Los diputados sandinistas aprobaron en aplanadora la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, en una sesión en la que rechazaron que con esto se allane el camino para la privatización del servicio de agua potable a la población, como fue denunciado por expertas y diputadas opositoras.
La reforma a la Ley de Aguas fue solicitada por el dictador Daniel Ortega con el supuesto de que se trata de una modernización del sistema de regulación, pero se mantuvieron ocultos los estudios que fueron financiados por el Banco Mundial donde se sustentaría el porqué las medidas son necesarias en este momento.
Durante el debate, el diputado Wálmaro Gutiérrez acusó a LA PRENSA de hacer «periodismo de alcantarilla» y «basura mediática» por la publicación sobre cómo estas reformas eliminan subsidios a la facturación, y se abren las puertas a que operarios privados se encarguen en ciertas zonas del país de la distribución y facturación del servicio de agua potable, a lo que el Frente Sandinista siempre se opuso cuando era oposición.
Gutiérrez recurrió nuevamente a los insultos para no explicar por qué en esta reforma a la Ley de Aguas se incluyó la facultad a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de otorgar licencias de concesiones a empresas privadas para el manejo del servicio a la población, como aparece claramente en el artículo 12 en el concepto referido a «Licencias de aprovechamiento y Operación».
Textualmente el tercer párrafo de ese artículo dice: «Excepcionalmente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) podrá otorgar licencias de aprovechamiento y operaciones a agentes económicos privados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Ley, quienes quedarán sujetos a la regulación de la misma».
Eso fue agregado por el régimen de Ortega, ya que en la Ley General de Aguas aprobada en 2007 y en vigencia no lo contempla, pero es lo que ahora abre el camino a la privatización del servicio, de acuerdo con expertas en el tema hídrico.
Lea además: Régimen abre la puerta a la privatización del servicio de agua potable con reforma a Ley de Aguas
Así votaron los diputados
Con la aprobación de la reforma este 12 de noviembre se desaparece el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y todas las facultades del ente regulador del servicio pasan a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que también será quien otorgue las licencias de concesiones de operaciones de empresas privadas en el sistema de agua potable.
La modificación la validaron 74 diputados, entre los 70 del FSLN y cuatro de sus aliados de la bancada PLI-ALN y Apre. No hubo votos en contra. Los 14 diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), más el de Yatama y Alejandro Mejía Ferreti, presidente de Alianza Liberal Independiente (ALN), se quedaron presentes en el sistema electrónico, lo que significa que no apoyaron, pero tampoco rechazaron la reforma.
La nueva Ley limita a la población al subsidio estatal en la factura de agua potable, ya que «el apoyo social», como se conceptualiza, lo focalizaron solo a las zonas rurales pero de difícil acceso, por lo que los usuarios de las zonas urbanas no serán beneficiados.
La Ley de Aguas actualmente establece en el artículo 14 inciso «i» que «los apoyos sociales permiten el acceso del recurso hídrico en beneficio de comunidades agrarias y zonas urbanas, ubicadas en zonas marginadas».
Este concepto permitía que el subsidio beneficiara a la mayoría de la población. Pero la dictadura de Ortega y sus diputados sandinistas al reformar la Ley sacaron a los usuarios de las zonas urbanas y lo focalizaron el «apoyo social» «en beneficio de las comunidades rurales, ubicadas en zonas dispersas y de difícil acceso».
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) también rechazó la aprobación de esta reforma, aduciendo que esta tiene un espíritu recaudatorio, por encima de beneficiar a los usuarios del sector.
Gutiérrez amenaza a industriales y comerciantes
Sin explicar por qué facultaron a ANA para dar concesiones a privados para que manejen el servicio de agua potable y por qué sacaron a los usuarios del sector urbano de recibir el subsidio estatal en la facturación, y limitaron al tipo de población que recibirá ese beneficio, los sandinistas revelaron que preparan nuevos tributos a través de la Ley de Cánones, que la reforma manda a aprobarse.
Uno de los legisladores más furibundos fue Wálmaro Gutiérrez, al asegurar que «es absolutamente falso que con esta reforma se esté pretendiendo la privatización del servicio de agua. Los que han estado queriendo levantar esa bandera fue los que siempre quisieron la privatización del agua potable», dijo sobre las críticas de expertos y opositores.
Sin embargo, uno de los principales operadores del régimen terminó revelando que hacer desaparecer el INAA y dejar solo a ANA se debió a los problemas financieros que enfrenta el Estado. En un país con una situación tan compleja económicamente «debemos asegurar eficiencia y austeridad», dijo Gutiérrez.
Quizás por lo ofuscado que estaba el diputado orteguista por intentar descalificar las evidencias del sistema de privatización que establecieron en el servicio de agua potable y de saneamiento, es que enfiló sus amenazas hacia los empresarios a quienes amenazó al revelar que a través de la Ley de Cánones van a aumentarles el pago por el agua.
Cosep emitió un comunicado en el que advierte que la dictadura utilizará la Ley General de Aguas como otro mecanismo recaudatorio, al ordenarse que también sea cambiada la Ley de Cánones para aumentar los cobros por el aprovechamiento del agua potable.
Eso molestó tanto a Gutiérrez que acusó, sin presentar pruebas, que sectores de la industria, comercial, pero sobre todo «los grandes, muy grandes productores de pegarse de manera ilegal a la tubería para desarrollar sus acciones de riego y demás acciones agropecuarias».
«Esta Ley de Cánones, en su momento, va a venir los puntos sobre las ‘i’. A ver señor, si quiere aprovechar con sentido comercial e industrial el agua, perfecto, (pero) aquí están las reglas del juego y esto es lo que tienen que pagar. (…) Estoy hablando de esos grandes industriales, y yo sé que me están oyendo, y sé que ellos saben que me estoy refiriendo a ellos, a esos grandes industriales y grandes comerciales que utilizan el recurso para comercializarlo y que no pagan un centavo por él», amenazó Gutiérrez.
En las filas del FSLN hay grandes productores y ganaderos, como los diputados Douglas Alemán, Pedro Haslam y Juan Ramón Obregón, quienes guardaron silencio ante el ataque y amenazas que lanzó su bancada en contra del sector agropecuario.
Detrimento de las comunidades afrodescendientes
Brooklyn Rivera, único diputado por el partido indígena Yatama, reclamó que en la reforma a la Ley General de Aguas las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe son afectadas, por cuanto si bien se les reconocen sus derechos sobre las cuencas hídricas de la zona, se limitan los mecanismos para las consultas que deberán realizar las instituciones, para que sean aprobadas por las comunidades caribeñas los proyectos de uso de esas cuencas.
Rivera expuso en el plenario que el artículo 6 de la reforma a la Ley, «reconocen el derecho de los pueblos afrodescendientes para el uso del disfrute de sus aguas que se encuentren en sus tierras». «Aquí se limita al uso y disfrute nada más, pero extensiones amplias de este recurso vital están en los territorios indígenas, por lo que se debe incluir también los beneficios (económicos) por el cuido y el aprovechamiento de este recurso hídrico que están ubicados en los territorios», demandó el legislador costeño.
Una de las falsedades del régimen, según Rivera, es que en el artículo 52 de la Ley se establece que las concesiones a privados de proyectos para llevar el agua potable deberán ser aprobadas previamente por los consejos regionales. «Pero aclaramos que las comunidades indígenas son los dueños de estos recursos, no los consejos regionales, por lo que el otorgamiento de derechos les debe corresponder directamente a los pueblos indígenas», exigió el diputado Rivera.
