Cada 12 de octubre — Día de la Resistencia Indígena — los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua recuerdan y afianzan la firmeza que demostraron sus ancestros pero a 528 años, su lucha continúa latente y en algunos casos ha recrudecido. La resistencia de diversos grupos originarios por conservar su cultura, lenguas y prácticas rituales, es tan cotidiana como el drama de sobrevivir y conservar además sus territorios, sus derechos y la vida ante un contexto hostil de políticas de «colonización» y «exterminio», que agudiza aún más el drama de la pobreza, desigualdad y el desempleo.
En Nicaragua, las denuncias de los pueblos indígenas están ligadas al abandono, la discriminación, desempleo, pero el grito que hace eco es el de las denuncias por invasiones a sus territorios: el avance de la frontera agrícola y colonos armados, son los señalados desde las comunidades. Viven la exclusión y el olvido en los programas del Estado y hay una frase que evidencia la discriminación: «sus problemas han sido sólo cosas de indios», denuncian defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Vivir en zozobra en sus tierras: la invasión y avance de la frontera agrícola
Uwe Paul Cruz Olivas, asesor cultural del Pueblo Indígena Matagalpa, indica que en el Pacífico Centro y Norte de Nicaragua existen 22 comunidades indígenas cuyos reclamos han prevalecido siempre, pero que no han tenido cabida en ningún gobierno que ha llegado al poder, los principales son: saneamiento a sus territorios y el respeto a sus tradiciones y recursos naturales.
«Hoy en el día de la descolonización (resistencia), recordamos que los reclamos de los pueblos originarios son muchos, comienzan desde el respeto a sus territorios, es una demanda que se le ha hecho al Estado de Nicaragua, a todos los gobiernos, que se les respete el territorio para que los comunitarios tengan potestad y autonomía, incluyendo el saneamiento de colonos para que estos abandonen sus tierras, pero lo que vemos es que este Estado con sus instituciones desconocen los territorios indígenas», señaló Cruz, arqueólogo y antropólogo.
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Explica que el Pueblo Indígena de Matagalpa está presente en al menos seis municipios: San Ramón, Esquipulas, Matagalpa, Terrabona, San Dionisio y La Dalia. En todos se enfrentan a los cafetaleros quienes «desconocen los territorios de los indígenas y además no les pagan canon — impuesto que se le tiene que pagar a las juntas directivas de los pueblos indígenas —, a estas personas, que hoy en día siguen exigiendo el respeto a sus territorios ancestrales, a sus medicinas naturales, para las mujeres tengan un parto humanizado y sano, la protección a los recursos naturales y no a la minería, rotundamente no a la minería que no es artesanal, y el saneamiento de los colonos», indicó Cruz.
La asesora del Gobierno Comunal Creole en Bluefields y exrepresentante ante la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), Dolene Miller, coincidió con Cruz y denunció que la colonización vino con el exterminio de los pueblos indígenas, sin embargo la resistencia se traduce a que «debemos mantenernos dentro del contexto nacional a pesar de la brutal colonización». Y además que con el retorno de Daniel Ortega al poder el proceso de saneamiento «quedó estancado, porque el Gobierno no le ha dado protección a las tierras comunales».
El presidente del Gobierno Territorial Mayangna Sauni As, Gustavo Lino, dice que la situación de las comunidades mayangnas desde el 2009 «es muy difícil, porque nuestros derechos están violentados por usurpaciones, robos de nuestras tierras, secuestros y asesinatos nuestra situación es grave. La invasión no ha detenido, mejor aumenta».
«La resistencia fundamentalmente aborda el hacer comprender al Estado Nacional de que no es posible construir una nación obviando estos derechos que son consuetudinarios y ancestrales, la resistencia radica al recordarle al Estado de que no somos una nación de una sola etnia, y que tiene que respetar eso. La resistencia es nuestra propia existencia, porque es muy importante que cada vez que el Estado Nacional intenta usurpar las tierras y asesinar a los pueblos indígenas para arrasar con sus recursos, pone en una situación crítica al Estado con sus políticas de desarrollo», apuntó Miller.
Lottie Cunningham, defensora de los derechos de los indígenas y afrodescendientes, ganadora del Premio Right Livelihood 2020 otorgado por la fundación sueca Right Livelihood Award, señaló que «las comunidades continúan luchando para concluir el proceso de sus tierras, dentro de este hace falta terminar la etapa de saneamiento, porque el sufrimiento y la violencia que sufren los pueblos es por la perdida de sus territorios, el desplazamiento forzoso, contaminación de ríos».
Falta de políticas públicas
Los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas consultados por LA PRENSA coincidieron en remarcar que otro de las exigencias de estas comunidades es que se les trate como a todos los nicaragüenses, y que no se les vea como personas ajenas a sus derechos, que los incluyan en los programas tanto de educación y salud.
«Siguen invisibilizados, en pobreza, demandando mayor acceso a la salud y a la educación que sea indígena, étnica pero no mestiza», apuntó Cruz, señalando la exclusión de los programas y beneficios por parte del Estado de Nicaragua. «Se les han atribuido una innumerable gama de prejuicios; por lo mismo, sus problemas han sido sólo «cosas de indios».
Miller añadió que en estos tiempos la resistencia también está en «no dejar de demandar al Estado a que respeten los derechos, el gobierno nacional tiene que reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, debe desarrollar políticas públicas que no atenten contra nosotros (…) Nicaragua como otros países, no ha querido reconocer estos derechos ancestrales, pero hoy en pleno siglo XXI estos derechos deben de ser cumplidos», refirió Miller.
Otra de las preocupaciones por exclusión de programas es la falta de atención médica en las comunidades en medio de brotes de la malaria. En septiembre, seis comunitarios del territorio Wangki Maya, en Waspam, Caribe Norte, fallecieron y otras 26 perosnas se encuentran enfermas con síntomas como fiebre, diarrea y vómitos, que pueden estar asociados con casos de malaria, según constató en el lugar el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
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Buscar justicia a nivel internacional
Para los defensores los únicos espacios de resistencia por sus derechos son los internacionales. Cruz señaló que para el Pueblo Indígena de Matagalpa tienen de dos a tres opciones, sea por los cabildos, asambleas indígenas e incluso recurrir a instancias internacionales.
«Los cabildos y asambleas indígenas, en el primero los comunitarios les exigen a la municipalidad el reconocimiento de sus tierras y recursos naturales, para que se den cuentan que les pertenece a ellos y no al Estado, la comunidad hace uso de los cabildos para demandar sus derechos, agotando esa vía, toca recurrir a instancias de derechos humanos que ven muy de cerca la problemática de los indígenas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH)», aseveró.
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Miller aseguró que para la Costa Caribe les queda «demandar nuestros derechos en base a la Constitución Política a nivel internacional, porque a nivel nacional nos hemos encontrado con barreras jurídicas que lastimosamente han frenado el reclamo por nuestros derechos, entonces lo que le queda es buscar y encontrar la justicia fuera del país por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte-IDH, para que puedan escuchar estas demandas».
Cunningham agregó que el único mecanismo al que los pueblos han tenido acceso es al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que el Estado se haga responsable. «Las comunidades han venido resistiendo, desde el momento que hacen sus peticiones a los mecanismos internacionales para que intercedan ante el Estado y que se logré el saneamiento de sus territorios, protección de sus vidas y familias», concluyó.
