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CONTENIDO EXCLUSIVO.La exigencia de presentar la prueba negativa de Covid-19, en al menos seis de los siete destinos más concurridos por los nicaragüenses en el exterior estarían ejerciendo fuerte presión sobre el inventario de pruebas de Covid-19 que tiene en su poder el Ministerio de Salud, cuya última importación masiva de PCR se hizo en julio del año pasado y para este año no aparecen planificadas más compras en su Programa Anual de Contrataciones (PAC).
En Nicaragua, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR), ubicado en el Complejo “Conchita Palacios”, todo esto bajo el mando del Minsa, es el único autorizado para realizar estas pruebas, lo que estaría comprometiendo el mismo inventario que tiene el Gobierno para detectar el virus.
El último dato hasta el 2019, del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), de los siete principales destinos a los que más viajan los nicaragüenses, al menos en seis están exigiendo prueba negativa de Covid-9: Honduras, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Panamá y España, la única excepción es Costa Rica, que solo pide un seguro médico, aunque en un principio había contemplado la medida que luego la derogó para agilizar el tráfico de viajeros.
Tal es el peso, que solo en el 2019 de los 949,501 nicaragüenses que viajaron al exterior, el 52.6 por ciento, equivalente a 499,746 viajó a los destinos antes mencionados, siendo el principal Honduras, seguido de Estados Unidos y Guatemala. Es decir que el gobierno necesitaría unas 500,000 pruebas solo para fines comerciales en su inventario. Esto no incluye la demanda de prueba que puedan hacer los pocos viajeros extranjeros que vengan de esos países y que luego planeen retornar (Ver infografía)
La demanda aumenta al sumarse Estados Unidos a la lista, que desde ayer 26 de enero exigió la prueba negativa a todos los viajeros, esto para frenar la introducción y propagación del virus en momentos donde la mayoría de países se encuentran sufriendo brotes masivos, pero sobre todo la expansión de nuevas cepas de Covid-19, más contagiosas y mortal. Estados Unidos es de los países que pide ese certificado incluso a sus ciudadanos que retornen de otros países.
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José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) explicó que con la nueva exigencia de Estados Unidos aumentó la demanda y en la medida que se restablezcan las operaciones de las aerolíneas la presión en el inventario de pruebas del Minsa puede ser mayor.
“El punto es que hasta hoy (ayer) 26 de enero Estados Unidos comenzó a exigir la prueba, pero antes solo se estaba pidiendo para países del área centroamericana, por ejemplo en El Salvador, Costa Rica, Panamá, es en este momento que empieza haber una demanda, pero todavía no significativa en números, porque estas prácticamente en manos de ocho vuelos (siete de Avianca y uno de Copa) a la semana, si vos llenás esos vuelos y todos van para Estados Unidos y que sea un avión de 120 personas, estamos hablando de 960 exámenes a la semana, 4,000 al mes, 50,000 al año, eso con una frecuencia como la que tenemos en el país hoy”, dijo Aguerri.
Pero además advirtió que el Minsa no tiene capacidad de hacer 150 pruebas diarias. “Le sugiero a los viajeros que vayan tres días antes a buscar cómo hacerse el examen, si van 24 horas antes, el peligro que corren es que se queden sin cupo (para hacerse la prueba), esta información se maneja en las agencias de viajes”, dijo.
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) emitió ayer un comunicado donde recomienda que en el caso de los pasajeros con destino a los Estados Unidos, “cuyo requerimiento es la prueba rápida y con el fin de facilitarle a los turistas estadounidenses la realización de la misma, se instalen puestos médicos en el aeropuerto y se pueda hacer el test previo al check in y a un costo más bajo ya que se trata de la prueba rápida. Panamá y República Dominicana son ejemplo de esta facilitación a los viajeros”.
