La Inmobiliaria Intermezzo, propiedad de la empresaria Victoria Cárdenas y su familia, fue asaltada la mañana del lunes. Una patrulla llena de policías, el asesor legal de la Alcaldía de Managua (Alma) Carlos Lazo y la juez segunda de ejecución de embargo, Evelin Jiménez, se presentaron en las oficinas de la empresa al sur de Managua, para ejecutar un millonario embargo.
Jiménez embargó la casa de habitación de la empresaria Victoria Lacayo, madre de Cárdenas, un lote donde opera el pozo que abastece de agua potable a la lujosa urbanización Intermezzo del Bosque y cinco lotes más que estaban sin vender, propiedad de Inmobiliaria Intermezzo.
La ALMA impuso un millonario reparo fiscal a Inmobiliaria Intermezzo por 9.5 millones de córdobas (U$274,000 aproximadamente) que las dueñas de la empresa catalogan como ilegal y como una especie de terrorismo fiscal.
“Nosotros estamos preparando la defensa, porque vamos agotar todas las vías legales, la ley establece los 3 días para apelar… Todo se origina por un reparo ilegal, por supuestas ventas que la alcaldía atribuye a los últimos dos años, cuando en realidad estamos hablando de ventas de los últimos 23 años”, dijo Juan Sebastián Chamorro, esposo de Cárdenas y director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica.
Chamorro dijo que estaban cuantificando el valor de las propiedades embargadas, pero que estaba seguro que sobrepasaban los 300 mil dólares.
Un caso paralelo
Paralelo al caso civil, la empresaria Cárdenas, su mamá y su hermana, socias de Inmobiliaria Intermezzo, fueron acusadas en un juzgado penal por Defraudación a la Hacienda Municipal. Una juez de Managua, incluso, emitió una orden de captura contra ellas para obligarlas a pagar el millonario embargo.
Desde mayo de 2018, en medio de las protestas contra el régimen de Ortega y la caída de los ingresos por la debacle económica, la Alma comenzó aplicar millonarios cobros en concepto de Impuestos Municipales de Ingresos e Impuestos de Bienes Inmuebles contra empresas grandes, pequeñas y medianas y personas naturales.
Una investigación de LA PRENSA reveló que 59 empresas han recurrido ante el Concejo Municipal en los últimos dos años para tratar de revertir cobros de más de 800 millones de córdobas. Ninguna ganó un caso y la aplanadora oficialista se impuso casi en todos por unanimidad con los votos del PLC, el FSLN, PC y en algunos casos, con el voto del concejal de Ciudadanos por la Libertad.
Cuando las empresas se niegan a pagar los millonarios reparos y antes de que se agote la vía administrativa, los abogados de la Alma entablan un caso penal. Hay 200 empresarios o gerentes de empresas acusados en los juzgados de Managua.
Ninguno se ha atrevido a hablar. Solo la empresaria Cárdenas.