A pesar que Nicaragua fue azotada por los huracanes Eta e Iota en noviembre, el régimen de Daniel Ortega no cesó su represión contra los derechos humanos de los nicaragüenses. Durante los 30 días de ese mes, el Monitoreo Azul y Blanco registró un total de 279 incidentes en todo el país, de los cuales 149 fueron identificados como hostigamientos, 29 judicializaciones, 15 agresiones, 15 amenazas y 14 detenciones perpetradas por la Policía Orteguista y grupos parapoliciales.
«Durante el paso de los huracanes se registraron incidentes de albergues sin condiciones óptimas, asedio a periodistas que cubrían noticias relacionadas a las tragedias, acoso a centros de acopio que recogían ayuda humanitaria para familias damnificadas y actos de proselitismo en entregas de ayudas», indica el reporte del equipo interdisciplinario de personas activistas y organizaciones de derechos humanos.
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Una integrante del Monitoreo Azul y Blanco, explicó a LA PRENSA que durante ese mes «encontramos reportes de hostigamientos perpetrados siempre por oficiales de la Policía como antimotines, y lo más novedosos es que ahora se suman la vigilancia por personas vestidas de civil que podrían estar involucrado a inteligencia de la misma institución».
Enseguida mencionó que la vigilancia a partir de ese mes se convirtió más sistemática, es decir las 24 horas del día. «Ya es una vigilancia más sistemática, se han identificado personas que no se han despegado de las afueras de las casas, en las 24 horas del día y los siete día de la semana, y se les da seguimiento en cuanto al desplazamiento de las víctimas, y los hostigamiento no solo esta focalizado en excarcelados políticos, familiares de presos políticos sino que también ahora se incluye a liderazgo locales, nacionales y defensores de derechos humanos», apuntó la integrante del equipo interdisciplinario.
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En comparación a meses anteriores en noviembre hubo una leve disminución, por ejemplo en julio 437, agosto 281, septiembre 486, octubre 427, lo que a criterio del Monitoreo se debe al tema de «los huracanes porque hubo falta de movilidad por unas semanas, por eso no se dieron tantos incidentes en noviembre».
Represión en todo el país
En el informe se detalla que la represión se da en los 17 departamentos de Nicaragua, donde Managua continúa siendo la zona más agresiva con 41 por ciento de los incidentes documentados, seguido por Matagalpa con el 11 por ciento, Masaya con el 10 por ciento y específicamente en ese mes se recrudeció la represión el la Región Autónoma del Caribe Norte con el 8 por ciento, zona donde los potentes ciclones tocaron tierra en menos de 15 días.

«Ahora con Eta y Iota en noviembre se vio un hostigamiento en el Caribe Norte, en donde con fines de control social buscaron evitar que la población se solidarizará con los damnificados en los diferentes centros de acopios y albergues», apuntó la integrante del Monitoreo.
Diciembre, aumento represivo
En cuanto al inició del Plan María anunciado por el régimen que desplegó a más de 14 mil oficiales de la Policía Orteguista, el Monitoreo alertó que notablemente apunta a que el mes de diciembre, cierre con más agresiones.
«La presencia policial en las calles podría ser indicativo de más represión, en especial durante este mes donde los familiares y organizaciones se aglutinan y se movilizan con las campañas de Navidad Sin Presos Políticos, el plan Mariano es preventivo, inhibitorio, coercitivo de la movilización social», concluyó la integrante.
A diario 3 detenciones
Desde abril 2018 a la fecha, el Monitoreo ha documentado 11, 826 incidentes por lo que a diario en promedio ocurre en Nicaragua 13 violaciones a derechos humanos. En este conteo, el régimen ha ejecutado 2, 978 detenciones, 2,060 hostigamientos, 1,502 agresiones y 505 muertes.
Específicamente, se detalla que en promedio a diario ocurren 3 detenciones, 2 hostigamientos, 2 agresiones y 1 muerte. En este apartado, el equipo interdisciplinario sostiene que «el restante, es decir, 4, 781 incidentes reportados corresponden a categorías de menor de edad, relacionados al Covid-19, lesiones, amenazas, judicializaciones, torturas, violencia de género, agresión sexual y otra».