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CONTENIDO EXCLUSIVO.En abril del 2019 provocó revuelo en Nicaragua un decreto presidencial firmado por Daniel Ortega en el que ordenaba a todas las instituciones financieras o no que se dedican a traer remesas ejercer mayor control en aquellas personas que recibieran más de 500 dólares al mes. La operación que parezca sospechosa de inmediato debe ser reportada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El control abarca a personas naturales o jurídicas que reciban una cantidad igual o mayor a 500 dólares en una operación y para ellos las entidades obligadas (entiéndase las que traen ese dinero) a esta regulación deben tener el nombre del emisor y el beneficiario, una información que deben pasar a la UAF.
En diciembre del 2019, el Banco Central de Nicaragua, a través de la Resolución CD-BCN-LIX-2-19, ordenó que las empresas que se dedican a prestar el servicio de pago de remesas deberán conseguir una licencia por parte del Banco Central de Nicaragua. Si la persona es natural y se dedica a este servicio también debe registrarse y «cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento”, pero no necesitan conseguir una licencia para tal fin. Todo esto contenido en el Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas.
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Es un arma política, dice economista
Analistas reconocen que estas medidas provienen de regulaciones internacionales, pero han advertido que el Gobierno está sacando provecho de esas recomendaciones para fortalecer su política de represión contra los que lo adversan y sobre todo para ejercer mayor control en la ciudadanía. El problema no son las regulaciones, el riesgo es el contexto.
«Las recomendaciones del GAFI son idóneas para que una dictadura someta al más estricto control y vigilancia financiera secreta a los ONG (Organismos No Gubernamentales u Organizaciones Sin Fines de Lucro), empresas y personas físicas o jurídicas, pero no para comprobar si lavan activos o ‘financian el terrorismo’ (a menos que las actividades de resistencia se califiquen como terrorismo)», advierte un economista que prefiere no ser citado por temor a represalias.
A su criterio, las recomendaciones internacionales se están usando para «distorsionar la información y usarla como arma de inteligencia, de la manera que considere más adecuada, contra quienes considere enemigos u opositores. Los entes sometidos a esta vigilancia no tienen manera de darse cuenta».
Otro ejemplo de persecución
Ya el tributarista Julio Francisco Báez esta semana advirtió que todo el paquetazo de leyes que se ha aprobado en Nicaragua, tras las revueltas políticas en abril del 2018, si bien algunas de estas leyes parecen ajustarse a las regulaciones internacionales realmente están disfrazando aumentar la persecución contra los opositores y los que adversan al Gobierno.
Y muestra de ello puso como ejemplo la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros, que señala que pareciera que busca evitar que las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro sean usadas para actividades ilícitas, tal como se recomienda a nivel internacional, pero detrás lo que se persigue es controlar a los sujetos que están gestionando financiamiento en términos políticos.
«Esto significa que las personas que son destinatarias de financiamiento en términos de partidos políticos, movimientos electorales, en términos de campañas ciudadanas que llaman a la presencia cívica de los nicaragüenses, eso está prohibido, eso no se permite», según su interpretación. «Entonces esta ley (Ley 1040) inhibe políticamente, castra las donaciones y crea un ambiente de cómo nosotros vamos a conducirnos, lejos de presentarlo como una ley demoníaca, prefiero presentarla como una ley confusa», expresó durante un foro virtual dedicado a analizar la lucha antilavado internacional.
¿BCN sin facultad?
Pero volviendo al tema de los envíos externos, el economista Luis Núñez Salmerón sí cree que las remesas pueden ser usadas como un vehículo para actividades ilícitas, pero señala que el Banco Central no debería asumir estas funciones de regular estas operaciones financieras, tomando en cuenta que su ley orgánica no le permite ejercerla.
«Nosotros solo nos enfocamos en las empresas grandes que ya están establecidas, pero no en la cantidad bastante numerosa de remesadoras pequeñas que son personas naturales, esa parte hay que regularla, estoy de acuerdo, pero lo que critico es que el Banco Central no debe tener esa función y si se le va a otorgar esa función tiene que ser por la Asamblea Nacional porque de lo contrario estamos cayendo en la ilegalidad», refutó.
No obstante, cabe mencionar que el Banco Central basó su regulación al sector de remesas en el artículo 32 de la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (Ley 977), que dio esa atribución al máximo emisor bancario.
