La represiva Ley de Agentes Extranjeros, o mejor conocida como Ley Putin, que el régimen de Daniel Ortega aprobó este año para perseguir a las organizaciones no gubernamentales y a sus adversarios, empieza a pasar factura al país: la organización sin fines de lucro We Effect anunció el pasado 11 de diciembre que da por terminadas sus operaciones en Nicaragua “de manera inmediata” después de 35 años aquí, como consecuencia de dicha ley, lo que representa un golpe en la lucha contra la pobreza en los nicaragüenses.
We Effect, con sede en Estocolmo, Suecia, se estableció en el mundo en 1958. “Somos una organización global que lucha contra la pobreza en más de 20 países diferentes en África, Asia, Europa y América Latina”, se lee en su sitio web, donde también colgó su comunicado de salida de Nicaragua. En Centroamérica, esta ONG también trabaja en Guatemala, El Salvador y Honduras.
“La ley (de Agentes Extranjeros) es otro ejemplo de que el espacio democrático se está reduciendo en el mundo. Especialmente durante la pandemia de Covid-19 hemos visto que las libertades y los derechos fundamentales de las personas se reducen”, dijo Anna Tibblin, secretaria general de We Effect.
La Ley Putin de la dictadura establece que todas las organizaciones o personas que reciben dinero de la cooperación internacional o realizan trabajos como consultorías, medios de comunicación y corresponsales internacionales, deben registrarse antes del 14 de enero 2021 en el Ministerio de Gobernación, como “agentes extranjeros”.
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En su comunicado Wee Effect, informa que han analizado la ley y no hay forma de evitar este registro por lo que es “imposible para la organización realizar un trabajo pertinente de cooperación para el desarrollo en el país”. Además indica que “el agente extranjero, después de registrarse, tiene prohibido participar en actividades políticas. Las sanciones por no cumplir con la ley van desde multas y confiscación de fondos hasta encarcelamiento. Exactamente como se define una actividad política todavía no está muy claro”.
Anna Tibblin, citada en el comunicado, reconoce que es una tristeza el tomar esta decisión luego de 35 años trabajando en Nicaragua. “Quisiera seguir apoyando a las y los campesinos de Nicaragua en su lucha contra el hambre y la pobreza”, lamentó.
La organización también se dedica al apoyo y capacitación de campesinos, indígenas y al fortalecimiento de las organizaciones democráticas. Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina, solo por detrás de Haití y el flagelo se ha profundizado en los últimos tres años de recesión que estalló tras la represión estatal de abril del 2018 y ante la falta de una salida a la crisis política.
“Nuestro trabajo enfatiza la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Apoyamos la promoción de la igualdad de derechos al poder, la tierra, la vivienda y la seguridad alimentaria”, resalta la ONG en su sitio web.
Según la organización: “La decisión significa que la oficina de Nicaragua va a cerrar y que los empleos de las colegas en el país lamentablemente se van a terminar. La sede en Estocolmo ha encargado a la Oficina Regional que elabore urgentemente un plan de salida del país”.
“Cooperación se reducirá”
Luciano García, expresidente de Hagamos Democracia, una organización no gubernamental cerrada por Ortega en diciembre del 2018, dijo que dicha ley de agentes extranjeros traerá como consecuencia el retiro de más organizaciones internacionales que se traducirá en menos programas para combatir la pobreza.
“A nosotros nos aplicaron la ley de agentes extranjeros sin que existiera. Nos acusaron de financiar el golpe de estado y de terrorismo. Ahora lo que hicieron fue que lo legalizaron con esta ley para que las ONGs y las empresas, no podamos promover la democracia”, dijo vía telefónica a LA PRENSA desde el exilio.
De la misma opinión es el exdiputado liberal, José Pallais. “Sin duda se irán más organizaciones. Es una consecuencia y un daño en la reducción de la cooperación que se canalizaba en ONGs sobre todo nacionales. Ahora todo eso queda restringido, sobre todo en materia de derechos humanos y elementos de promoción de la democracia”, dijo.
“Ley castra la nacionalidad”
Haydee Castillo era directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, una de las organizaciones que también sufrió el retiro de su personalidad jurídica en diciembre de 2018. La defensora de derechos humanos se retrotrae hasta 2007 y asegura que las ONGs tanto nacionales como internacionales con presencia en el país vienen teniendo “progresivamente una condición poco habilitante para trabajar”.
“Con esta ley ya no solo se limitan a controlar todo el actuar sino a criminalizar el derecho a asociarse, a organizarse, a trabajar desde diferentes ámbitos en pro de la ciudadanía, sus derechos y su desarrollo”.
Castillo también asegura que esta ley “castra la nacionalidad nicaragüense” a quienes sin ser extranjeros por el simple hecho “de recibir cooperación de fuera del país se les asume como extranjeros y al servicio de intereses de otras naciones”.
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En este sentido se verán afectadas organizaciones que trabajan financiando proyectos de educación, de acceso al agua potable y saneamiento, ayuda a cooperativas de mujeres y otros proyectos que no tienen nada que ver con asuntos políticos.
“Esta ley empobrece mucho al pueblo. Primero porque miles de personas quedarán sin empleo y muchas empresas también ya no se beneficiarán de las acciones que contrataban las ONGs para desarrollar sus proyectos. También está la pobreza social y políticamente porque con esta ley la participación ciudadana, el asocio, la organización, la auditoría social, la labor educativa entre otras labores pasan a considerarse como delitos y por tanto se judicializa la acción social y política”, dijo Castillo, que igualmente se encuentra en el exilio.
Interpusieron recursos por inconstitucionalidad
Esta semana desde la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONGs, que está conformada por más de 100 organizaciones con presencia en casi todo el territorio nacional, se presentaron varios recursos por inconstitucionalidad contra la ley de agentes extranjeros.
Amaru Ruiz, parte de esta plataforma explicó que están agotando todas las vías legales a lo interno “para dejar un precedente”. Así mismo indicó que estas acciones legales van a continuar y que ya se están buscando formas para que las diferentes organizaciones locales puedan seguir trabajando pese a la aplicación de esta ley, aunque indicó que cada vez son más las acciones de la dictadura contra las ONGs.
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“Hay todo un mecanismo que va contra cualquier acción de las organizaciones. Al final los mayores perjudicados son el pueblo nicaragüense. Nuestro país tiene derecho a recibir cooperación”, apuntó.
Sobre esta ley las diferentes organizaciones ya han informado a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Instancias como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Unión Europea y grupos que trabajan en la defensa de derechos humanos están al corriente sobre la ley de agentes extranjeros.