Desde el año pasado a la fecha la Unidad Azul y Blanco (UNAB) registra la detención ilegal de cinco nicaragüenses opositores que, por diversas circunstancias, se arriesgaron a regresar al país y fueron apresados por la Policía Orteguista (PO) y el Ejército. Defensores de derechos humanos consideran que la cifra debe ser superior.
Los ahora presos políticos que participaron en las protestas de abril de 2018 y que tuvieron que exiliarse en países vecinos, para posteriormente ser apresados en Nicaragua por creer en el denominado Plan de Retorno Seguro ofrecido por la dictadura: Ulises Josué Rivas Pérez, Roberto Reyes, Yorlin Robles Carballo, Hader González y Cristian Meneses, estos dos últimos detenidos por oficiales del Ejército de Nicaragua, institución que los señaló de pertenecer a una banda delincuencial denominada “Los Topos” y ya enfrentaron una primera audiencia judicial.
Ivania Álvarez, de la UNAB, detalló que conocen de estos casos, pero que por la falta de información oficial desconocen el número total, no obstante aseguró que registran un total de 100 presos políticos actualmente.
“La gente ha regresado porque estaban pasando hambre en el otro lugar, por necesidad, por no tener donde vivir y no porque se sienta segura de estar en Nicaragua; es un riesgo de vida entre vivir en la calle y no tener que comer en Costa Rica y estar aquí asediado, pero al menos estás cerca de tu familia”, dijo Álvarez.
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Mejor no regresar por las condiciones de represión vigente
Vilma Nuñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que se desconoce el número total de opositores a la dictadura que han regresado al país y han sido encarcelados, pero que e este momento lo mejor es que nuestros compatriotas no regresen. “No hay condiciones para que regresen porque el gobierno, más bien, ha incrementado su represión, de hecho en los últimos 15 a 20 días la cantidad de hostigamiento y de persecución en contra de familiares y de presos políticos se ha incrementado”, recordó Nuñez.
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Para Karla Sequeira, asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) coincide con la apreciación de Nuñez. “No es seguro para los nicaragüenses regresar al país porque estamos todavía en una situación bastante incierta. La Policía continúa con el asedio, la persecución, las amenazas en contra de las personas que hablan en contra del gobierno”.
La dictadura divulgó el denominado “Programa sobre el Retorno Voluntario Asistido”, cuyo objetivo es promover el regreso de miles de personas que se fueron al exilio desde abril de 2018, huyendo del desempleo y la persecución política.
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En septiembre fue deportada desde Estados Unidos la joven universitaria Valeska Aleman, quién fue una cara visible de las protestas cuando realizó una transmisión en vivo a través de una red social del momento en que paramilitares y policías atacaban a disparos los tranques ubicados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En el 2018 fue detenida y torturada por la PO, luego fue liberada con condicionamientos, pero esta vez no ha sido recapturada.
Por el caso de la detención de los dos supuestos “Topos”, el Ejército a través del su vocero, coronel Álvaro Rivas, manifestó que “resulta altamente sospechoso que estén intercediendo por esos delincuentes”, refiriéndose a abogados y defensores de derechos humanos.
“El Ejército también se ha prestado al juego de la dictadura en andar capturando a opositores e inventándoles delitos; capturan en las fronteras, maltratan a la gente y después los entregan a la Policía ya con un historial delictivo que ellos mismos lo inventan”, consideró Nuñez sobre el actual del Ejército.
Mientras Sequeira enfatizó que “quiero dejar claro que nosotros como CPDH cuando decimos que una persona es un preso político es porque hemos hecho un análisis exhaustivo y hemos conocido las circunstancias de la parte de la detención, nosotros no decimos una cosa a la ligera; esta es una forma de tratar de cercenar la imagen que tienen los defensores de derechos humanos”.
El primero de septiembre el gobierno a través de un medio oficialista dio a conocer la liberación de 22 mil reos comunes. “De ellos ninguno es preso político. Los nuestros siguen presos solo por pensar diferente al gobierno”, criticó Álvarez.