Ortega envía peligroso mensaje a su militancia sandinista a medida que se acercan las elecciones 2021

Este jueves 19 de noviembre, el juez Erick Laguna, del Juzgado de Estelí, dejó en libertad al pistolero orteguista. Pineda fue declarado culpable del delito de homicidio imprudente por el judicial, y condenado a la pena mínima de un año de cárcel, sin embargo, el judicial, le otorgó de inmediato al acusado el beneficio de suspensión de ejecución de la pena, quedando completamente libre, denunció el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Eber Acevedo, defensa de la víctima.

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El activista, Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), señaló que la grave crisis de violaciones de derechos humanos en el país no empezó a partir de abril de 2018, con el estallido de la rebelión cívica, que dejó más de 320 muertos, decenas de heridos y miles de exiliados, según organismos internacionales de derechos humanos, que acusaron al Estado de Nicaragua de cometer «crímenes de lesa humanidad», sino que las constantes violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses empezó desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), asumió el poder en 1980.

«Este partido y sus cooperadores han demostrado en los diferentes momentos históricos que no existe justicia y transparencia en la administración del mismo. Se han cometidos delitos, crímenes atroces que han quedado en la impunidad hasta nuestros días en contra de muchos ciudadanos, que al día de hoy sus familias siguen demandando justicia», expresó Leiva.

«La liberación de Abner Pineda, operador y paramilitar del FSLN, no queda exento de la impunidad en la administración de justicia», agregó el defensor de derechos humanos.

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Para Acevedo, la liberación de Pineda, puede interpretarse como un mensaje que manda el gobierno de Ortega a su militancia, a quienes dota de impunidad y le otorga  la «vía libre» para cometer cualquier fechoría y que saldrán absueltos, siempre que le sean fiel a su régimen.

Este mensaje peligroso se envía a medida que se acercan las elecciones presidenciales en el 2021, que se teme sean violentas ante la negativa del régimen de abandonar el poder, mientras la comunidad internacional presiona por una elecciones justas y transparentes.

«Sí es cierto que (Abner Pineda) tuvo una condena de un año, pero de nada sirve porque le otorgaron la libertad, el mensaje es claro, el gobierno le esta mandando a decir a su militancia que pueden hacer lo que quieran y que nuestro poder judicial que esta controlado por nosotros los dejará en libertad», manifestó el abogado de la CPDH.

Antecedentes de impunidad favorecidos por el régimen 

Ambos defensores, coincidieron por separados, que cualquier persona que cometa un delito y tenga ideología afín al régimen Ortega Murillo quedará en la impunidad. Tal cual, ocurrió con el paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, de 42 años, quien hace más de dos años asesinó a la estudiante de medicina Raynéia Gabrielle Da Costa Lima, de origen brasileño.

Gutiérrez Solís fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato de la joven, sin embargo, la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, ordenó el pasado 24 de julio de 2019 su liberación, basando dicha decisión en la Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio del mismo año, por los magistrados de la dictadura, precisamente para  promover la impunidad para los responsables de la masacre policial y paramilitar ordenada por el régimen desde abril de 2018. Esta ley, también ordenó eliminar todos los antecedentes penales a Gutiérrez Solís.

«Ahí es precisamente donde la justicia no es ciega, esta estrategia de amnistía que aplicó el régimen para beneficio de toda su maquinaria y para destruir a otros»,  señaló Leiva.

Lima, de 31 años fue asesinada la noche del 23 de junio de 2018, cuando regresaba a su casa, los paramilitares abrieron fuego cuando ella circulaba exactamente en la calle que conecta a la Pista Suburbana y el Colegio Americano.

Gutiérrez Solís, es militante del Frente Sandinista, se conoció que fue soldado del Ejército de Nicaragua y que trabajaba en el cuerpo de seguridad de Alba de Nicaragua (Albanisa) y Empresas Nicaragüenses de Petróleo (Petronic), ambas instituciones sancionadas por Estados Unidos.

Asimismo ocurrió con el entonces capitán Zacarías Salgado, jefe de la patrulla que perpetró la masacre de Las Jagüitas en julio de 2015, donde murieron dos menores de edad y una mujer, además de resultar gravemente heridos dos menores, del total de siete miembros de una familia que iban abordo de un vehículo, durante un fallido operativo antinarcótico, recuerda Acevedo.

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Salgado no solo logró que en tres años desaparecieran los 11 años de condena por haber sido encontrado culpable por los delitos de homicidio, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro, por la masacre de la familia, en la comarca Las Jagüitas, de Managua, sino que fue condecorado por Francisco Díaz, jefe de la Policía orteguista y consuegro del dictador, por supuestas acciones heroicas durante su participación en la jornada de represión contra el pueblo en 2018.  «El mensaje es claro, pueden hacer lo que quieran no les pasara nada», insistió Acevedo.

«No es posible que Pineda, habiendo asesinado a la luz del día, a sangre fría, a vista y paciencia de las autoridades hoy un juez tenga que darle la libertad, en cualquier condición no cabe esa medida cautelar. Ahí tenemos el caso del asesino de Carlos Guadamuz, que anda paseándose por todo el país frente a la comisión de un asesinato atroz», mencionó Leiva.

El controversial periodista y político, Carlos Guadamuz Portillo fue asesinado de tres disparos el 10 de febrero de 2004, por el gatillero Willian Hurtado García, condenado a 21 años de prisión: 18 por el delito de asesinato como pena principal y tres por tentativa de homicidio contra el hijo de Guadamuz, entonces un adolescente de 16 años, que lo golpeó, persiguió y capturó después de haberle disparado a su padre, frente a las instalaciones de Canal 23.

