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CONTENIDO EXCLUSIVO.En la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales se dejaron varias vías por las que los usuarios podrían ver incrementada la facturación del servicio de agua y de saneamiento, sin que las autoridades aprueben un aumento de la tarifa, aseguró la expresidenta ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Selma Herrera.
Entre esas vías están las concesiones a empresas bajo el concepto de «agentes económicos privados», un mecanismo que habilitaría a los operadores a cobrar un porcentaje vía factura a los usuarios, para recuperar las inversiones que hagan para abastecer del servicio de agua potable y del saneamiento en las zonas donde se les otorguen las licencias de operaciones.
Así también, está el cobro del tres por ciento de la facturación que hagan los operadores privados, porcentaje que quedó establecido para que sea transferido a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como parte de su «patrimonio», según la nueva Ley General de Aguas.
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Los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) siendo oposición siempre se opusieron a abrir la vía legal para que empresarios privados manejaran el servicio de agua potable y saneamiento. Sin embargo, ahora apoyaron el mecanismo de privatización al ser una decisión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El cobro del 3 % a los usuarios para ANA
Con esta reforma a la Ley de Aguas se desaparece al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y se deja como ente regulador a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a la que transfieren el presupuesto, bienes y las obligaciones del Instituto, además de ampliarle facultades.
Uno de los cambios fundamentales que hicieron los orteguistas en el artículo 24 de la Ley, al establecer que como parte del patrimonio de ANA estarán «los aportes que reciban de los usuarios del agua potable y saneamiento, transferidos a través de los prestadores de servicios privados, correspondiente de hasta un tres por ciento (3 %) de su facturación».
«Integran que ANA dará licencias de aprovechamiento y operación a agentes privados, y cuando hablan de los aportes de los usuarios, le encargan a estos prestadores de servicios privados que cobren ese tres por ciento a los usuarios en la factura para que vayan aportando al presupuesto de ANA», aseguró Herrera.
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La experta en temas hídricos, y una de las promotoras de la Ley General de Aguas Nacionales en el 2007, insistió en que en la nueva norma «hay una concatenación en todos los artículos, donde el hilo conductor es ese agente privado», como mecanismo de privatización, que se encargará de llevar el servicio de agua potable a los hogares. Herrera advirtió que se estaría buscando quitarle esa responsabilidad a Enacal.
En la Ley General de Aguas que ha estado en vigencia desde 2007, no se autorizó que se transfiriera a ANA ese tres por ciento de la facturación que pagan los usuarios del servicio. Ese cobro aparecía en la reforma a la Ley 275, del INAA, también para aportar al patrimonio del Instituto. Sin embargo, en la Ley 275 no hay mención de operadores privados a cargo de las concesiones del servicio ni encargados de hacer ese cobro.
El artículo 7 de la Ley 275 reza que parte del patrimonio de INAA serían: «Los aporte que los consumidores le transfieran a través de las concesionarias y/o prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado, que estén sometidas a su regulación y fiscalización, los que deberán cubrir totalmente los gastos contemplados a través de un porcentaje de hasta un 3 % de su facturación, aprobado por el Consejo de Dirección» del INAA.
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Al desaparecer el INAA se deroga la Ley 275. Sin embargo, la dictadura de Ortega y sus diputados del FSLN incorporaron ese cobro del tres por ciento que debe pagar la población para la ANA, pero asegurándose que lo recauden «los prestadores de servicios privados» a los que se den las licencias.
ANA lo controlará todo
Herrera explicó que a ANA «la convierten en una megainstitución que administrará los nuevos negocios, que van a surgir por las concesiones a privados». Y para sostener esa estructura burocrática, dijo, los usuarios van a tener que pagar en la facturación, que será controlada por las empresas privadas a las que se entreguen las operaciones el servicio de agua potable y de saneamiento.
Un elemento «grave» a consideración de la experta, es que existe el riesgo de que los funcionarios de ANA no actúen con transparencia, puesto que el régimen y sus diputados sandinistas facultaron al ente regulador a cobrarle a los operadores por la «elaboración de estudios y trámites para el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos». Esto no lo contemplaba la Ley de Aguas originalmente.
«Serán juez y parte. Es algo serio. Se institucionaliza que ANA cobre, a todos los que quieren concesiones, por hacerle los estudios. ¿Qué objetividad van a tener esos estudios?», cuestionó la experta en temas hídricos.
Subsidios limitados
Otra de las formas en que los usuarios serían afectados es por el hecho de que el subsidio tarifario solo lo recibirán aquellos que entren en la nueva clasificación, que se dejó en la Ley para obtener el beneficio.
Los diputados orteguistas establecieron que solo recibirán «los apoyos sociales», como se conceptualiza el subsidio, «las comunidades rurales, ubicadas en zonas dispersas y de difícil acceso». Se excluyó a los usuarios de las zonas urbanas, marginadas (como asentamientos) y los sectores agropecuarios.
Los usuarios que no clasifiquen para el subsidio sufrirían un aumento en el cobro mensual por el servicio, de acuerdo con Herrera. «Toda la actitud de Enacal de no darle buen servicio a los usuarios, de no responder los reclamos, de no responder por las inversiones, de subir la tarifa es el preámbulo para que la gente no quiera el servicio público, y vender el mito de que se prefiera el servicio privado. Esa es una estrategia manipuladora», criticó Herrera, expresidenta ejecutiva de la empresa estatal.
