La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Alianza Cívica, advirtieron que detrás de la decisión del régimen de Daniel Ortega de postergar hasta en mayo del 2021 las reformas electorales, estaría el objetivo de no negociar nada con la oposición, sino de imponer «cambios cosméticos» que serían aprobados en la Asamblea Nacional, serían solo propuestas unilaterales del orteguismo.
Lo segundo que alertan los opositores es que, si la dictadura abre la negociación, sería para proponer modificaciones técnicas y no una profunda revisión que incluya el padrón electoral, despartidarizar al Consejo Supremo Electoral (CSE), reemplazar a los magistrados o permitir la observación de organizaciones internacionales sin restricciones, nacional e internacional, que son parte de las condiciones que se demandan para que las elecciones previstas en noviembre del 2021 sean transparentes y libres.
«Esperar hasta mayo es demasiado tarde. La ciudadanía necesita y merece tener certidumbre de que existe una vía civilizada, pacífica e institucional para salir de la crisis política y social que sufre Nicaragua», afirmó Maradiaga de la UNAB, a quien la dictadura le impuso casa por cárcel sin que exista un acusación judicial en contra del opositor.
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El asesor económico del régimen orteguista, Bayardo Arce, apareció la noche de este martes en una entrevista con el Canal 14, en la que afirmó que las reformas electorales serán en mayo del 2021.
«El presidente Daniel Ortega ha dicho que el próximo año vendrá la discusión de una reforma a la Ley Electoral con las diferentes fuerzas políticas. Será en el mes de mayo, no porque lo diga la OEA, sino porque son los plazos normales de un proceso electoral», afirmó Arce en la entrevista.
¿Una imposición o negociación?
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, expresó que preocupa que se cumpla el escenario de que las reformas electorales sean por decisión unilateral de Ortega, y se cierren a una amplia discusión con las diferentes fuerzas opositoras, sobre todo de las que surgieron de las manifestaciones de abril del 2018.
«Yo no entendí, por lo que dijo Arce, que habría una negociación, dijo que habría una reforma (en materia electoral). No descarto que hagan lo mismo que han hecho estos años, decidirlo unilateralmente. Si la posición es enviar directamente la Asamblea Nacional un paquete de reformas o si es una negociación. No ha quedado claro», dijo Chamorro, quien también la Policía Orteguista de manera ilegal le estableció Managua por cárcel, pues no le permiten desplazarse por el resto del país.
Los personeros orteguistas, como el sancionado presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, han descartado que se permita a los grupos opositores como la Alianza Cívica y la UNAB, que surgieron de las manifestaciones sociales del 2018, participar en una eventual negociación de reformas electorales. El FSLN solo aceptaría a los partidos con personería jurídica y a los que tienen representación en la Asamblea Nacional, que es su mayoría le han servido en procesos anteriores solo para legalizar el fraude que le han garantizado a Ortega gobernar desde 2007.
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Manipulan el plazo dado por la OEA
Ortega estaría manipulando el plazo en la resolución de la OEA, porque el proceso de la reforma lo empezaría hasta en mayo del 2021, lo cual va en contra de lo que le exigió el organismo hemisférico.
La resolución del 21 de octubre, la Asamblea General de la OEA , dice en el cuarto punto: «Instar a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021».
Pero si hasta mayo se convoca, la negociación sería de forma apresurada para tenerlas aprobarlas antes de que el CSE convoque a participar en las elecciones, que podría ser en junio cuando faltarían cinco meses para la fecha de las votaciones el 7 de noviembre del 2021.
Los temas que para la OEA son esenciales es que en Nicaragua se permita la observación electoral creíble de organismos nacionales e internacionales, la reestructura del Consejo Supremo Electoral (CSE), que, entre otros temas incluya «un proceso pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos».
En cuanto al Padrón Electoral se demanda que se actualice y se le realice una «auditoría independiente de las listas de votantes», que el registro de votantes y la entrega de cédulas de identidad «sea transparente y efectivo», un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real, entre otros temas.
La comunidad internacional ya advirtió a Ortega, de manera bilateral y a través de organismos regionales como la OEA, que si las elecciones no son transparentes y libres, el gobierno que resulte no sería reconocido como legítimo.
Todos los temas deben hablarse
La posición común de la UNAB y la Alianza Cívica es que el régimen debe convocar ya a discutir los cambios al sistema político y electoral, y no hacerlo hasta mayo del 2021. Esa negociación no debe ser excluyente y debe basarse en la resolución de la OEA, pero también retomar las propuestas consensuadas por el Grupo Promotor de Reformas Electoral (GPRO), que incluye nombrar a nuevos los magistrados del CSE por cuanto los actuales funcionarios están desacreditados ante la población, porque le han garantizado los fraudes a Ortega y el FSLN.
«Ortega debe cumplir con las resoluciones de la OEA y regresarle a la ciudadanía el poder, que sean ellos quienes decidan por quién y como quiere ser gobernados», aseguró Maradiaga, del consejo político de la UNAB.
Por su parte, el director de la Alianza Cívica resaltó que «si el contenido de las reformas es inminentemente técnico y superficial no es lo que el pueblo demanda». «Acá se demanda el asegurarse de que no se roben los votos, de que quienes estén en el CSE sean personas de probidad, un padrón electoral limpio para que no hayan «muertos» votando, que la transmisión de datos sea de forma real, que existan sistema de impugnación efectivo, pluralismo político y que haya observación irrestricta», mencionó Chamorro.
Pero antes de sentarse a discutir las reformas electorales, la Alianza Cívica y la UNAB, comparten la posición de que todos los presos políticos deben ser liberados, acabado la represión y restablecidos los derechos fundamentales como el de la manifestación. Son condiciones a las que los opositores no renunciarán.
«Hablamos de condiciones habilitantes que son respeto de las garantías constitucionales. Es incongruente participar en una negociación en material electoral si no se cumplen primero las condiciones de respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y el cese de la represión», afirmó Maradiaga.
Chamorro, de la Alianza, dijo que «no sería congruente» estar en un proceso de negociación, si el régimen no cumple primero los acuerdos firmados el 27 y 29 de marzo del 2019, alcanzados en el segundo diálogo nacional entre la dictadura y la Alianza Cívica.
