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Cómo la ley para proteger a los sancionados también trastocaría las relaciones con multilaterales. Ortega le incumple al FMI

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua ha señalado que tienen contratado 966.6 millones de dólares en el marco de la pandemia y los huracanes Iota y Eta, de estos montos aún hace falta una gran cantidad por desembolsar. Fuentes explican que el régimen hasta esos recursos pone en riesgo

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El régimen de Daniel Ortega no solo está poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema financiero nacional con la reforma a la Ley 842, sino también está incumpliendo con los compromisos que asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de trabajar este año para mejorar su posición frente al GAFI, pero además pone en juego los flujos financieros que aún tiene pendiente de recibir de las multilaterales para atender la pandemia y los efectos de los huracanes, consideran fuentes consultadas por LA PRENSA.

Esto supondría un obstáculo en la aspiración del Gobierno de continuar recibiendo recursos externos de las multilaterales, luego de casi tres años de estar impedido de obtener recursos frescos por la Nica Act, la legislación de Estados Unidos que bloquea su acceso a estas ventanillas debido a las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y la crisis institucional sin ser resuelta a través de elecciones justas y transparentes.

En noviembre del 2020, el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a trabajar para mejorar su posición en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para lo cual asumió promesas para lograr ese objetivo. A cambio Ortega recibiría 185.3 millones de dólares en préstamo para atender la pandemia y otros compromisos financieros locales.

Entre los compromisos, el FMI señala que el Ejecutivo asumió “abordar las debilidades identificadas en el marco AML/CFT (Antilavado de dinero / Lucha contra el financiamiento del terrorismo). En febrero de 2020, Nicaragua fue incluida en la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de “Jurisdicciones bajo Mayor Monitoreo” (también conocida como la “Lista Gris”). En respuesta, las autoridades se comprometieron a aplicar un plan de acción con reformas en cuatro esferas clave”, los cuales posteriormente cita en el documento.

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Ortega está haciendo lo contrario

En esa ocasión, el Fondo le dijo al Gobierno que además de cumplir el plan con el GAFI y mejorar la lucha contra la corrupción, “las autoridades deben actualizar el régimen de declaración de activos centrándose en las personas políticamente expuestas. Una acción rápida en estas áreas ayudará a proteger la integridad de las transacciones financieras, mitigará la exposición a flujos ilícitos, aliviará la presión potencial sobre las relaciones bancarias corresponsales y mitigará los riesgos de estabilidad financiera”.

Sin embargo, lejos de trabajar para cumplir con esa meta, el régimen de Ortega impulsó un ajuste a la Ley 842, o Ley de Protección de los Derechos las Personas Consumidoras y Usuarias, la que empujaría a Nicaragua a la lista negra del GAFI, donde están Irán y Corea del Norte, cuyos países no tienen acceso al sistema financiero internacional.

El Gobierno está obligando al sistema financiero nacional a incumplir con las normas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), al querer forzarlos a que estos abran cuentas a sancionados por Estados Unidos y sus familiares, los que indirectamente estarían afectados. Esto además de crear riesgo de inestabilidad en la banca, también aumenta la presión con los bancos corresponsales.

Gonzalo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, explicó en días recientes que si los bancos se ajustan a dicha ley, “otra posible consecuencia es que Nicaragua eventualmente sea incluida en la ignominiosa lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El pequeño grupo de países está compuesto por Corea del Norte e Irán (hasta ahora Nicaragua se encuentra en la llamada ‘lista gris’ de países que necesitan realizar ajustes en sus protecciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo). Si los bancos nicaragüenses acatan lo establecido en la nueva ley, perderían la relación con los bancos corresponsales en el extranjero que les sirven para ejecutar transacciones internacionales”.

Además, el Fondo Monetario Internacional ha alentado al Gobierno a que procure la estabilidad  financiera. “El personal alienta a las autoridades a continuar manteniendo la estabilidad financiera y monitoreando de cerca la identificación oportuna de los bancos y aprovisionamiento de activos en dificultades, así como los niveles de capital y liquidez en el sistema en medio de las vulnerabilidades existentes exacerbadas por la pandemia Covid-19”. Lejos de procurar la estabilidad, la Ley 842 apunta a una inestabilidad severa para la banca si se materializan los riesgos señalados por diversos especialistas.

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Se bloquearían sus fondos ya acordados

José Adán Aguerri, presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) y expresidente del Consejo Superior  de la Empresa Privada (Cosep), cree que una exclusión del sistema financiero nacional de las operaciones internacionales supondría para el Gobierno una suspensión de los desembolsos pendientes ya comprometidos por las multilaterales.

“Estamos hablando de los desembolsos que  están pendientes para tratar la pandemia del coronavirus y los huracanes Iota y Eta, en ese  sentido esa es una valoración que tienen que hacer los directorios de estos organismos, porque no  solo esta ley, sino todas las recientes leyes que se están aprobando en el país, van en contra de los derechos de los nicaragüenses”, manifestó.

Aguerri aseguró que el BCIE es el único organismo multilateral que ha sido condescendiente con el Gobierno de Nicaragua y  cuando la reforma de la Ley 842 llegara a afectar a la banca nacional, los organismos multilaterales podrían tomar sus acciones.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua ha señalado que tienen contratado 966.6 millones de dólares en el marco de la pandemia y los huracanes Iota y Eta, de estos montos aún hace falta una gran cantidad por desembolsar.  En ese sentido, Aguerri sostiene que los recursos recientemente aprobados podrían estar sujetos a revisión en  el caso de que se esté poniendo en riesgo al sistema financiero de Nicaragua.

Banca local sin acceso a multilaterales

Pero además tal sería la afectación de la expulsión del sistema financiero nacional de las operaciones internacionales, que, según especialistas, los bancos y las entidades financieras que operan en Nicaragua quedarían excluidos de las ventanillas de atención al sector privado que tienen los organismos multilaterales, los que también se ajustan a las regulaciones internacionales.

El economista Juan Sebastián Chamorro explicó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por ejemplo tiene la IFC, que es su financiera, igualmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tienen una ventanilla de apoyo de proyectos del sector privado. Los bancos también consiguen recursos para luego canalizarlos en Nicaragua.

“Afectaría a toda persona que tenga algún tipo de relación financiera con el exterior, ya sea por remesas, envío de recursos, empresas que tengan sus casas matrices fuera de Nicaragua, es decir, sería una relación totalmente de ruptura del sistema financiero con el mundo exterior”, sostuvo.

“Entonces la seriedad y la magnitud de las consecuencias de esta reforma son incalculables para la economía nicaragüense, porque perderías básicamente la capacidad de que un banco tenga una relación con otro banco en el exterior”, agregó.

El economista Luis Murillo también explica que el incremento del riesgo de tal magnitud ocasionaría un aumento en las tasas de interés de los créditos locales, porque se va a dañar la confianza en el sistema financiero y aumentará el riesgo país. “Otra cosa que  puede suceder  es que  al  ver el alto nivel de riesgo que tiene  nuestro sistema bancario se eleven  las tasas de interés”, dijo.

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