Por 12 meses que pueden ser prorrogables, el régimen Ortega-Murillo autorizó mediante dos decretos presidenciales la suspensión de veda para corte, aprovechamiento, transporte y comercialización de árboles de pino, cedro real y pochote en todo el país, incluyendo en áreas protegidas, a pesar de que en 2020 los bosques en el país sufrieron los impactos de los huracanes Eta y Iota.
La publicación de los dos decretos se hizo el viernes 15 de enero, pero según se lee la aprobación fue el 12 de este mismo mes. Dicha acción, a criterio de un especialista consultado por LA PRENSA, evidencia la posición del régimen de aumentar la explotación maderera en el país.
El director ejecutivo del Centro Humboldt, ingeniero Víctor M. Campos, señaló que la suspensión de veda para las especies de árboles evidencia la intención y posición de las autoridades gubernamentales ante la deforestación, destrucción y que en el peor de los casos abre camino para aumentar la explotación de las especies, sin importar las áreas protegidas.
“Lo más riesgoso es haber incorporado las áreas protegidas para poder explotar las especies que se han mencionado, porque qué objeto tiene poder cortar y comercializar esas especies valiosas en el Atlántico y Pacífico. No es ahora que van a comenzar a vedar, aquí la veda es formal que evidencia la voluntad de las autoridades de gobierno, que están permitiendo la explotación y aprovechamiento en todo el país”, declaró Campos.
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Asimismo afirmó que el corte de este tipo de especies se hace en verano para poder facilitar la explotación y explicó que más allá de cortar dos 0 tres árboles de cada hectárea protegida, se incluye la destrucción del 20 por ciento de la masa forestal. Aproximadamente un metro cúbico de madera de cedro puede costar entre 150 y 200 dólares. Un árbol grande de cedro puede medir cinco metros cúbicos.
“Se debe hacer un camino para llegar hasta donde está el árbol, cortarlo y después con un tractor arrastrar el árbol; están levantando la veda, porque la explotación se hace en verano para poder facilitar la salida”, añadió el director ejecutivo del Centro Humboldt.
“Absurdo y contraproducente”
El ecosistema nacional fue golpeado por los efectos de los huracanes Iota y Eta, que azotaron gran parte del territorio nicaragüense en noviembre del 2020 y la autorización ni siquiera respeta las áreas protegidas existentes; daños por los que el régimen a través de su portavoz Rosario Murillo pidió compensación internacional.
“Es absurdo y contraproducente que permitan el corte y la comercialización de estas especies en áreas protegidas. Es ir exactamente en contra el sentido y objetivo que tienen estas zonas que es proteger y conservar, no puedo decir que estoy protegiendo y conservando y a la vez abriendo la posibilidad de explotación comercial de especies tan importantes como estas”, afirmó Campos.
De acuerdo, con el director ejecutivo del Centro Humboldt, los mayores beneficiarios son las grandes empresas quienes exportan el tipo de madera. “El mayor beneficiario no es el propietario, son quienes las cortan, trasladan y la venden en el mercado internacional”, detalló.
También sostuvo que la decisión es contraria a la declaración de emergencia climática que declaró la Organización de Naciones Unidas (ONU) a nivel mundial. “Va en contra de la emergencia y además del espíritu del crédito que acaba de conseguir el Gobierno del Fondo Verde para el Clima, entonces por un lado reciben el apoyo financiero para proteger y mantener los árboles en áreas protegidas, capturando carbono, y con la otra los mandan a botar, es contraproducente. Como es característico, las políticas públicas no son coherentes. El Fondo Verde debería de reconsiderar el financiamiento”, afirmó.
Recordó además que la tala de árboles causa repercusiones a la fauna debido a que “los árboles y los bosques son las zonas de protección y reproducción de las especies de fauna, hay un impacto integral al ecosistema que va desde menos producción de agua hasta la reproducción”.
Los decretos y justificaciones
En el decreto presidencial número 02-2021 se establece que “se suspende en todo el territorio nacional, incluyendo las áreas protegidas, la veda para corte, aprovechamiento, transporte y comercialización de árboles de la especie pinos (pinus sp) por el período de doce meses, el que podrá ser prorrogable, teniendo como soporte los estudios y recomendaciones técnicas y administrativas (…)”.
La decisión de la continuidad de aprovechamiento y comercialización de los pinares fue justificada por el régimen de Nicaragua con que ha “contribuido a dinamizar las actividades económicas del sector, el mejoramiento de vida de la población, la generación de empleos directos e indirectos, mayores ingresos fiscales y municipales”.
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Enseguida, menciona que dicha práctica además “promovió el desarrollo de los bosques naturales de conífera, lo que permitió asegurar la cobertura permanente y aprovechamiento sostenible de los bosques (…) permitió ejecutar medidas de prevención y control de incendios forestales”. El Gobierno argumentó lo mismo que hizo para el corte de pino, en el caso de cedro real y pochote.