El 29 de marzo del año 2019, tras concluir una ardua jornada de negociaciones, entre delegados de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y miembros del gobernante Frente Sandinista, se anunció que se había alcanzado un segundo acuerdo entre las partes, el cual estaba referido a fortalecer los derechos y garantías de la ciudadanía.
La firma de este acuerdo, fue avalada por el nuncio apostólico, Stanislaw Waldelomar Sommertag y el enviado de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Ángel Rosadilla, quienes fungían como testigos y garantes del diálogo entre los opositores y el gobierno.
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Dicho documento contiene 18 puntos, entre los que destacan la prohibición para para detener a una persona por más de 48 horas, el retorno con plena seguridad para que quienes habían abandonado el país tras el estallido de abril 2018 pudieran volver con seguridad.
Además en el acuerdo se establecía en el punto 7 que no era necesario de un permiso previo para realizar reuniones pacíficas sin afectar el libre tránsito en áreas públicas, y que una vez cumplidos los requisitos de ley, la Policía autorizaría la realización de marchas.
De igual forma el gobierno se comprometía a revisar la cancelación de la personalidad jurídica de varias oenegés, que habían sido cerradas a finales del año 2018.
Han transcurrido dos años y estos acuerdos han sido incumplidos por el régimen y por el contrario se ha incrementado las restricciones contra las voces disidentes, así como contra organizaciones de la sociedad civil.
“Gobierno mentiroso”
“Un gobierno que no cumple con acuerdos firmados en favor del país, es un gobierno mentiroso, y demagogo, que pierde su credibilidad y legitimidad para seguir gobernado”, señala un comunicado divulgado este lunes por la ACJD en el marco del marco del segundo aniversario de este fallido acuerdo.
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El texto agrega que las constantes violaciones a los “derechos humanos y constitucionales en contra del pueblo nicaragüense son prueba fehaciente que a este régimen no le interesa la paz ni la armonía de la nación, sino seguir imponiéndose por la fuerza”.
Fue una burla
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la ACJD y ex negociador de ese proceso, valoró como una burla por parte del régimen de Daniel Ortega la suscripción de este acuerdo.
“En el artículo primero dijeron que iban a cumplir el mandato constitucional que establece que un detenido tiene el derecho de ser puesto en libertad dentro del plazo de 48 horas posterior a su detención. ¿Qué fue lo que hicieron? En febrero de 2021, la Asamblea Orteguista cambio de las 48 horas posteriores a 90 días posteriores a la detención”, señaló Chamorro.
El hoy aspirante presidencial recordó también que en dicho acuerdo se estableció también que el domicilio de las personas no podía ser allanado entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, y eso es algo que tampoco se ha cumplido.
“Se comprometieron ese 29 de marzo al respeto irrestricto de todas la formas de propiedad y han confiscado inmuebles a opositores o están en el proceso de confiscación como es el caso de mi familia”, dijo Chamorro a través de un mensaje de audio.
La fuente expresó además que tampoco se ha cumplido al desarticulación de elementos armados afines al gobierno y eso continua.
“En el artículo 5 del acuerdo se instaba a la Policía, a actuar de acuerdo a las normas de su ley orgánica y en principios de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza, y bueno ya hemos sido testigos de cómo ejecutan su fuerza con toda impunidad”, señaló Chamorro.
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De igual forma, ninguno de los pocos que se han decido a volver al país han sido respetado en su integridad y por el contrario algunos han sido apresados, recordó el opositor.
“Cuando vemos que una dictadura no cumple lo que firma, y que más bien hace lo contrario, lo importante es denunciarlo y desenmascarar sus patrañas y mentiras”, sostiene Chamorro en el audio.
Agregando que la oposición del país, debe continuar presionando para que el gobierno sandinista cumpla con lo acordado y se puedan establecer reformas electorales y reestablecer los derechos de la ciudadanía.
Más acciones represivas
Las manifestaciones públicas en Nicaragua fueron prohibidas por la Policía desde finales de septiembre del año 2018, y en el último par de años cada vez que se ha intentado convocar a alguna, la fuerza policial hace un férreo despliegue para impedirlas.
Además se ha acrecentado el asedio hacia opositores a quienes muchas veces no se les permite salir de sus viviendas o si están en lugares públicos hay siempre presencia policial rodeándoles.
Tampoco en el caso de las organizaciones a las que se les quitó su personería jurídica y se confiscó sus bienes inmuebles, ha habido cumplimiento, por el contrario, en en febrero pasado el gobierno inauguró clínicas de salud y maternidad, así como centros de rehabilitación en las instalaciones donde funcionaron el canal 100% noticias y el medio digital Confidencial.
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También entre octubre y diciembre de 2020, se aprobaron una serie de leyes que restringen a la sociedad civil y de las personas naturales. La Ley para el registro de Agentes Extranjeros por ejemplo, mandata que las oenegés que reciben fondos foráneos, tengan que inscribirse ante el Ministerio de Gobernación, y abstenerse de participar en asuntos políticos.
Mientras que con la Ley especial de Ciberdelitos se deja a discreción la clasificación de lo que son noticias falsas y penaliza con hasta dos años de cárcel a quien divulgue contenido tendencioso en las redes sociales. Además se aprobó la Ley para la Defensa de la soberania con la cual se niega a opositores a participar de procesos de elección popular.
De igual manera se han aprobado reformas al Código Penal y al Procesal Penal, con lo que se ha impuesto la pena de cadena perpetua a quienes cometan “crímenes de odio”, según el discurso oficial y además se extiende el tiempo de detención para una persona mientras es investigada a un mínimo de 15 días y un máximo de 90, en lugar de las 48 horas que se estipulaba antes.
Otro de los acuerdos que se suscribieron en la negociación de 2019 fue la liberación de cerca de un millar de presos políticos, que habían sido apresados en las protestas de 2018; y aunque hubo una parte de cumplimiento sobre este aspecto, hay todavía al menos 125 detenidos en las cárceles del país.
“Exigimos al gobierno retomar la Resolución de la Organización de los Estados Americanos, OEA de octubre de 2020, sobre las necesarias reformas para un proceso electoral justo y equitativo, dando continuidad al Memorándum de entendimiento suscrito entre el régimen y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en enero de 2017”, demandó la ACJD en su comunicado.
Además en el documento se exhorta al gobierno a que a la brevedad convoque a los partidos políticos y a los sectores opositores a fin de iniciar un proceso de reformas electorales.
“Ante un gobierno que incumple sus compromisos de democratizar Nicaragua, llamamos a la comunidad internacional a que continúe con las gestiones y medidas diplomáticas que muevan al régimen de Ortega a dar una oportunidad a Nicaragua, y encontrar una salida pacífica y cívica a la grave crisis actual, facilitando elecciones libres que permitan recuperar el derecho de los nicaragüenses a elegir sin violencia ni coacción las autoridades de su preferencia”, finaliza el comunicado de la ACJD.