«Viva Nicaragua Libre». Esa fue la frase escrita por el preso político Sergio Beteta en el acta de la Audiencia Inicial, en vez de firmar, convirtiéndose en su última protesta contra el régimen de Daniel Ortega. Esta acción molestó a la titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, Karen Chavarría, quien tuvo que romper el acta y volver a imprimir otra, que se negó a firmar el imputado.
Tal acontecimiento fue relatado por el abogado defensor de Beteta, Julio Montenegro, quien además informó que el juicio oral y público está previsto para el martes 24 de febrero, a las 11:00 a.m, siendo por los delitos de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, y portación ilegal de armas.
«Hay un video que nadie lo puede negar y no tenemos problemas en decirlo que puede ser potencialmente un elemento de prueba, donde el estaba siendo grabado y él estaba pidiendo la unificación de la oposición y en ese momento él estaba quemando una bandera en la calle», expuso Montenegro, cuestionando las imputaciones en contra de Beteta.
Beteta fue apresado el lunes 21 de diciembre de 2020 por el hecho de ejercer su derecho a la protesta cívica. Ese día llegó al sector de la Universidad Centroamericana (UCA) y en plena vía le prendió fuego a una bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mientras extendía en sus manos la bandera de Nicaragua, demandaba libertad para los presos políticos y unidad en la oposición. Minutos después llegaron policías en motos y camioneta, lo neutralizaron y trasladaron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el nuevo Chipote.
Dos días después, en la víspera de Nochebuena, el joven fue llevado en secreto al Complejo Judicial Central de Managua y la Fiscalía lo acusó. La titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua decretó prisión preventiva y programó la Audiencia Inicial del nuevo preso político para el 18 de enero.
La Audiencia Inicial es para que la Fiscalía presente las pruebas con la que cuenta para demostrar en juicio la culpabilidad del imputado, que el Juez revise las medidas cautelares y la parte defensora solicite, si así lo considera conveniente, una valoración del reo.
Montenegro cuestionó que la acusación haya sido por según traficar 2,340.3 gramos de marihuana y portar ilegalmente un arma. «Es impensable que una persona que en plena calle anduvo ejerciendo protesta de carácter político, pidiendo libertad de los presos políticos y unidad, cargara en su cuerpo seis paquetes de marihuana, por lo que implica el tamaño tuvo que andar bastante ocupado, aparte que es totalmente fuera de lugar hablar que andaba con arma cuando él ni se corrió, anduvo tranquilamente», analizó.
De acuerdo a organismos de Derechos Humanos del país, la lista de presos políticos supera las cien personas. Analistas políticos han reiterado que el régimen de Daniel Ortega los utilizará «como moneda de cambio» en este año de elecciones presidenciales.
