Más representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), desfilan ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer ante la Sala Constitucional recursos por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), mejor conocida como «Ley Putin» por su similitud con una legislación aprobada en Rusia por el presidente Vladimir Putin.
En esta ocasión se presentaron miembros del Programa Feminista La Corriente y activistas del Movimiento Feminista de Nicaragua (MFN), pero como ya es costumbre fueron asediadas por oficiales de la Policía Orteguista (PO). Uno de los uniformados y un hombre vestido de civil procedió a hacer fotos a las feministas y a los periodistas de medios de comunicación independientes que cubrieron el evento.
“Asumimos que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es una ley inconstitucional, viola al menos 17 artículos de la Constitución Política de la República y por tanto carece de legitimidad; entonces es una ley que conculca el derecho de la ciudadanía a organizarse, a participar en los asuntos públicos, a ser tomadas en cuenta por el Estado y a acceder a recursos de la cooperación para poder desarrollar nuestro trabajo”, dijo María Teresa Blandón, directora de La Corriente.
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Peligro para organizaciones
Este jueves interpusieron recursos por inconstitucionalidad en la CSJ: el excandidato presidencial Edmundo Jarquín Calderón, la ex y la actual presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ana Margarita Vijil Gurdián y Suyén Barahona Cuan, respectivamente; así como Violeta Mercedes Granera Padilla, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), entre otros reconocidos opositores al régimen de Daniel Ortega.
“Antes de que se aprobara esta ley ilegítima cerraron nueve ONG de manera arbitraria y sin ningún asidero legal, ahora con esta ley el régimen Ortega Murillo tiene un instrumento legal, si bien ilegítimo, para intervenir a cuanta organización de la sociedad civil considere que es un peligro o que es inconveniente, entonces tiene el andamiaje legal para cerrar cualquier organización, incluyendo por supuesto las organizaciones de mujeres”, cuestionó Blandón.
La «Ley Putin» fue aprobada el pasado 15 de octubre por los diputados del régimen de Daniel Ortega y entró en vigencia el pasado 19 de octubre. Tiene por objetivo controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles, y los acusa y criminaliza por ese hecho sin un proceso previo de investigación, lo que es considerado una violación al artículo 34 de la Constitución Política, que establece el derecho a la presunción de inocencia.
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Sin esperanza de respuesta
Ciudadanos reaccionan molestos y preocupados por las leyes que ha venido aprobando el régimen a través de la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional, por considerarlas abusivas y que violan los derechos humanos de los nicaragüenses. Una de las pocas acciones a las que pueden recurrir es la interposición de recursos por inconstitucionalidad ante la CSJ dominada por la dictadura, de la cual no esperan una respuesta.
“Ya hemos introducido otros recursos (por inconstitucionalidad) por la Ley del Aborto Terapéutico, por la Ley Integral de la Violencia contra las Mujeres, contra La Ley del Canal Interoceánico como feministas. Estamos cumpliendo con un requisito administrativo porque los otros han quedado allí sin ninguna respuesta pese a que hay un plazo establecido de 60 días, si no me equivoco, para resolver. Sin embargo, han quedado engavetados y no nos han resuelto, pero vamos a seguir haciendo uso de estos derechos porque para efectos de una gestión internacional o apelar a otras instancias forzosamente necesitamos agotar las instancias nacionales”, dijo Mirna Blandón, activista del MFN.
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Las feministas detallaron que el personal de la CSJ que les recibió el recurso no supo darles un plazo para obtener una respuesta y las remitieron a leer la ley para conocer el procedimiento a seguir. Exhortaron a otras personas y organizaciones a interponer más recursos por inconstitucionalidad en contra de la Ley Putin.
