La familia Icaza Rugama que habitan en el barrio Sutiaba, de la ciudad de León, denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de los oficiales de la Policía Orteguista (PO), los asedia constantemente. La tarde de este sábado el asedio subió de tono cuando los uniformados llegaron a la vivienda supuestamente a buscar droga y despojaron de cuatro celulares a los afectados.
En la vivienda habitan Ruth Rugama y su esposo Ariel Icaza Acosta, expreso político de la dictadura, junto a sus hijos. Ambos son opositores que han sido víctimas de los abusos del régimen e integran las filas de la Alianza Cívica por la Unidad Nacional (ACUN). Según Fredy Rugama, padre de Ruth, los oficiales de la PO llegaron después de la una de la tarde sin una orden judicial y con lujo de violencia a requisar la vivienda.
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“Desde anteayer están viniendo a acosar y hoy vinieron. Ya estamos hartos de estos degenerados, tenemos años desde que nos están acosando. Los policías le dijeron a mi hija que llegaban a allanar y que tenían órdenes de meterse donde ellos querían y de llevarse lo que ellos quisieran. Quitaron cuatro teléfonos y dijeron: ´aquí nosotros mandamos´, y no presentaron ninguna orden de allanamiento”, relató Rugama.
Robaron celulares
Rugama detalló que los uniformados de la PO se llevaron los celulares de su hija, de dos de sus nietas y de una vecina que desafortunadamente estaba en la vivienda cuando ocurrió el abuso policial. Recordó que hace dos meses los policías allanaron ilegalmente su vivienda y se llevaron el celular de su hijo, Bryan Rugama, de 26 años, valorado en más de 22 mil córdobas. Nunca lo regresaron.
“Les dijeron que les iban a dar un recibo de ocupación por los celulares que se llevaron, pero a la última hora no dieron nada. Ellos no regresan los celulares, eso es un robo que andan haciendo. Tengo ya tres años de estar poniendo denuncias en la Comisión Permanente de Derechos Humanos porque nos siguen asediando, hace rato hasta me golpearon los policías”, recordó Rugama.
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Icaza Acosta fue acusado junto a otros dos opositores el pasado 8 de diciembre de 2018 por el supuesto delito de entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del estado de Nicaragua, por poner tranques en las calles del barrio Sutiaba, en León. Fue liberado en mayo de 2019.
