Además de los enormes retos que nos plantea el año 2021 en el campo sanitario y el económico-social, están los retos relacionados con la recuperación de nuestra institucionalidad democrática, hecha trizas por el régimen actual.
Nicaragua inicia el año, en que vamos a cumplir doscientos años de vida independiente, en una situación de confiscación de nuestra república, sustituida por un sultanato donde todos los poderes están concentrados en una sola persona, como nunca antes en nuestra accidentada historia.
En el campo sanitario, corresponde enfrentar seriamente un segundo rebrote de la pandemia y proceder a la vacunación masiva de toda nuestra población, con una vacuna científicamente probada, con las tres pruebas de rigor.
Otro reto prioritario, que debe asumirse responsablemente por el Estado y la sociedad, es la reconstrucción del Norte de nuestra Costa Caribe y demás lugares del país, terriblemente afectados por los huracanes Eta e Iota. Ya es hora que nuestra Costa Caribe salga de la situación de abandono en que ha estado en los sucesivos gobiernos.
Las perspectivas en el campo económico no son nada halagadoras. Pero la problemática económica no podrá resolverse sin que se supere la crisis política. Pretender que dialogando con el régimen se pueden obtener acuerdos favorables en el campo económico, es desconocer el pésimo récord que este tiene de incumplimiento de los acuerdos que suscribe. Además, es contraproducente abrirle espacio a un posible restablecimiento del modelo corporativo, que privilegió la estabilidad a costa de la institucionalidad, con un saldo final tan negativo para nuestra vida democrática.
En el campo político existe un convencimiento general acerca de que la vía cívica es la única aceptable para superar la crisis, apelando al instrumento civilizado de las elecciones. Por lo tanto, todos los esfuerzos deberían encaminarse a garantizar que las próximas elecciones del 7 de noviembre del 2021 sean libres, justas y transparentes, tal como lo mandata la Carta Democrática Interamericana, lo que implica que se atiendan todas las condiciones que enumera la resolución de la última Asamblea General de la OEA.
En consecuencia, tras priorizar la liberación de todos los presos políticos y la restitución de las libertades civiles y políticas que garantiza la Constitución, es decir, previo cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Negociación del Incae del 27 y 29 de marzo de 2019, la lucha por lograr una reforma electoral verdadera y no cosmética, debería estar en la primera línea de la agenda política.
Los sectores opositores, de manera urgente, necesitan constituir una alianza electoral que asegure el triunfo de la democracia en las próximas elecciones. Para lograrlo, se requiere constituir una unión opositora que convoque a todas las organizaciones civiles y políticas, con vocación democrática, para que asuman el compromiso de luchar unidos, sin deslealtades ni confrontaciones, por el objetivo común de derrotar ampliamente a la dictadura en la próxima contienda electoral. Será preciso consensuar dos temas claves: a) un plan de gobierno, escrito en forma sencilla y accesible, que responda a las necesidades más sentidas de nuestro pueblo; y b) los procedimientos para elegir a los candidatos de la alianza electoral, que sean capaces de captar el mayor caudal de votos de la ciudadanía.
Concluyo reproduciendo un párrafo del pronunciamiento del 14 de diciembre pasado, suscrito por un grupo de ciudadanas y ciudadanos que dice así:
“A un año de las elecciones que deberán tener lugar en 2021 la situación exige decisiones cruciales. Ningún país extranjero hará el trabajo de quitarnos de encima la tiranía y ninguna de las fuerzas opositoras, individualmente y por separado, será capaz de derrotarla y construir la democracia que necesitamos. Es imperativo, por tanto, poner remedio inmediato a la fragmentación y las pugnas entre las organizaciones opositoras, que solo confusión y desánimo generan en la población. Demandamos un diálogo entre las fuerzas opositoras, en el que prevalezca la voluntad de llegar a acuerdos. Ello exige una tregua, en la que se elimine el ruido de las hostilidades ideológicas y la figuración personal y se centren los esfuerzos, en primer lugar, en aquellos temas capaces de generar consenso. Deben reconocerse los errores para no repetirlos, sin que ello conlleve deshacerse en reproches inútiles y desgastantes”.
El autor es jurista y catedrático.
