Teniendo en cuenta la persistente crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el proyecto de resolución sobre Nicaragua presentado por más de 40 países miembros, en el que en 19 puntos, reiteran el llamado al régimen de Daniel Ortega a liberar a los más de cien presos políticos, iniciar un proceso de reformas electorales y la preocupación ante las recientes aprobaciones de leyes represivas que van en contra del derecho internacional de los derechos humanos.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, presentó el pasado 25 de febrero en el 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, un informe actualizado sobre la crisis de Nicaragua en el que insiste al gobierno de Ortega a adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y a establecer un diálogo para allanar el camino hacia un proceso democrático libre y transparente, de cara a las elecciones generales de noviembre próximo.
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La votación para adoptar la resolución sobre Nicaragua se realizará entre el 18 y 23 de marzo cuando continué el 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. El grupo de países que han aprobando este de proyecto de resolución ante el Consejo de la ONU son: Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, Chequia, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América.
Demandan la liberación de todos los presos políticos
El proyecto de resolución expresa que el régimen aún mantiene a más de 100 personas encarcelados que fueron detenidas en el contexto de la crisis de abril de 2018 y que, «sin dejar de preocuparle siguen detenidas arbitrariamente, incluidas varias que habían sido puestas en libertad con anterioridad en virtud de la Ley Nº 996 (la Ley de Amnistía) aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 2019».
Asimismo expresan gran preocupación por el amplio alcance de la Ley de amnistía y la implementación de la legislación reciente por parte del Gobierno de Nicaragua, incluida la enmiendas a algunas disposiciones del Código Penal y la promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Especial de Ciberdelitos y Ley No.1055 de Derechos de las Personas a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación por la Paz, que excluye a quienes hablan a favor de sanciones internacionales provenientes de procesos electorales.
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Todo lo cual, «contradice el derecho internacional de los derechos humanos, e impiden que las víctimas de violaciones de derechos humanos ejerzan su derecho a un recurso efectivo, que puede incluir la reparación y el derecho a la verdad, y restringir aún más la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión pacífica, privacidad y el derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos, limitando indebidamente la política la participación y las actividades de los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, condenando todos los actos de intimidación y represalia», reza el proyecto de resolución, que fue confirmado por el exvicecanciller, José Pallais Arana y la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Además expresan su preocupación por los ataques violentos y los repetidos actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía o grupos armados denunciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh).
«Afirmando que elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, de conformidad con obligaciones y normas internacionales, son esenciales para una solución pacífica y democrática la crisis de derechos humanos en Nicaragua, al igual que la participación sin trabas de los políticos opositores y observadores electorales nacionales e internacionales independientes. Observando con grave preocupación la falta de avances del Gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales encaminadas a garantizar elecciones transparentes», señalan.