Compras de prueba bajo discreción
Cabe mencionar que la última compra masiva que se hizo pública de PCR para detectar el Covid fue en julio del año pasado, cuando el régimen de Daniel Ortega ordenó la adquisición de 100,000 pruebas. Estas pruebas se sumaron a los 26,000 test rápidos donados en abril del mismo año por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y a otras 5,000 regaladas por Rusia.
Sin embargo, el gobierno no ha informado cuántas de estas han sido usadas con fines comerciales y sí ha realizado otra compra, lo que refleja la fuerte presión sobre los inventarios del Minsa que estaría ejerciendo la decisión de Estados Unidos de sumarse a los países que están exigiendo la prueba negativa de Covid.
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Es decir que para cubrir una demanda similar a la del 2019, el régimen tendría que hacer cinco veces la compra que hizo en el 2020 de PCR y sí lograra hacer esas 500,000 pruebas, lograría en ingresos 75 millones de dólares.
LA PRENSA revisó el Programa Anual de Contrataciones (PAC) del Minsa para ver si tiene programada compra de pruebas, pero solo aparece la compra de medicamentos para el Covid-19, sin detallar qué tipo, esta adquisición estaba planificada para enero de este año por un monto de tres millones de córdobas con fondos del Gobierno.
“No ha habido transparencia para saber cuántas pruebas se han usado, pero definitivamente no han solicitado más, eso significa que las pruebas que tenían, más las que les habían dado (las donadas) son las que están usando, porque al parecer antes no tenían problemas de inventario, habría que ver cómo están con los otros componentes que se utilizan para hacer los test”, dijo Aguerri.
Conchita Palacios no da abasto
El Conchita Palacios, el único lugar que habilitó el gobierno para hacer estas pruebas, se ha visto en las redes sociales saturado de viajeros, a los cuales los citan a la misma hora para el retiro de los resultados y debido a la alta demanda la gente se aglomera.
Es por esa razón que la Cámara Nacional de Turismo también pidió al Gobierno que se “habiliten nuevos centros para realizar la prueba del Covid PCR negativa, sean estos públicos o privados” y para evitar el hacinamiento y horas de espera, que “los resultados sean enviados por correo electrónico o de forma digital a cada pasajero”.
“Obviamente esto nos preocupa porque hemos tenido información no confirmada, que en el Conchita Palacios se han relajado tanto, que no le exigen a la persona que presente su boleto aéreo, eso está haciendo que muchas personas que creen que tienen el Covid, vayan ahí y se hagan la prueba haciéndose pasar como viajeros, y obviamente si fuera cierto eso es una fuente de contagio en potencia”, dijo Lucy Valenti, presidenta de Canatur.
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Cabe destacar que entre los requisitos para hacerse este examen está: presentar su identificación, ya sea por cédula o pasaporte y su pasaje o itinerario de vuelo. Además el comprobante de pago o realizar el pago en efectivo en el lugar.
Aguerri agregó que hay que reducir el costo de la prueba y que esta esté a disposición del sector privado para que la realice. “Lo otro es que hay que mejorar las condiciones de atención para las personas que estén solicitando la prueba, que sea de manera digna porque lo que ves ahí es que están promoviendo el contagio. Que establezcan un mecanismo que aseguren que las personas ya hayan pagado para que solo hagan una fila para el examen y esto debe ser en horarios escalonados y que se entregue vía electrónica, porque es una barbaridad lo que está sucediendo”, añadió.
Al respecto Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur) que es urgente que atienda la demanda de la gente.
“Creo que fueron (los del Minsa) superado por la demanda, se tiene que hacer todos los cambios necesarios para ampliar la capacidad tanto para la toma de la muestra como de la entrega y que sea digital, por correo como hacen algunos hospitales, bien se puede mejorar las condiciones de atención a la gente, porque pagar 150 dólares es para una buena atención”, dijo Torres.
Por otra parte, Valenti hizo ver que las pruebas en otros países tienen costos más bajos o son gratuitas, mientras que en Nicaragua es excesivamente cara, está encareciendo los costos de viaje y es una traba para la reactivación del turismo.