La Resolución del Parlamento Europeo sobre Nicaragua aprobada este jueves 8 de octubre, es considerada como un ultimátum político y diplomático de la Europa democrática a la dictadura de Daniel Ortega.
La Resolución es contundente por su contenido, pero también por su respaldo, pues fue aprobada por 609 de los 694 diputados que integran el Parlamento y de los 7 grupos políticos a los que pertenecen. Nadie alzó la voz para defender al régimen de Ortega, porque es absolutamente indefendible.
Además, la nueva Resolución del Parlamento Europeo sobre Nicaragua es determinante. Coloca a Ortega ante la encrucijada de seguir por el camino de la radicalización de la dictadura y degenerar en un modelo de poder totalitario como el de Cuba, Venezuela, Corea del Norte y China continental, o tomar el rumbo de aprobar y poner en práctica medidas políticas y legales que conduzcan al restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho.
No es la primera vez que el Parlamento Europeo aprueba una Resolución sobre Nicaragua, desde que en el curso de la represión de las protestas sociales y políticas que estallaron el 18 de abril de 2018, la dictadura de Ortega mató a más de 300 nicaragüenses, impuso un estado de terror policial permanente y suspendió de hecho todas las garantías constitucionales y los derechos humanos de los nicaragüenses.
Sin embargo, Ortega no hizo caso a las sanas recomendaciones europeas, del mismo modo que ha rechazado las de la OEA y diversos países democráticos a título particular. De manera que al parecer la comunidad democrática internacional ha perdido o está perdiendo la paciencia y tomando medidas más contundentes para obligarlo a ceder.
Ahora ha sido el Parlamento Europeo el que ha enviado un ultimátum al frío y duro dictador de Nicaragua y dentro de 10 días la Asamblea General de la OEA habrá de reunirse para tomar también las medidas que correspondan, en el ámbito de sus competencias diplomáticas y sus capacidades políticas.
Ante todo, la Resolución europarlamentaria de 13 puntos insta al Consejo de la Unión Europea —su órgano ejecutivo de gobierno—, a imponer nuevas y más drásticas sanciones a funcionarios principales del régimen orteguista.
Solicita activar la Cláusula Democrática del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica, del que Nicaragua es parte beneficiaria. Y condena los intentos de Ortega de aprobar más leyes represivas, como la de “agentes extranjeros”, la del control del espacio cibernético, y la de establecer la prisión perpetua para líderes opositores. Y declara la Resolución que “solo pueden celebrarse unas elecciones libres, integradoras y transparentes”, sin presos políticos y en condiciones de libertad y respeto a los derechos constitucionales y humanos de todos los nicaragüenses.
Ortega tiene la palabra. Según el Parlamento Europeo debe dialogar con la oposición para acordar las reformas electorales democráticas, o aprobarlas él mismo; cesar la represión en todas sus formas y crear condiciones para que los ciudadanos se puedan manifestar libremente; y que en noviembre del próximo año vayan a votar con la confianza en que sus votos serán respetados, amparados por una amplia observación electoral internacional.
