Las expulsiones y cancelaciones de residencia como acto de represalia de parte del régimen de Daniel Ortega contra sacerdotes extranjeros que residen en el país, no cesan.
El hecho más reciente ocurrió el domingo 31 de enero, cuando las autoridades migratorias le impidieron el ingreso para continuar con sus funciones al fraile Santos Fabián Mejía, párroco y superior de la parroquia San Francisco de Asís de Juigalpa, Chontales.
«Sí, no lo dejaron ingresar cuando venía de capítulo de su congregación en El Salvador. Él vino a la frontera y de la frontera no lo dejaron pasar. Él tiene años de estar en Nicaragua, pero exactamente no tengo más detalles a fondo», confirmó a LA PRENSA monseñor Marcial Guzmán, obispo de la Diócesis de Juigalpa.
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El fraile Mejía es de nacionalidad salvadoreña y tiene más de 12 años de laborar en parroquias nicaragüenses. A lo largo de esos años ha contado con la residencia nicaragüense. De acuerdo con un asistente de la parroquia San Francisco de Asís de Juigalpa, al religioso no le permitieron entrar bajo el «argumento» de que “no es apto para entrar” a Nicaragua. En ese acto también le notificaron la suspensión de la residencia y la prohibición de ingresar al país.
«Por el momento nuestros superiores se encuentran gestionando ante las autoridades el ingreso del fray Fabián al país, esa es la información que tenemos hasta el momento», nos expresó el asistente de la parroquia, quien se mantuvo en el anonimato.
Otras expulsiones
El 16 de octubre de 2020, el sacerdote colombiano Luis Arilio Carrillo —quien trabajó por cuatro años en la Diócesis de Estelí, a cargo de monseñor Abelardo Mata— tuvo que abandonar el país por órdenes de la Dirección General de Migración y Extranjería. Un mes antes, las autoridades habían suspendido al religioso su residencia permanente que era válida por cinco años, y que de acuerdo con la legalidad del documento su permiso de estancia vencía hasta el 15 de enero de 2022.
A inicios de septiembre de 2020, el régimen también le quitó la residencia al padre Julio César Melgar, de origen salvadoreño, quien también brindaba sus servicios sacerdotales en la Diócesis de Estelí, a cargo de monseñor Juan Abelardo Mata. La residencia del padre Melgar, entonces, tenía vigencia al menos cuatro años más, es decir hasta 2023.
No obstante, el orteguismo que ahora se autodenomina como sistema cristiano, socialista y solidario, ha cometido múltiples abusos, ataques, amenazas, humillaciones públicas o expulsiones en contra de los religiosos, agudizadas tras las protestas ciudadanas que se desataron en abril de 2018, donde la Iglesia católica tuvo un rol protector y de defensa de los derechos humanos.
