A propósito de que hoy es el Día Internacional de la Mujer, resulta oportuno reflexionar acerca de la participación de las mujeres en la política actual de Nicaragua. Arriba y abajo, con la dictadura y en la lucha por la libertad y la democracia.
El Día Internacional de la Mujer fue instituido por las Naciones Unidas en 1975, no solo para enaltecer a la mitad femenina de la humanidad sino también para reivindicar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el de tomar parte en los debates públicos, las decisiones políticas y el ejercicio del poder.
Ahora, en Nicaragua, prácticamente todos los partidos y movimientos políticos —de izquierda, centro y derecha— levantan la bandera de los derechos de las mujeres, dicen tenerlos entre sus prioridades y presumen de practicar internamente la equidad, en el sentido de que ellas tienen y ejercen los mismos derechos que los hombres.
Pero este discurso no siempre se corresponde con la realidad. En general, de las palabras a los hechos hay un gran espacio de diferencia y en algunos casos la participación de las mujeres es más formal que real y efectiva.
La dictadura de Nicaragua tiene en su nivel superior a una mujer codictadora y formalmente aplica la política de cuotas, en la integración de los órganos de Estado y de gobierno. Pero en la práctica —y salvo la vicepresidenta mandamás—, las mujeres de la dictadura son subordinadas. Aparte de la esposa de Daniel Ortega, son muy raras las mujeres de la dictadura a las que se permite participar en el debate público, a ellas no las dejan ni siquiera opinar en el ámbito de sus competencias formales.
Pero es comprensible que en una dictadura como la de Daniel Ortega, que tiene un marcado sello caudillista y patriarcal autoritario, las mujeres sean subordinadas. Lo que no se puede entender es que, siendo que no hay democracia sin la participación equitativa de las mujeres, en los partidos y movimientos que luchan contra la dictadura las mujeres no ocupen el lugar proporcional que les corresponde.
En la rebelión de abril que fue ahogada en sangre por la dictadura, y después, durante la resistencia cívica y pacífica, muchas mujeres se han destacado y ocupado lugares de primera importancia y visibilidad. Mujeres como Amaya Coppens, Cristiana Chamorro Barrios, Francisca Ramírez, Irlanda Jerez, María Esperanza Sánchez, Olesia Muñoz, Suyen Barahona, Valeska Valle, Vilma Núñez y Violeta Granera —para solo mencionar a 10 porque es imposible nombrarlas a todas—, han brillado con su propia luz y con igual intensidad que los también innumerables varones que se han destacado en la lucha por la libertad y la democracia.
Sin embargo, al presentar a posibles candidatos presidenciales ante la probabilidad de librar la lucha frontal contra la dictadura también en el escenario electoral, casi no se menciona a las mujeres. Entre las nueve personas que se han presentado como precandidatos presidenciales, incluyendo al del PLC que presume de ser un partido democrático y de oposición, solo figura una mujer que es Cristiana Chamorro Barrios.
No solo por equidad y cuota de género debería haber más mujeres entre los posibles candidatos presidenciales de y para la democracia. En esto también hay una falla que la oposición a la dictadura debería superar.
