Como parte del Diálogo Nacional, el régimen de Daniel Ortega firmó un acuerdo de derechos y garantías ciudadanas, ya establecidos en la Constitución Política de Nicaragua, que por obligación debería haber cumplido en los últimos doce años, desde que llegó al poder en 2006 con el 38 por ciento de votos.
El “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” establece el compromiso de cumplir al menos diez principios constitucionales, que incluye el debido proceso y tutela judicial efectiva; derechos económicos; seguridad y defensa nacional; derechos de los nicaragüenses en el exterior; derechos políticos; derechos laborales; libertad de expresión y de información veraz; garantías procesales, autonomía universitaria; definición de terrorismo y financiamiento al terrorismo.
Derecho a protestar
El régimen se compromete a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho”, señala el convenio firmado por los doce integrantes de la mesa de negociaciones.
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También se destaca que “no requiere de permiso previo el de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población”.
Otro de los puntos reconoce el “derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la Bandera Nacional”.
Cesarán detenciones ilegales
Otro de los puntos importantes que aborda este acuerdo es el cese de las detenciones ilegales en contra de ciudadanos que se han manifestado en contra del Gobierno y que han sido víctimas de secuestros por parte de paramilitares y agentes de la Policía Orteguista.
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En este punto, el Estado garantizará que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la ley”.
En el documento se especifica que las viviendas de los ciudadanos podrán ser allanadas con una orden escrita de un juez competente, debiendo realizarse entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.
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En el tema judicial, se insta a que se cumpla el mandato constitucional de que todo detenido tiene que ser liberado posterior al plazo de 48 horas, si no se le abre un proceso judicial.
“El Estado garantiza que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la Ley con arreglo a un procedimiento legal, la detención solo podrá efectuarse en virtud del mandamiento escrito de juez competente o de conformidad con lo que dispone el artículo 33 de la Constitución Política y el procedimiento de la Ley”, manifiesta el texto.
Restablecer libertad de prensa
Otra de las demandas planteadas al régimen orteguista es el respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, así como la devolución de los bienes confiscados y retenidos a los medios de comunicación independientes.
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En este aspecto el acuerdo señala que “el Estado debe garantizar el derecho a la importación de papel, maquinaria, equipo, repuestos y refacciones para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos”.
Sobre las confiscaciones hechas a medios de comunicación, como el canal de televisión 100% Noticias y Confidencial, la dictadura de Daniel Ortega se compromete a “revisar las decisiones adoptadas por el Estado en relación a los bienes afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda, conforme a la Constitución y la ley”.
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“El Estado garantiza el irrestricto derecho de libertad de expresión, el derecho de informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios de comunicación podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan transgredir lo establecido en la Constitución y la Ley o que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna”, agrega el documento de cinco páginas.
Desarme de paramilitares
Otro de los temas torales de las negociaciones es el desarme de los paramilitares, armados por el orteguismo para aplastar las protestas ciudadanas. En este punto, se insta a que las autoridades tomen las “medidas necesarias para asegurar el desarme de quienes porten armas sin autorización o de quienes se organicen como grupos armados fuera del orden constitucional y legal. A efecto de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad”.
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En este acápite se le hace un llamado especial al Ejército de Nicaragua y a la Policía para que cumplan con el registro y marcaje del armamento utilizado por cada institución.
Garantías procesales
Por otra parte, el convenio recomienda “a las autoridades competentes que procedan a la tramitación y agilización de los procesos de exhibición personal, hageas data y amparo, cuyas resoluciones son de ineludible cumplimiento”.
También demanda “garantizar a los trabajadores el derecho de participar en la gestión de las empresas por medio de sus organizaciones y de conformidad con Ley”, al igual que “garantizar que ningún trabajador del sector público o privado sea despedido por razones de sus preferencias políticas de conformidad con la Constitución y las leyes en la materia”.
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A la vez, se pide en este compromiso fortalecer el ejercicio de la autonomía universitaria.
Igualmente, fueron demandados los derechos y las garantías de los pueblos originarios y afrodescendientes de la Costa Caribe.
Derechos económicos
Otro deber que se le recordó cumplir al régimen orteguista fue “garantizar el derecho irrestricto a todas las formas de propiedad, sin discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”, de conformidad con el mandato constitucional.
Derechos secuestrados
La contraparte de la dictadura en las negociaciones, agrupada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, manifestó que estos derechos han estado secuestrados por el gobierno de Ortega y lo que se busca con este acuerdo es la restitución de estos.
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“Lo que ha ocurrido es que los derechos humanos de los nicaragüenses en los últimos once meses han sido secuestrados. Los derechos humanos inalienables de la persona son propios de la persona y lo que ha ocurrido es un secuestro de estos derechos”, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro negociador de la Alianza Cívica.
La dictadura orteguista se vio obligada a negociar con sectores de la oposición, presionada por las sanciones económicas internacionales que podrían afectar directamente a la familia Ortega-Murillo y a sus funcionarios más cercanos.
El economista Mario Arana Sevilla, también miembro negociador de la Alianza Cívica, pidió intervenir en la conferencia de prensa ofrecida la noche de ayer, para destacar la importancia de que ambas partes cumplan estos compromisos, para sacar de la crisis al país.
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“Nosotros hemos tenido en Nicaragua una profunda crisis. Esta mesa lo que está tratando de hacer es contribuir para sacar al país de la crisis y eso nos involucra a todos. En la medida que todos nos apropiamos de este compromiso, esto va a valer y le va a servir a Nicaragua para salir de su crisis. Entonces no se vale que alguno no cumpla, porque cualquiera que no cumpla, entonces esto fracasa para todo el país”, dijo Arana.
Asimismo, Arana explicó que aún hace falta llegar a acuerdos en los temas de justicia y democracia.
Implementación de los acuerdos
El documento detalla que “la implementación del presente acuerdo iniciará a partir de su firma”.
Tanto este acuerdo de derechos y garantías ciudadanas, como el convenio de facilitación del proceso de liberación de los presos políticos, fueron firmados ayer por los representantes del régimen orteguista y los miembros de la Alianza Cívica, en presencia del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, que participa como testigo y acompañante del Diálogo Nacional, y en presencia de Luis Ángel Rosadilla, representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Crisis desde 18 de abril de 2018
El país vive en crisis desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, del poder. La represión ha dejado entre 325 y 535 muertos desde el 19 de abril de 2018, sin embargo, Ortega solo reconoce 199 muertos, a quienes identifica como 22 policías y simpatizantes de su gobierno. Además, el orteguismo atribuye la crisis a un “fallido golpe de Estado”.
Organizaciones civiles reportan al menos 647 personas presas por participar en las protestas y 162 tienen casa por cárcel. Por su parte, el régimen de Ortega ha reconocido solamente 347 detenidos.
Definición de terrorismo
El “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” establece que la delegación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia solicitó a la dictadura revisar la antinomia (contradicción) que pudiera existir entre la definición de terrorismo y del financiamiento al terrorismo en la Ley 977 (Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo), el Código Penal y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado. se comprometió a revisarlos.