Cuando Daniel Ortega retomó el poder en el 2007 creó la Autoridad Nacional del Agua (ANA), un órgano descentralizado del poder ejecutivo, que hasta hace poco pasaba inadvertido, pese a que por diez años estuvo en manos de uno de los operadores más fieles del régimen, el hijo del excontralor José Ángel Montenegro, quien lleva el mismo nombre.
Ahora la ANA ha subido de perfil y tiene uno de los retos más grandes, llevar a cabo la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, que ha generado incertidumbre sobre el futuro del recurso hídrico, que de hecho se ha ido deteriorando por la falta de manejo adecuado.
Desde el pasado 1 de septiembre del corriente, la ANA está en manos de Rodolfo Lacayo Ubau, una persona de mayor confianza de Ortega, quien también desde inicios del 2019 fue nombrado como presidente de INAA.
“La Autoridad Nacional del Agua es creada para ejercer la gestión, manejo y administración a nivel nacional de los recursos hídricos”, detalla el Programa a Mediano Plazo de la institución.
En otras palabras, la ANA se autorizó como la administradora de los recursos hídricos en el país, con el deber de llevar un inventario de cuencas y la reglamentación de la Ley de Aguas Nacionales, aprobada en el 2007.
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Hay que destacar que en el país hay 21 cuencas hidrográficas a nivel nacional, las cuales estarían en riesgo de sobrexplotación con la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, considerada por los especialistas de carácter extractiva y recaudatoria, cuyo fin enmascarado es la privatización del recurso.
Nicaragua es el país de Centroamérica con más agua en su territorio. Además de tener 21 cuencas, tiene 85 ríos, 47 lagunas y 2 lagos. El 7.7 por ciento del territorio es agua, un recurso que ahora estaría en peligro con la reforma que se implementó y la ampliación de poderes de la ANA.
“La reforma a la Ley No. 620 está hecha en un carácter meramente extractivo, para asegurar una distribución del recurso de agua disponible, sin considerar la posibilidad de fomentar la producción de agua que asegure la sostenibilidad del consumo humano y para otras actividades vinculadas a los medios de vida”, dio a conocer el Centro Humboldt.
Humboldt también señala que la ANA con esta reforma se convierte “en el ente regulador, fiscalizador y normador del sector de agua potable y saneamiento del país”.
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Más responsabilidad sin presupuesto
El Centro Humboldt también explica que la ANA empezó a ser considerada en el Presupuesto General de la República en el 2011, teniendo su mayor partida presupuestaria en el 2019.
“Por su parte INAA entre los años 2019 al 2021 ha mantenido el mismo presupuesto aproximado en 30 millones de córdobas. Tanto el presupuesto asignado para la ANA como para el INAA, han representado respectivamente el 0.03 por ciento del total del Presupuesto General de la República (PGR), ambas instituciones tienen asignado en conjunto para el 2021 el 0.06 por ciento del Presupuesto General de la República, lo que implica que la reforma de ley no cuenta con los recursos financieros necesarios para su implementación”, expuso.
Privatización socavará recursos hídricos
Pero lo peor del caso es que aunque la reforma que ejecutará la ANA dice en el artículo 4, “que el servicio de agua potable no será objeto de privatización alguna”, para Ruth Selma Herrera, especialista en temas hídricos, “si camina como ganso y come como ganso, es un ganso”, haciendo referencia que aunque la ley no lo dice, todo lo que se establece va en esa dirección.
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“Hay un artículo donde dice que ANA va a entregar excepcionalmente concesiones para el servicio de agua potable y saneamiento a agentes económicos privados que se van a hacer cargo de proveer el servicio, incluso tratan de no profundizar mucho, recordá que cuando analizamos el documento de la privatización que se pretendía hacer en aquel momento, por ningún lado se hallaba la palabra privatización y con ese documento fuimos al tribunal y en ese momento la Corte Suprema nos dio la razón, porque todos los artículos iban dirigidos a ese propósito”, dijo Herrera.
Al respecto Humboldt mostró su preocupación por la reforma. “Desde el Centro Humboldt mostramos nuestra preocupación por la privatización establecida a partir de reforma, la falta de participación y consulta, la centralización en la toma de decisiones, el incremento en la burocracia de la gestión pública estatal del agua, y la derogación de la Ley No. 626, misma que pretendía garantizar la integridad hídrica del Lago Cocibolca como uno de los principales de recursos de agua de interés nacional”, añadió.