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CONTENIDO EXCLUSIVO.La Ley Especial para el desarrollo del proyecto central Puerto Sandino para la generación de energía eléctrica a base de gas natural, fue aprobada por la Asamblea Nacional sin que fuera consultada con algún sector del país, tal como expertos en temas energéticos recomiendan por tratarse de una materia de interés nacional y contener artículos referidos a aspectos delicados como la declaratoria de utilidad pública y de interés social, y los permisos de impacto ambiental.
Patricia Rodríguez, consultora en temas energéticos, indicó que la ley de la industria eléctrica establece un proceso de negociación con la venta de tierras y que de no lograr un acuerdo las partes involucradas, se aplica la declaratoria de utilidad pública, pero que el artículo 3 de la Ley recién aprobada habla de expropiación. «No entiendo por qué están poniendo en una ley especial la expropiación y declaratoria de utilidad pública cuando ya la ley de la industria eléctrica establece el procedimiento para ello. Cuidado y no van a pasar por el proceso de imposición de servidumbre por acuerdo entre las partes, sino que iniciarían la expropiación. Ese artículo se presta a pensar de por qué no se deja con el procedimiento que establece la ley de la industria eléctrica», expuso Rodríguez.
Otro aspecto que preocupa y es motivo de crítica es el relacionado a los permisos y estudios exigidos. Javier Mejía, coordinador del área de Recursos Naturales en el Centro Humboldt y especialista en temas energéticos, explicó que esta ley no debería estar por encima de la legislación ambiental y por tanto cumplir con sus procesos y trámites.
«Al igual que otros proyectos del pasado, procuran obviar todo el proceso de estudios de impacto ambiental de un proyecto normal, cuando lo declarás una ley que está por encima de la legislación ambiental que tenés en el país simplemente estás tratando de hacer mucho más rápido el proceso y que no se haga con la rigurosidad que se debe hacer este tipo de proyectos. Tiene que haber estudios, ser presentados, participar las partes afectadas, que todavía no sabemos cuáles serían», destacó Prado.
La iniciativa de la Ley Especial fue enviada por Daniel Ortega a la Primera Secretaría del Parlamento nicaragüense el pasado 28 de octubre con trámite de urgencia y un día después fue aprobada en plenario, sin ser consultada. La inversión del proyecto está calculada en 700 millones de dólares y será desarrollado por NFE Nicaragua Development Partners LLC, sucursal Nicaragua. Está proyectado a producir 300 megavatios.
«Yo entendería que las instituciones que autorizan este tipo de proyectos como el Marena por ejemplo, que es el primer permiso que se tiene, ahorita no tiene muchos permisos de este tipo porque no hay inversión, por lo tanto el trámite debería ser expedito. ¿Es necesario ponerlo en una ley? O es que acaso están pensando en que hay estudios que no se van a desarrollar o no se van a cumplir con las normas nacionales e internacionales y sacarlo de manera rápida para que este proyecto entre pronto», cuestionó Rodríguez.
En 2016 explotaron dos tanques de almacenamiento de derivados de petróleo, propiedad de Puma Energy en Puerto Sandino, ocasionando daños severos al medioambiente. Es por ello que Mejía insistió en los estudios de factibilidad e impacto ambiental del proyecto central Puerto Sandino para la generación de energía eléctrica a base de gas natural. «Preocupan los riesgos ambientales que puedan haber y si el país está preparado para enfrentarlo», añadió.
Justificación: para establecer el sistema
Ambos especialistas reconocieron que la generación de energía eléctrica a base de gas natural está en el plan de expansión, para establecer el sistema, pero fue prevista por el Ministerio de Energía y Minas para 2026, es decir que lo adelantaron sin el cumplimiento de los procesos y puntos fundamentales para valorar su impacto ambiental y el marco legal para el uso de los terrenos.
