El Gobierno consiguió el año pasado 829.5 millones de dólares en desembolsos externos, lo que significó un incremento de 57 por ciento con relación a lo que obtuvo en el 2019, cuando recibió 528.4 millones de dólares, según el informe de cierre de deuda externa divulgado por el Banco Central de Nicaragua. Además la deuda pública total (interna y externa) en ese año cerró en 8,178.9 millones de dólares, 14.2 por ciento más que en el 2019, impulsada principalmente por contrataciones en el exterior.
La llegada de más dinero desde el exterior se debió a préstamos para ejecutar proyectos de reactivación económica, dar respuesta a la crisis sanitaria del Covid-19 y en parte para proyectos de reconstrucción debido a los huracanes Iota y Eta, los que se habrían contratado en el último tramo del año cuando ambos ciclones golpearon en noviembre de manera consecutiva. Solo la deuda externa pública aumentó 10.8 por ciento.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) continuó siendo el principal soporte financiero del Gobierno, desde donde obtuvo el 38.8 por ciento de los recursos externos que se desembolsaron; seguido del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También sigue teniendo un importante peso el Banco Mundial (BM). En su conjunto las multilaterales aportaron 787.5 millones de dólares y el restante de acreedores bilaterales.
En paralelo, el sector público también logró contratación por 336.4 millones de dólares a nivel interno, cuyo endeudamiento recayó principalmente sobre el Banco Central de Nicaragua a través de emisiones bursátiles; y el gobierno central contrató 38 millones de dólares de ese total.
De esta manera, de los 8,178.9 millones de dólares que suman la deuda pública del país, el 85.1 por ciento es con acreedores externos (6,956.8 millones) y el 14.9 por ciento restante es deuda interna (1,222 millones), según muestra el reporte del Banco Central de Nicaragua.
En ese contexto y tomando en cuenta que la economía acumuló tres años de contracción económica, ¿sigue siendo sostenible la deuda pública de Nicaragua? ¿Cómo afecta que se contrate deuda y la economía no crezca?
A criterio del economista Welbin Romero, “en Nicaragua la deuda pública extranjera aún no es un problema, tampoco endeudarse, siempre y cuando la deuda sea utilizada eficientemente en ampliar la producción exportadora para luego poder pagar. Si se convierte en una tendencia sostenida y se utiliza en consumo, entonces podría constituirse en un problema”.
Esto último no sería el caso. Según el reporte del Banco Central de Nicaragua, “los desembolsos permitieron financiar la ejecución de proyectos del programa de inversión pública, siendo destinados principalmente a los sectores económicos construcción (39.5 por ciento) y administración pública (28.2 por ciento)”. También el 19.4 por ciento se destinó para electricidad, gas y agua, así como 10.7 por ciento para servicios sociales, salud y educación, entre otros.
Pero el economista Óscar René Vargas expone que el hecho de que la deuda externa pública haya aumentado en 10.8 por ciento y el PIB haya disminuido, según el Gobierno, en dos por ciento, significa que el endeudamiento ha sido el factor principal para que la contracción del PIB no haya sido mayor.
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Vargas difiere de Romero en que la deuda externa pública de Nicaragua sea sostenible. “Dada la caída del PIB, el país no tendrá capacidad de pago de la deuda externa, al mismo tiempo, le faltan inversiones públicas que permitan el crecimiento económico. Por lo tanto, tendrá que solicitar más préstamos para pagar el vencimiento de la deuda externa anterior. Hemos entrado en un círculo vicioso negativo para el crecimiento del país. ¿Se verá al país declararse que no tiene capacidad de pago?”, pronunció.
Cabe mencionar, no obstante, que hasta ahora los organismos financieros internacionales no han expresado alguna inquietud por la sostenibilidad de la deuda pública. Además a nivel mundial hubo preocupación general debido al rápido endeudamiento de las economías para hacer frente a la pandemia, que paralizó las actividades económicas, aumentó el desempleo y deterioró los salarios. Los gobiernos, con excepción el de Nicaragua, se vieron obligados a diseñar programas de ayuda a las familias para confinarlas para intentar frenar la expansión del virus. Ya se habla de programas de alivio de deuda para países empobrecidos y que se endeudaron.
En Nicaragua no ocurrió eso, sino más bien el Gobierno tardó meses para presentar solicitudes de financiamiento ante los organismos internacionales y no impulsó programas de asistencias para los que perdieron sus empleos ni confinó a la ciudadanía. Aun así el Ejecutivo ha buscado recursos para reactivar la economía.
Los riesgos
El economista Marco Aurelio Peña considera que el endeudamiento tiene sentido si y solo si serviría para reanimar los niveles de inversión, en aras de un eventual proceso de reactivación económica, que implique el incremento de los niveles de producción y, por supuesto, la creación de bienes de capital de cara al consumo futuro; pero si solo se está apostando al endeudamiento para sostenerse como Gobierno, esas no son buenas noticias para la economía nicaragüense.
“Es posible también que el Gobierno esté utilizando el dinero para cubrir huecos financieros, porque la reforma tributaria de 2019 no incentiva la producción nacional, al no haber sido promulgada con base en una negociación multisectorial y porque aumentó tasas impositivas durante el ciclo económico y hemos estado en tres años de crisis. Por otro lado, la reforma a la seguridad social solamente oxigenó a la institución entre nueve y 12 meses, pero sigue necesitando 300 millones de dólares al año”, declaró a LA PRENSA.
