De manera sorpresiva este miércoles trascendió una denuncia ante la Dirección General de Auxilio Judicial (DGAJ) contra una banda criminal que supuestamente estaría involucrada en actividades ilícitas en perjuicio de Ben Watcher Associates Inc (BWA), la inversión estadounidense que el Gobierno de Daniel Ortega inauguró en octubre del 2017 y que ahora se está yendo del país.
Se trata de la maquila que dejó sin trabajo a 2,035 personas en Diriamba, Carazo, y era considerada la segunda empresa textil confección más importante de ese departamento. En un principio se conoció que la misma se iba por problemas financieros y que parte de sus activos estaba siendo absorbido por otro inversionista que tiene planes de contratar a una parte de esos desempleados.
El anuncio de estos despidos, que ya está en manos del Ministerio del Trabajo, había provocado en las redes sociales rechazo contra el Gobierno, al que señalaban de ser responsable de la ida de inversionistas por el clima de inestabilidad política e incertidumbre económica que se encuentra el país.
Pero este miércoles sorpresivamente trascendió una acusación donde se señala a una banda criminal denominada Los Calero, de haber estafado por más de ocho millones de dólares a BWA y que supuestamente habría sido ejecutada por el presidente de la junta directiva de la empresa, Manuel Calero y varios familiares de él, así como allegados, según la acusación presentada ante la Fiscalía.
La denuncia fue puesta ante la Dirección General de Auxilio Judicial (DGAJ) por parte del representante legal de la zona franca y de BWA, Hardlen Bladimir Huete, según el documento facilitado por el secretario de la Central de Trabajadores de Zonas francas (CST-ZF), Pedro Ortega a LA PRENSA.
La denuncia penal señala que Calero y su círculo decidieron crear a partir de febrero de 2017 la banda nacional e internacional denominada: Los Calero, utilizando como fachada de legalidad a “BWA, S.A.”, para cometer delitos graves y menos graves, sobre todo delitos de naturaleza patrimonial (estafas, apropiaciones indebidas, etc); societarios (gestión abusiva, etc); contra la fe pública (falsificaciones, uso de documentos falsos o alterados, etc); y socioeconómicos (lavado de dinero, bienes o activos, etc).
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Anitec no conoce el caso
Apenas el martes el director de la Asociación Nicaragüense de Textil Confección (Anitec), Dean García, dijo que el cierre BWA no implicaría el no pago de las prestaciones de los más de 2,000 empleados despedidos y declaró que la nueva empresa a cargo contrataría a una parte, además de mencionar que el Ministerio del Trabajo (Mitrab) estaba monitoreando el proceso de despidos en esa zona franca.
Este miércoles García dijo a LA PRENSA que sabía poco de la demanda. “Esas son cosas privadas de las compañías, pero estamos tratando de recopilar información”. El director de Anitec expuso que estaba en una reunión de trabajo y no dio más detalles.
La acusación en contra de Manuel Calero ante la DGAJ apunta a que este tenía a su disposición total el dinero, bienes, activos, o cualquier recurso financiero, de la sociedad BWA. S.A; entre otros y que realizó distracción del dinero de BWA comprando casas, terrenos, autos de lujo, viajes al extranjero, joyas, etcétera; con el dinero se compraron pocas maquinarias, y no se realizó la debida inversión en BWA. S.A.
Además se le inculpa de supuesta contratación fraudulenta de personal con jugosos salarios para miembros de la supuesta banda que lideraba y liquidaciones fraudulentas y jugosas; se apropió para sí contrataciones y pago de personal fantasma o inexistente; adquisición de deudas sin justificación alguna; inexistencia o alteración del estado financiero; vendiendo como propios bienes ajenos; mediante maniobra fraudulenta no enteró el debido aporte patronal a la seguridad social; lavando el dinero, bienes o activos de los circuitos de los fondos obtenidos, o de las ganancias obtenidas; o falsificando documentos de la sociedad BWA. S.A.
Sindicato: Mitrab no ha autorizado despidos
El secretario de la Central de Trabajadores de Zonas francas (CST-ZF), Pedro Ortega, dijo que en la zona franca hubo malversaciones financieras y que supuestamente eso llevó a la quiebra esta compañía. Explicó que al no cumplir con los pedidos, varios de estos pedidos fueron cancelados.
Andrew Lerner, representante de Ben Watcher Associates, Inc, con sede en New York, envió supuestamente una carta a Rodolfo Ramírez, administrador judicial de BWA, S. A, la zona franca registrada en Nicaragua, notificando el requerimiento de 10.3 millones de dólares en concepto de pagos adelantados por producciones nunca entregadas.
Además precisaba que como ya no estaban confeccionando las prendas a su favor, la materia prima debía ser entregada a Idea, Nicaragua S. A, la nueva empresa que supuestamente asumirá parte de los activos de BWA. La carta tiene fecha del 28 de diciembre de 2020. Cabe mencionar, que la acusación contra Calero solo menciona más de 8 millones de dólares adeudados.
Ortega reiteró que el Mitrab no ha autorizado la cancelación de los 2,035 trabajadores. “Nosotros lo que estamos pidiendo al Mitrab es que cada trabajador sea cancelado mediante ley su liquidación final”. Añadió que la nueva empresa de régimen de zona franca absorberá 1,000 personas de los 2,035 que ahora están en el desempleo.
La empresa de textil confección fue inaugurada en octubre del 2017 por el asesor para inversiones de la Presidencia, Álvaro Baltodano, en aquel momento fue vista como un enorme salvavidas para miles de personas sin un empleo, pero actualmente ese salvavidas se rompió. En ese año la planta se dedicaría a la confección de camisas de tejido plano, con diseños y acabados de primera. Sus planes eran exportar masivamente hacia Estados Unidos y tenía su base en El Salvador.
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