Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) rechazaron un recurso de apelación interpuesto por el abogado Gustavo López Argüello a favor de sus representadas, las empresarias Victoria y Gabriela Cárdenas, y la mamá de ambas doña Victoria Lacayo, esposa, cuñada y suegra del precandidato opositor a la Presidencia, Juan Sebastián Chamorro, respectivamente.
La Alcaldía de Managua (Alma) impuso un reparo fiscal millonario en contra de Cárdenas por 9.5 millones de córdobas por supuestamente no haber pagado impuestos por la venta de unas propiedades entre los años 2017 y 2019.
Los magistrados que desestimaron el recurso de apelación fueron: José Dolores Barquero, Ernesto Rodríguez y Ángela Gross, de la Sala Uno del TAM. El abogado de las afectadas, Gustavo López Argüello, consideró que la sentencia «es inmotivada, totalmente de fundamentos jurídicos que no analiza los agravios que se expresaron y los argumentos que se establecieron en el escrito de apelación, ni tampoco se tomó en consideración todas las pruebas rendidas en primer instancia ni se hace ningún análisis y valoración sobre las mismas, de manera que viola esa sentencia el artículo 69 del Código Procesal Civil que dice que toda sentencia debe ser exhaustiva y debe ser motivada».
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Represalias políticas y recaudatorias
Chamorro considera que las acciones administrativas y judiciales emprendidas en contra de la familia de su esposa tienen un origen político y recaudatorio impulsado por la dictadura Ortega-Murillo. «Se ha violentado todo el debido proceso y se han violentado todos los requisitos que la defensa debe de haber a una familia que no ha hecho otra cosa más que invertir en Nicaragua, que trabajar por el desarrollo de Nicaragua y que está siendo castigada obviamente por razones políticas por el posicionamiento político que yo he sostenido en contra de la dictadura».
El precandidato político considera que la demanda de Alma es un soborno contra su familia y aseveró que no ha recibido ningún tipo de chantaje por parte del régimen en relación a dejar tranquila a las afectadas a cambio de que se retire de la política. Considera que otro de los objetivos de la dictadura es recaudar dinero a como sea posible.
La empresaria Cárdenas calificó de «injusto, ilegal y fraudulento el proceso que emprendió la Alcaldía de Managua en contra de mi familia… esto nos ha afectado física, emocional y psicológicamente», aseguró durante una conferencia de prensa realizada la tarde de este miércoles en su domicilio.
«Mi madre (Victoria Lacayo) es una viuda de 75 años, ella ha trabajado toda su vida, sola, ha invertido, este es su proyecto y le quieren quitar ahorita los últimos lotes que tiene y la casa de habitación donde reside, esto la dejaría, en caso que pase, en el total desamparo… responsabilizo a (Daniel) Ortega y a (Rosario) Murillo de lo que pueda pasar, al final ellos son los que dan las órdenes, la Alcaldía ejecuta, pero ellos reciben órdenes de arriba; ellos podrían parar o cambiar el rumbo de este proceso si ellos quisieran», consideró Cárdenas.
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El reclamo millonario
La comuna capitalina le reclama a la empresa Inmobiliaria Intermezzo un reparo fiscal por 9.5 millones de córdobas de impuestos entre los años 2017 y 2019. Las dueñas de la empresa catalogan el reparo fiscal como ilegal y como una especie de terrorismo fiscal.
El abogado López denunció que los magistrados del TAM, de manera ilógica y con falta de imparcialidad, en su sentencia anuncian que las afectadas no pueden hacer uso del recurso de casación ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No obstante, aseguró que interpondrá dicha acción legal.
«Esperamos que los magistrados de Apelación admitan el recurso de casación y lo tramiten ante la Corte Suprema de Justicia, si en un caso que ellos lo rechazaran nosotros vamos a recurrir de hecho ante Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia», explicó López.
El pasado 9 de diciembre del 2020, el juez orteguista Ramón Real Pérez, titular del Juzgado Octavo Civil de Distrito Oral de Managua, dictó una sentencia contra la oposición de ejecución interpuesta por el abogado López y falló a favor del reparo fiscal que interpuso Alma, a pesar de que presentaron pruebas que demuestran que no deben dinero a la comuna.
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El embargo
A inicios de octubre del año pasado, una patrulla de la Policía, el asesor legal de la Alma, Carlos Lazo y la juez segunda de ejecución de embargo, Evelin Jiménez, se presentaron en las oficinas de la empresa, ubicada al sur de Managua, para ejecutar el embargo de la casa de habitación de la empresaria Victoria Lacayo, un lote donde opera el pozo que abastece de agua potable a la urbanización Intermezzo del Bosque y cinco lotes más que estaban sin vender, propiedad de Inmobiliaria Intermezzo.
Sin embargo, Chamorro aseguró que el valor de las propiedades embargadas supera los 33 millones de córdobas, monto superior a los 9.5 millones que pretende cobrar la comuna capitalina. Chamorro aseguró que las propiedades embargadas por Alma aún no han sido subastadas y para hacerlo deben esperar que concluya el proceso de casación en la CSJ.
«No quiero especular, pero es verdad que el sistema judicial ha funcionado de manera sumisa y obediente a la voluntad del régimen, no opera como un poder independiente, eso lo tenemos claro en Nicaragua», consideró López.
El abogado López explicó que el embargo ejecutado por la judicial a favor del Alma es nulo por ser excesivo, ya que no pueden embargar bienes que poseen un valor superior a lo solicitado por la parte demandante. Agregó que sus representadas podrían ser capturadas por los oficiales de la Policía Orteguista (PO) en cualquier momento, ya que existe una orden de captura vigente. «No sabemos por qué no la han ejecutado», finalizó.