A este economista le preocupa que leyes impuestas a Nicaragua de parte de Estados Unidos, vengan a dañar más la imagen país, haciendo referencia al proyecto de Ley Renacer. “La recuperación va a tener sentido cuando se restablezca y se reanime la dinámica inversionista, es decir, no es el Gobierno en sí, sino la inversión cuando haya condiciones, y eso depende de las expectativas de cada individuo y de la estabilidad política producto de procesos electorales este año”, dijo.
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La deuda externa pública de Nicaragua de casi 7,000 millones de dólares significa que el 60 por ciento del Producto Interno Bruto de Nicaragua equivale al nivel de endeudamiento del país, a título del economista José Vélez Morgan. El problema, observa, es que si la economía no crece, la recaudación de impuestos será baja y se enfrentará problemas para cumplir con sus obligaciones de crédito.
“Nicaragua será el único país que, según datos del Banco Mundial (BM), no va a crecer en Centroamérica económicamente, entonces al no crecer el PIB, nuestra capacidad de pago de la deuda estaría en conflicto”, sostuvo. El Banco Mundial estimó el lunes reciente para Nicaragua una expansión de apenas 0.9 por ciento, la más baja de la región, y para el 2022 cree que será de 1.2 por ciento, tasas lejos del cinco por ciento observadas antes del 2018.
Se están pagando más rápido las deudas
Además, Vélez advierte sobre el aceleramiento en el pago de deuda pública externa. El año pasado el sector público en servicio de deuda abonó 352.9 millones de dólares, de los cuales 236.5 millones correspondieron a pago de principal y 116.4 millones a intereses y comisiones. En el 2019 se pagó 329.1 millones de dólares, un nivel que también siguió en aumento si se compara, por ejemplo, con 2017, cuando se pagaba 188.7 millones de dólares.
“Esto indica que nosotros pagamos un millón de dólares diarios, sea para el principal o sea para intereses, entonces eso es un gasto que merma la capacidad de poder invertir en salud, educación y muchos rubros que son esenciales”, refiere Vélez. Es realmente difícil disponer de un millón de dólares diarios para cumplirles a los organismos multilaterales con los pagos, si la economía no logra crecer, dijo.
Recordó que el FMI ya hizo una advertencia ante las dificultades serias en la Balanza de Pagos de Nicaragua. “El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy la solicitud de Nicaragua de asistencia financiera de emergencia por un monto total de aproximadamente 185,32 millones de dólares para ayudar a Nicaragua a satisfacer las necesidades urgentes de balanza de pagos derivadas de la pandemia de Covid-19”, anunció en noviembre de 2020 ese órgano a través de un comunicado.
Vélez señala que cuando el FMI dijo que hay “necesidad urgente de Balanza de Pagos”, es una alerta de ese millón de dólares al día que se deben estar pagando a los acreedores. “El problema no es la deuda del 60 por ciento del PIB, sino la poca capacidad de crecimiento que tenemos”, señaló.
Y a manera de ejemplo dijo: ” Es como cuando vos decís que alguien debe 3,000 dólares al banco, pero gana 8,000 dólares mensuales, entonces ahí todo el mundo está tranquilo; pero cuando pierde su fuente de ingresos y en vez de ganar eso, ganara 1,500 dólares y debe 2,000, ahí ya hay una dificultad “, precisó, tras agregar que exactamente así está Nicaragua.
Otro punto a tomar en cuenta
El economista Welbin Romero señala que si bien hay endeudamiento que se está contratando, no para aumentar la capacidad exportadora, sino para fines más sociales, cree que aún este es manejable, pero advierte que hay que hacer revisiones.
“Vivienda no es exportable, eso son los un poco más de 180 millones del préstamo del BCIE. Aunque en esos términos la ampliación de la capacidad exportadora no ha sido lo más dinámico, hemos usado el endeudamiento para consumo, aún no hay problemas con la capacidad de endeudarnos. Por ejemplo, en electricidad hemos ampliado la capacidad instalada hasta en 180 por ciento por encima de la demanda máxima, pero no hemos exportado ni un kilovatio, al contrario nos mantenemos como exportadores netos”, precisó Romero.
El problema de estos préstamos hay que verlo desde la perspectiva de sus efectos en la pobreza, en la distribución del ingreso. “Estos son préstamos que los pagamos todos y por el tipo de impuestos que más recaudan, pagan más los que tienen menos ingresos, pero las ganancias son para los que tienen más ingresos. Y ese es un problema actual. El préstamo a la electricidad lo pagamos todos, pero las ganancias son para los generadores”, criticó.
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Nueve contrataciones
Pero más allá de la sostenibilidad de la deuda pública, lo cierto es que en el 2020 el régimen de Daniel Ortega contrató nueve préstamos por 791.1 millones de dólares con acreedores multilaterales y bilaterales. Los plazos establecidos fueron de 20 años, con período de gracia de seis años y tasa de interés promedio ponderada de dos por ciento.
Del total contratado, el BCIE otorgó dos préstamos por 471.7 millones de dólares, de los cuales 300 millones de dólares correspondieron al Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y la Protección Social y 171.7 millones de dólares para el Programa Nacional de Construcción de Viviendas de Interés Social.
El Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) otorgó dos préstamos por 50.5 millones de dólares, de los cuales 30 millones corresponden al Proyecto de Camino Rural Ochomogo – Las Salinas y 20.5 millones para el Proyecto de Transmisión Eléctrica Rural El Tortuguero – La Esperanza.
El FMI, por su parte, otorgó un crédito por 185.3 millones para el Programa de “Asistencia financiera” bajo el instrumento de financiamiento rápido y desembolso de crédito rápido entre el FMI y Nicaragua. Asimismo, el BID financió 43 millones de dólares para el proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública, a fin de atender la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19.