“Garantizar que en todo el mundo se dé prioridad a los trabajadores sanitarios y asistenciales para recibir la vacuna contra la Covid-19 en los primeros 100 días de 2021” es el objetivo de la campaña promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) este año, sin embargo el pasado 10 de abril se cumplió este plazo y en Nicaragua no se ha iniciado la vacunación del personal sanitario.
A poco más de un mes del inicio de la jornada de inmunización en el país, el personal de salud en Nicaragua no ha sido priorizado en la primera fases de vacunación como lo recomendó la OMS desde inicios de año, y que ha resaltado en su actual campaña: Vacunar a los trabajadores de la salud «es lo correcto e inteligente».
Médicos organizados a través de asociaciones médicas están demandando ser incluidos lo antes posible, y coinciden con lo planteado por el organismo de salud: que ellos tengan medidas de protección para gozar de buena salud física y mental, es fundamental para la atención de calidad de la población.
“Nunca es tarde para darle un giro al plan que en este momento se tiene”, expresó la doctora Josefina Bonilla, salubrista, presidenta de la Asociación Médica Nicaragüense y miembro del Comité Científico Multidisciplinario (CCM), en su conferencia de prensa el pasado 9 de abril.
La Asociación Médica Nicaragüense expresó en un comunicado en el marco del Día Mundial de la Salud, que “exhortamos nuevamente al Gobierno que priorice la vacunación anticovid-19 a los trabajadores de la salud y que unidos ayudemos a construir un mundo más justo y saludable”.
“Los médicos y el personal de salud en general están expuestos directamente en los servicios de salud, al coronavirus. La vacunación del personal de salud debe priorizarse porque presentan mayor riesgo de contraer la Covid-19 y mayor riesgo de sufrir complicaciones o morir”, expuso la doctora Bonilla en conversación con LA PRENSA.
Régimen ha violado derechos del personal sanitario
Carlos Guadamuz, defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, asegura que para el personal de salud la vacunación no es cuestión de opción o de una alternativa, sino que es una herramienta de su seguridad ocupacional.
“Es un elemento de su derecho a laborar en condiciones que le garanticen su salud y su vida, tomando en consideración que ellos son quienes protegen, que dan su servicio a las demás personas que lo necesitan en este contexto del Covid-19”, dijo Guadamuz.
“Es un deber del Estado suministrarle todos los equipos necesarios para disminuir todos los riesgos que la atención en salud que ellos ejercen les vaya a derivar un perjuicio en su salud”, agregó.
Con respecto a los derechos que deben garantizarse al personal de salud la doctora Bonilla expresó: “Los recursos humanos en salud suelen estar sometidos a condiciones intensas y complejas de trabajo, y se ponen a riesgo para poder ayudar a otros en la respuesta contra la Covid-19. Los médicos y el personal de salud tienen derecho a conservar su vida y gozar de salud, así como contar con un ambiente y recursos adecuados para desempeñar sus labores”.
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Por lo tanto, al no garantizar la vacunación del personal de salud en las primeras etapas, el régimen está violentando los derechos del personal de salud establecidos en el amplio marco regulatorio en el que se incluye la Constitución Política de Nicaragua, la Ley General de Salud y la Ley de Carrera Sanitaria, esta última en su artículo 11 expresa que el personal de salud tiene derecho a “prestar sus servicios en condiciones de higiene y seguridad ocupacional del trabajo adecuadas, que le garanticen la integridad física, su salud…»
“Los médicos y el personal de salud están expuestos a riesgos ocupacionales en mayor grado por la pandemia y es obligación del Estado nicaragüense protegerles. En el ámbito privado, los empleadores, deben demandar que las autoridades sanitarias provean de pruebas de laboratorio y vacunas, para así poder dar cobertura a su propio personal y a sus pacientes, y dotación básica de recursos para realizar sus funciones”, aseguró la salubrista.
Estadísticas a conveniencia
Según datos del año 2015 (lo últimos publicados), el Ministerio de Salud (Minsa) contaba con una fuerza laboral de 32,122 personas, de las cuales 5,794 son médicos. Es decir la proporción sería de 9 médicos por cada 10 mil habitantes en el país, datos presentados como limitaciones del sistema de salud ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la finalidad de obtener el préstamo de 43 millones de dólares para atención del Covid-19.
Esos mismos datos usados por el Gobierno reflejan la importancia de la priorización al personal de salud, pues ya teniendo un déficit como este, con la llegada de la pandemia al país hace poco más de un año –el 18 de marzo de 2020—, esta realidad se agudiza. Datos del Observatorio Ciudadano Covid-19 revelan que al menos 120 trabajadores de la salud fallecieron por causa sospechosa de Covid-19, siendo el último reportado en la semana del 25 de marzo al 7 de abril. El mayor porcentaje de los fallecidos son médicos (48 %).
El régimen ha evitado referirse a las bajas médicas en el personal de salud, a pesar de las denuncias de colectivos y familiares, por el contrario ha exaltado únicamente el trabajo de los médicos del sector público que muestran respaldo a la administración de Ortega, menospreciando la realidad del colectivo que demandó desde el equipo de protección personal requerido, información transparente y científica para ayudar al buen manejo de la pandemia en el país, hasta las condiciones laborales y la denuncia de despidos, contagios y muertes en este contexto.
Impacto en la atención a la ciudadanía
Tanto Guadamuz como la doctora Bonilla aseguran que la falta de interés por la protección del personal de salud puede tener repercusiones para la población que requiere de los servicios médicos.
“El servicio que pueda dar un médico, el personal sanitario a un usuario, si está en condiciones de salario, condiciones de seguridad social, condiciones de seguridad ocupacional, en condiciones de salud física, de salud mental, evidentemente se traduce en un mejor servicio, como lo establece la Ley de Carrera Sanitaria”, dijo el defensor de derechos humanos. Por lo tanto no se puede garantizar un buen servicio de salud si el personal no tiene las condiciones necesarias.
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Asimismo la doctora Bonilla expresó que al estar expuestos al virus, hay una posibilidad de que el médico que no cuente con la protección adecuada contraiga el virus, pueda además propagarlo y afectar el funcionamiento del sistema de salud.
“El contagio de médicos y personal de salud causa un desequilibrio en los recursos humanos listos para atender a la población y puede trastornar el funcionamiento del sistema de salud. Los médicos y el personal sanitario son esenciales para las comunidades y mantienen los servicios de salud en funcionamiento”, dijo la doctora Bonilla.
Vacunar al personal de salud es «lo correcto e inteligente»
La OMS declaró este 2021 como el Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales y lanzó una campaña con el lema Proteger. Invertir. Juntos, la cual invita a los estados a firmar una declaratoria sobre equidad en la aplicación de las vacunas contra el Covid-19.
El mensaje de la campaña es “que se invierta más en la formación y el empleo de los trabajadores sanitarios y asistenciales. Significa una visión compartida para invertir en las personas como base a la ‘Salud para todos’. Juntos, los miembros de la comunidad mundial tienen la oportunidad de hacer realidad esta visión”, plantean el sitio web de la Organización Mundial de la Salud.
“Es necesario que el Ministerio de Salud y otras instituciones gubernamentales interconectadas, así como los servicios de salud privados, apliquen las herramientas técnicas de OMS y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, dijo la doctora Bonilla sobre las recomendaciones de la OMS en su campaña.