Según dicho artículo, el BCN «regulará la actividad comercial de los proveedores de servicios de remesas, y entre sus facultades están las de aprobar disposiciones para regular la autorización y operaciones de los proveedores así como llevar un registro de estos, emprender acciones para identificar a las personas físicas o jurídicas que presten servicios de remesas; y aplicar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas a los que incumplan con lo dispuesto en dicho artículo, así como de aquellas que dicte el Consejo Directivo del BCN».
Núñez reconoce que el GAFI ha insistido en las regulaciones en cuanto a las remesas y ha reglamentado sobre ese aspecto, pero aquí el problema es que no se están siguiendo los procedimientos por ley.
Para el economista, lo que hace falta también es una explicación correcta y adecuada de la legislación que se está efectuando sobre temas como la regulación de los agentes de servicios de remesas, para evitar especulaciones.
» Ya desde hace dos años se ha estado insistiendo en el control de las remesas familiares, esto no es nuevo. La intención de querer manejar las remesas familiares se ha manejado desde antes del 2019 incluso, entonces si el BCN tendrá control sobre las empresas que se dedican a eso, pero eventualmente el BCN podría controlar el flujo de remesas y podría establecer costos administrativos, porque por ejemplo esa normativa del BCN necesita de un aparato administrativo y ese aparato administrativo tiene un costo», indicó.
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Recomendaciones no son obligatorias
Por su parte, el economista José Vélez Morgan señala que el Gafilat tiene recomendaciones, pero no obliga a controlar persona por persona las remesas. También hace una aclaración sobre el papel del Banco Central de Nicaragua y su relación en estas regulaciones.
«A lo único que se refiere este órgano (la recomendación del Gafilat) es que las empresas que manejan remesas estén registradas y que tengan una supervisión y no las dirigen a la Superintendencia de Bancos, porque no reciben depósitos y esta regula a quienes reciben depósitos como bancas y financieras, por eso manda a que se registren en el BCN las empresas de las remesas», sostuvo.
Controlar las empresas, no las personas
Vélez explica que la reforma que ha hecho el Gobierno en torno a las remesas el año pasado ha sido interpretada como que se van a controlar los envíos de dinero para las familias desde el extranjero, pero en realidad lo que se busca es controlar el lavado de dinero y la proliferación de armas. «El Gobierno no tiene por qué controlar a las personas, sino solamente a las empresas», puntualizó.
Otra normativa del Gafilat es que se debe vigilar a los que reciben más de 10,000 dólares, pero esta medida ya es adaptada por el país y está establecida en la Unidad de Análisis Financiero. «El Gafilat no recomienda vigilar a quienes reciben más de 500 dólares en un envío, creo que ahí (el Gobierno) se volaron las trancas», criticó el economista.
El Gobierno no tiene la capacidad de controlar a 600,000 personas que reciben remesas, dijo. «Ellos más bien tienen una lista de quienes reciben por razones de su trabajo como agentes extranjeros, remesas, entonces a las agencias por donde ingresa el dinero es que les piden las listas, pero no están mirando a todo el mundo y nadie recibe más de 500 dólares con regularidad. Los promedios de remesas recibidas son 380 o 160 dólares por mes, dependiendo del país de donde vengan», manifestó Vélez Morgan.
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Este economista encuentra otro problema en la UAF, que también está involucrada en el esquema de control de las remesas. «En Nicaragua la UAF está en manos de militares que no tienen más experiencia que la inteligencia militar y ese es otro problema, pero son requerimientos para estar en el GAFI montar una Unidad de Análisis Financiero y las regulaciones a las remesas y las regulaciones a los bancos, etcétera, lo curioso es que ahora con la reforma a la Ley de los Consumidores, sí está retando a la reglamentación del GAFI , ellos tuvieron la precaución en un montón de recomendaciones, pero con esa de los consumidores están cuestionando a las normas del GAFI y yo espero que esto no pase desapercibido ante el GAFI y la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE. UU.)».
El Gobierno implementó este año una polémica reforma de Ley de Defensa de los Consumidores, en la que ordena a los bancos y todo el Sistema Financiero a retomar relaciones financieras con personas sancionadas por la OFAC, así como las entidades estatales bloqueadas.
