La abogada de la empresa Indugasa, Camila Castro, negó que los propietarios de esta sociedad anónima hayan despojado ilegalmente de sus tierras a cuatro familias campesinas en la comunidad Las Pavas, del municipio Muelle de los Bueyes, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y que, por el contrario, fueron estas las que supuestamente quisieron apropiarse del lugar indebidamente.
El pasado ocho de diciembre cuatro familias campesinas denunciaron que fueron despojadas de 247 manzanas de tierras por la empresa Indugasa. Según los denunciantes, una judicial, acompañada de oficiales de la Policía Orteguista (PO) y civiles, se presentaron al lugar para desalojarlos con violencia de sus viviendas, y amarraron de manos a quienes se opusieron.
“El caso llegó hasta casación y la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Indugasa. La escritura de esa propiedad está registrada a nombre de Indugasa desde el año 1970. Lo que pasó es que esas personas (los denunciantes) desde hace 40 años eran trabajadores de los dueños de las tierras y luego quisieron apropiarse de ellas”, aseguró Castro.
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Empresa desconocida
Las familias afectadas enfrentaron un litigio contra Indugasa – empresa de la cual no encontramos información en la guía empresarial- y que según la abogada se dedica a la compra y venta de ganado. Ésta pertenece a los empresarios: Álvaro Solórzano, Alejandro Lacayo y la esposa de uno de ellos cuyo nombre no supo precisar la representante legal.
José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo no conocer referencias de la empresa Indugasa y tampoco de los empresarios antes mencionados. Llamamos al presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Álvaro Vargas, para preguntarle si conoce sobre dicha sociedad anónima, pero no contestó nuestras llamadas. Tampoco lo hizo el expresidente de Upanic, Michael Heally, quien es actual presidente del Cosep.
El campesino César Agusto Báez, conocido en el lugar como “Pica Pica”, aseguró que el terreno pertenece a su familia desde hace más de 50 años, pero que hace un poco más de 10 años la empresa Indugasa se empeñó en querer despojarlo de su propiedad. Báez le vendió parte del terreno a otras tres familias.
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“Resulta que hay un tomatierra al que le dicen Pica Pica, quien falsificó una escritura pública para intentar apoderarse de la propiedad y empezó a vender la propiedad, pero mis clientes tienen su registro desde los años 70 y la verdad que fue una lucha grande para poder esclarecer este caso”, explicó Castro, en referencia a la versión dada por César Agusto Báez.
“Se autoquemaron la casa”
Cuando ejecutaron el desalojo, la Policía dejó a cargo del terreno a Arlis Modesto Padilla, Reyner Andrés Cano Padilla y César Augusto Padilla, quienes -según las familias campesinas denunciantes- son tomatierras y trabajan para Clifford Arguello Aragón, quién actuaría como representante de Indugasa.
Este pasado 27 de diciembre, una casa fue totalmente quemada en la comarca Las Pavas y las tres familias campesinas afectadas denunciaron estar siendo amenazadas, si no abandonaban las propiedades.
Clifford Arguello, quien dice ser trabajador de confianza de los propietarios del terreno, negó que sus jefes hayan enviado a quemar la casa de una de las familias de los campesinos. “Ellos se autoquemaron las casas. Nosotros no las hemos quemado. Lo que ha pasado es que ellos no aceptan las manzanas de tierra que los dueños les están regalando para que no queden en la calle”, aseveró.
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Clifford ofreció facilitarnos el número de celular de los propietarios del terreno, pero al final no lo dio. La abogada Castro dijo que consultaría con sus clientes si podía darnos el contacto para entrevistarlos, pero finalmente no dio respuesta. También solicitamos una copia de la escritura que demuestra que Indugasa es dueña del terreno y de la sentencia de la CSJ, pero tampoco la obtuvimos.
