El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo pareciera estar sumando obstáculos a la oposición de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, señaló Alberto Brunori, representante regional de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH).
“A contracorriente, las autoridades nicaragüenses parecieran sumar escollos en el camino hacia unas elecciones con las debidas garantías. Durante el último trimestre del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, las cuales contienen disposiciones que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos y restringen las libertades necesarias para el espacio cívico, especialmente en el escenario electoral”, advirtió Brunori en una opinión que brindó al diario The Washington Post.
Señaló que la Ley de Agentes Extranjeros dificulta a las organizaciones de la sociedad civil obtener fondos de fuentes extranjeras e impide a cualquier ciudadano que reciba, directa o indirectamente esos recursos, ejercer sus derechos de participación política. Sobre la Ley Especial de Ciberdelitos dijo que contiene disposiciones que crean tipos penales ambiguos e incompatibles con las exigencias de la libertad de expresión, pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Y sobre la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, entre otras cosas, mencionó que prohíbe optar por cargos de elección popular a las personas que demanden o “aplaudan” la imposición de sanciones contra “el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
Apertura del régimen no es suficiente
El alto funcionario considera que el panorama en Nicaragua se muestra incierto y aunque señaló que la colaboración del gobierno con las agencias especializadas de las Naciones Unidas en respuesta al Covid-19 y en relación a la devastación causada por los huracanes Eta e Iota, deja entrever una apertura alentadora, pero que no es insuficiente.
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“Pero esa apertura, sin el cumplimiento pleno de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos y sin el reconocimiento claro de las demandas ciudadanas, que abogan para que se aprueben las reformas que Nicaragua necesita, no es suficiente. Una vez más, el gobierno de Nicaragua tiene la ocasión de abrirse a las exigencias de cambio e implementar las recomendaciones de los organismos regionales y globales de derechos humanos, incluyendo las de reformas electorales. No hay camino posible, ni futuro para las y los nicaragüenses, fuera de los derechos humanos, y menos aún si estos se siguen violando”, recomienda Brunori.
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Consideró que en caso de que el gobierno no tome pronto medidas que aborden la crisis, Nicaragua se enfrentará a las elecciones generales en una situación marcada por una gran tensión social, por la ausencia de plenas garantías de derechos humanos y por la debilidad del Estado de derecho, que se extiende a las instituciones electorales.
Leyes intimidatorias
Destacó que los opositores en Nicaragua temen que el régimen les aplique la reforma a la Constitución de la República que permitió la aplicación de la cadena perpetua para castigar los llamados crímenes de odio. Además, de la posibilidad de pasar hasta 90 días preso sin una acusación, sin control judicial efectivo y sin derecho a la libertad personal, luego que el orteguismo reformara el Código Procesal Penal.
La OACNUDH informó que ha recibido más de 150 denuncias documentadas desde el 1 de agosto de 2019 sobre hostigamiento, acoso, amenazas y ataques que sufren las agrupaciones y liderazgos políticos que buscan organizarse con miras a los próximos comicios, incluyendo las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos, estudiantes, periodistas independientes (34 denuncias) y, en general, cualquier persona que es percibida como opositora a la dictadura o a sus políticas.
En abril de 2018 “la olla de presión” estalló en Nicaragua y miles de nicaragüenses vencieron el miedo a la represión que ejercen de los grupos de choques y fanáticos del orteguismo. Salieron a protestar contra los abusos e injusticias del régimen, lo que causó la acción represiva de las fuerzas de la Policía Orteguista (PO) y paramilitares que dejaron más de 300 personas muertas y de 2,000 heridas. Más de 1,600 personas fueron detenidas de manera arbitraria y aproximadamente 100,000 tuvieron que solicitar asilo en otros países.
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En agosto del 2018, la OACNUDH publicó un primer informe sobre la masacre perpetuada por el régimen. Otro fue presentado en septiembre de 2019 al Consejo de Derechos Humanos.
Régimen se niega a cooperar
En el último informe la OACNUDH, además de documentar las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, restricciones al derecho de reunión pacífica, juicios sin garantías, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, y otros ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, campesinos, personas de la comunidad LGBTI, estudiantes y miembros del clero—, emitió una serie de recomendaciones a la dictadura y la comunidad internacional para abordar la situación.
“Ahora, a poco menos de tres años del inicio de esta crisis, el panorama no es alentador: el nivel de cumplimiento de esas recomendaciones por parte de las autoridades nicaragüenses ha sido deficiente. A pesar de que la Oficina ha ofrecido una y otra vez su disposición para prestar al Estado de Nicaragua asistencia técnica a fin de tomar medidas acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, como lo hacemos en todos los países del mundo, el gobierno no ha aceptado dicha cooperación”, aseguró Brunori.
El funcionario, criticó que lejos de brindar justicia a las víctimas de la represión en junio de 2019, el Estado nicaragüense aprobó una ley de amnistía que incompatible con el derecho internacional, la cual no ha permitido aclarar las responsabilidades de las violaciones que ocurrieron. Indicó que los hechos han quedado hasta ahora en la impunidad.
“Tampoco se adoptaron las medidas recomendadas por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, encaminadas a evitar la repetición de las violaciones, lo cual ha creado un ambiente propicio para que estas se sigan dando, aunque en intensidad, formas y patrones diferentes”, señaló.
