.
“Señalar algunas situaciones características de este proceso donde por ejemplo los actos de investigación de la Policía, entre ellos un acta de allanamiento y registro, tienen la fecha del 20 de diciembre del año 2020 cuando la detención de ellos y el allanamiento que se dio fue el 7 de enero del 2021; así mismo hay otro acto de investigación que tiene que ver con la ocupación de sustancia ilícita, casi 8 mil gramos de marihuana cuya fecha es el día 7 de enero del año 2020, es decir un año antes, esto refleja la falta de cadena de custodia”, cuestionó Montenegro .
La presa política es madre de un menor de edad y fue detenida el pasado 7 de enero de este año en su casa de habitación, ubicada en la comunidad El Jocote, a eso de las 5:30 a.m. En ese momento los oficiales de la Policía negaban las visitas a la reo de conciencia, por lo que su esposo Eduardo Morales no podía verla. Sin embargo, este fue detenido en los días siguientes, procesado por los mismos delitos que a su esposa y condenado a la misma pena.
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Ha recibido maltrato
A través de su abogado, Hernández ha denunciado que en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) ha recibido maltrato y que no le han brindado atención médica, ya que presenta problemas en la columna. El defensor recibió este martes 13 de abril la notificación judicial relacionada con la condena de la pareja.
La familia de Julia Cristina ha dicho públicamente que la joven no fue parte de las protestas sociales en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aseguraron que su único pecado fue haber puesto a disposición de autoconvocados el servicio cobrado de una moto que tenía para trasladarlos, lo que fue motivo para que la señalaran de “tranquera y golpista».
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Hernández ya había sido retenida ilegalmente por la Policía el pasado 30 de noviembre del 2019, pero dejada en libertad al siguiente mes.
