Por segunda ocasión el abogado Julio Montenegro, defensor del preso político, Lázaro Ernesto Rivas Pérez, denunció que fue víctima de artimañas y abusos cometidos por la jueza Esperanza Nela Gallardo Ríos, del Juzgado de Juigalpa, quién impuso a un defensor público como abogado sustituto del procesado sin que éste lo pidiera y permitió la conformación de un jurado de conciencia sin estar presente la defensa del reo.
En la continuación del juicio contra Rivas Pérez este jueves, Montenegro se personó como abogado del reo de conciencia, no obstante arbitrariamente la judicial impuso como abogado sustituto a un defensor público en contra de la voluntad del procesado.
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«Le pregunté al acusado frente a la juez: ´¿A quién nombra usted como su abogado defensor titular?´, él respondió: ´A usted doctor Julio Montenegro´, luego le pregunté: ‘¿A quién nombra usted como su abogado sustituto?´ y el dijo: ´Al doctor José Antonio López´, quién es mi colega, pero no puede ser que la jueza le imponga a un defensor particular un defensor público como su sustituto; además no le corresponde a la juez andar nombrando abogados en los procesos, eso le corresponde al interesado o acusado», cuestionó Montenegro.
Artimañas anteriores
Y es que el pasado 22 de octubre en el inicio del juicio contra el preso político, la judicial inició este proceso sin la presencia de Montenegro, a pesar que éste le había solicitado que lo esperara, ya que había tenido inconvenientes con su vehículo cuando iba camino a Juigalpa. Gallardo no lo esperó y facilitó que el reo fuera asistido por un defensor público.
Ese día a Montenegro los trabajadores de los Juzgados de Juigalpa no le permitieron el ingreso al lugar y obstaculizaron, junto a la jueza, que pudiera defender a Rivas. Según el abogado, en la continuación del juicio solo se presentaron dos testigos de la Fiscalía: un policía que presentó contradicciones en su declaración en relación a la acusación y un médico forense que llevó una fotocopia de un supuesto documento legal de la institución que representa.
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Otra irregularidad ocurrida en el juicio es que en ausencia de Montenegro la judicial permitió la conformación del jurado de conciencia. «Ahora tenemos personas ahí que no pudimos depurar, porque si yo hubiera estado presente en ese momento no hubiera permitido que fuesen jurado personas afines al gobierno, porque se trata de un juicio político y entonces habría intereses de por medio», indicó.
No llegan las supuestas víctimas
A Rivas Pérez lo acusan junto a sus hermanos Ulises Rivas y José Luis Rivas de supuestamente haberse robado tres sombreros vaqueros, dos de ellos valorados en 10,850 córdobas y uno en 3,000 córdoba. También de haber dañado un parlante y un termo. Los cargos son robo agravado y lesiones graves en perjuicio de Elsa Días Vargas, Martha Marín, Pedro López Ramírez y Genaro Rito Suárez.
Llama la atención que a las dos audiencias de juicio las supuestas víctimas no han llegado, a pesar de que la judicial oficiosamente las manda a buscar con la Policía Orteguista, aseguró Montenegro. «Incluso uno de los jurados, que es una señora de avanzada edad, dijo que si no vuelven a llegar las supuestas víctimas, entonces ella ya no seguirá llegando a perder su tiempo, luego otro jurado agarró valor y dijo que tampoco seguiría llegando», relató.
Rivas Pérez es miembro del Partido Liberal Constitucionalista y participó activamente en las protestas contra la dictadura que ocurrieron a partir del 19 de abril de 2018. La judicial programó la continuación del juicio para el próximo 13 de noviembre. Montenegro aseveró que si las supuestas víctimas se vuelven a ausentar, entonces solicitará la clausura anticipada de juicio a favor de su defendido.