Hurtado García, condenado confeso solo cumplió con cuatro años de los 21 que le tocaba cumplir en prisión, debido a que recibió el beneficio de «régimen de convivencia familiar extraordinaria» atribuido a «razones eminentemente médicas», justificó la entonces Ministra de Gobernación, Ana Isabel Mora.

«El mensaje es claro para la población nicaragüense indefensa y el mensaje para la militancia corrupta y asesina del partido del régimen, en el sentido que le da la libertad en cometer delitos graves, en materia penal y van a ser premiados con la impunidad», coincidió Leiva.

Poder Judicial es corrupto, señalan

El secretario ejecutivo de la Anpdh, señaló a los magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de corruptos, ya que operan al igual que la Policía sandinista como órgano represor contra los opositores del régimen, por liderar acusaciones falsas en contra de opositores e incumplir con sus funciones de garantizar los derechos constitucionales y procesales de las personas secuestradas por participar en las protestas antigubernamentales en 2018.

«Tenemos un poder judicial altamente corrupto, podrido, y que lo menos que existe como posibilidad es una administración de justicia para que no exista la impunidad y violaciones graves a los derechos humanos. Ahí tenemos el caso de los presos políticos, que la batería del poder de administración de justicia ha inventado y ha deslegitimado, los ha encarcelado, los ha condenado sin existir un fundamento legal, lo que nos indica que el poder judicial dejó desde hace muchos años atrás ser un poder autónomo en sus decisiones y sobretodo en la administración de justicia», manifestó Leiva.

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«Precisamente de ahí (CSJ) se derivan las violaciones graves a los derechos humanos que han quedado y que siguen quedando en la impunidad y en la injusticia, en la indolencia. Y en ese sentido el hecho de haber tomado esa decisión (de liberar a Pineda) no nos toma por sorpresa», aseguró.

Por tanto, Leiva sentenció, que no debe tomarse por sorpresa el día que muchos administradores de justicia, entre ellos jueces y magistrados «corruptos» tengan que ser presentados ante la justicia de los derechos humanos para ser procesados por la violación a  la Constitución y a las leyes a quien ellos se deben.

De acuerdo con registros de las organizaciones opositoras, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y Unidad Nacional Azul y Blanco, en las diferentes cárceles del país se encuentran más de cien personas detenidas por haber participado en manifestaciones opositoras al régimen.

Irregularidades en juicio contra el tirador de La Trinidad 

El abogado de la CPDH, Eber Acevedo, reveló que el Ministerio Público desde un inició actuó de forma parcializada en el proceso contra Abner Pineda. El defensor, detalla que la Fiscalía acusó a Pineda por el delito de homicidio por la muerte de Jorge Luis Rugama Rizo, el 19 de julio de 2020 por haber gritado ¡viva Nicaragua libre! a una caravana sandinista que estaba frente a su vivienda, la cual era encabezada por Pineda, pese a que las pruebas y los testigos confirmaban que se trato de un asesinato.

Recuerda que desde la primera audiencia el acusado nunca utilizó el uniforme de color azul que usan los privados de libertad, además que en la primera audiencia el Ministerio Público le había dado ciertos beneficios como el uso de un teléfono celular. «Incluso se puso en tela de dudas si la señora Luisa Rizo era la madre de Jorge Rugama Rizo, lo cual nos llevó a presentar un escrito con actas de nacimientos para demostrar que en realidad era la madre de la víctima y que ella quería que nosotros (CPDH) la representáramos», indicó Acevedo.

Ya en el desarrollo del juicio, explica que la Fiscalía presentó su teoría del caso, la cual establecía que iban a demostrar el delito de homicidio, mientras que ellos (CPDH) como abogados acusadores particulares establecían el delito de un asesinato, ya que, «ocurrió en circunstancias que implicaban que era un asesinato», argumentó Acevedo.

«Durante el juicio los oficiales de la investigación fueron contundentes, un perito balístico dijo que esa arma nunca pudo haberse disparado por sola, que Abner Pineda actuó por si solo, cargó su arma, quitó el seguro y le disparó a Jorge Luis. De igual manera el investigador policial estableció que Abner Pineda se bajó del vehículo, camino hacia estaba Jorge Luis, es decir, a unos 70 metros y detonó el arma, quitándole la vida, cuando Jorge Luis se encontraba siendo detenido por unos vecinos en total indefensión», expresó.

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No obstante, «algunos testigos de la defensa alegaron que Jorge Luis llegó hacía donde estaba Abner (Pineda), lo tomó del cuello y que Abner se defendió y que hubo el disparo, lo cual es totalmente falso. Pues, se enseñaron las fotografías donde el cuerpo ya sin vida de Jorge (Rugama) esta frente a su casa y no en el lugar donde se encontraba Abner», alegó Acevedo.

La CPDH ya esta trabajando para apelar contra dicho fallo, según Acevedo, destaca que el organismo siempre mantuvo y quedó demostrado en el juicio oral y público que el acusado Abner Pineda era culpable por el delito de asesinato en perjuicio de Jorge Rugama. «Nosotros lo demostramos, pero el juez presuntamente recibió una orden de dejarlo en libertad y así lo hizo, pero, con los testigos periciales y presenciales, como lo fueron los vecinos y la propia madre que declararon como fueron los hechos, la médico forense; todas esas pruebas eran para que se declarar (a Pineda) culpable de asesinato y que fuera condenado de 20 a 30 años de prisión (como lo establece el Código Penal)», sostuvo el defensor.