Por décima ocasión le fue extendido el período de vigencia a la gubernamental Comisión de la Verdad, conocida como «Comisión Porras». El proceso re realizó sin que lo aprobara el plenario de los diputados en la Asamblea Nacional, sino que discrecionalmente los orteguistas lo decidieron en la Junta Directiva parlamentaria.
La «Comisión Porras» es una iniciativa inventada por la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, para tratar de justificar la masacre de la dictadura durante las manifestaciones sociales que estallaron en abril del 2018.
La extensión por tres meses más de funcionamiento de la Comisión Porras fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, este 11 de noviembre, a través de la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea, número 14-2020. Una prórroga que solo la autorizaron los orteguistas, que son cinco de los siete miembros de la directiva.
En esta ocasión, ni siquiera la sometieron a discusión la iniciativa, sino que solo informaron que extender la vigencia de la Comisión Porras «estaba siendo considerado», afirmó a LA PRENSA el tercer secretario del poder legislativo, Alejandro Mejía Ferreti.
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Ferreti es presidente del partido Alianza Liberal Independiente (PLI) y representa a la bancada de minoría ALN-PLI-Apre en la Junta Directiva parlamentaria.
No tomaron en cuenta al resto de diputados
«En la reunión de la Junta Directiva el jueves pasado, ellos (los sandinistas) hablaron que estaban considerando extender el período a esa Comisión de la Verdad, a lo que me quedé sorprendido porque yo creí que eso ya no estaba funcionando», refirió el legislador Ferreti.
En las sesiones de este 10 y 11 de noviembre no se sometió a discusión del plenario la prórroga de la «Comisión Porras» por tres meses más. «Ese tema no era parte de la agenda. No lo hemos aprobado y debería cumplirse el proceso», dijo Ferreti.
La resolución publicada amplió el período de funcionamiento de la «Comisión Porras» por tres meses más a partir del 6 de noviembre del 2020, por lo que se le vencería en febrero del 2021.
Esa Comisión fue creada a través de una resolución legislativa el 6 de mayo del 2018. Sus integrantes son: Cairo Amador, Mirna Cunningham, Francisco Uriel Molina, Jaime Francisco López Lowery. También era parte Adolfo Jarquín Ortel, quien falleció en agosto del 2019. Todos tienen vinculación con la dictadura. Por ejemplo Amador Arrieta es hermano del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca, y analista político afín al régimen de Ortega. Fue superintendente de pensiones y también presidente del Fondo Nicaragüense de Cultura.
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Los informes que esta Comisión ha presentado desconocen la masacre contra las protestas sociales por parte de la Policía Orteguista (PO), parapolicías y grupos de choque del régimen, y por el contrario a esos sectores los ponen como víctimas.
Mientras, descalifica las denuncias de violaciones, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales de las víctimas y sus familiares, así como las pruebas de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han calificado de delitos de lesa humanidad lo ocurrido en Nicaragua y que ha responsabilizado al régimen de Daniel Ortega.
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El manejo partidario de la «Comisión Porras» le otorga falta de transparencia en cuanto a los recursos con los que funcionan, ya que en los informes del Presupuesto General de la República de 2018, 2019 y 2020 no aparecen incorporados.
Tampoco hay información en la propuesta del Presupuesto público del 2021, que permita determinar de dónde procede el dinero para el funcionamiento de esa Comisión, que responde directamente al presidente del Legislativo, el orteguista Gustavo Porras.
