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El 20 de abril pasado la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, convocó a una sesión extraordinaria al Concejo Municipal. Tenían un multimillonario asunto que resolver: la empresa Tigo había apelado ante los concejales por el reparo 358/2019A que le había aplicado la municipalidad cobrándole 287.79 millones de córdobas (más de ocho millones de dólares), en concepto de Impuestos Municipales de Ingresos (IMI).
La Alcaldía de Managua (Alma) alegaba en su reparo que la empresa guatemalteca, que en mayo de 2019 adquirió a la española Telefónica (Movistar), debió retenerle 143.89 millones de córdobas en concepto del uno por ciento del valor de la compra de la empresa telefónica, más una multa del 100 por ciento.
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Todo quedó registrado en el Acta 48 de la Sesión Extraordinaria número 17, del 20 de abril de 2020. Una copia de esa acta está en poder de LA PRENSA.
“El contribuyente tenía la obligación de retener por la compra de acciones a la empresa… pero dicha retención no se efectuó por lo cual es solidariamente responsable por la obligación”, alegó la Alma en su resolución.
LA PRENSA buscó durante una semana la versión de los ejecutivos de la empresa. Se les escribió a sus correos, se les buscó en sus oficinas, pero dijeron que estaban trabajando desde sus casas por la pandemia, sin embargo su representante legal Melvin Estrada alegó ante el Concejo Municipal que “fue inapropiado gravar retención donde no existe un hecho gravable como el IMI”.
“No estaba obligado a efectuar retención municipal sobre ingresos por la compra de acciones a socios de la empresa Telefónica Celular de Nicaragua Movistar, no existe sujeto pasivo, hecho generador, base imponible ni tipo impositivo por este tipo de transacción para la municipalidad de Managua, ya que el acto está fuera del territorio nacional”, alegó con vehemencia Estrada.
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“Mi representada de acuerdo al mandato de la Alcaldía de Managua solo está obligada a retener a sus proveedores establecidos en la circunscripción del municipio de Managua el uno por ciento sobre factura”, dijo el representante legal de Tigo.
Sin embargo, la aplanadora del FSLN que domina el Concejo Municipal y los concejales opositores del Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Conservador se sumaron a los oficialistas y rechazaron la apelación de Tigo. El único que votó a favor del recurso de la empresa fue el concejal de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Sellin Figueroa.
“Voté a favor de la empresa porque miré que había una voracidad recaudatoria de parte de la Alcaldía”, dijo Figueroa a LA PRENSA.
En esa sesión extraordinaria, los concejales también rechazaron una apelación de Agricorp, la gigante empresa comercializadora de arroz, que fue obligada a pagar más de 1.5 millones de córdobas en impuestos de construcción y aprobaron parcialmente una apelación de la Compañía Distribuidora de Nicaragua, reduciendo un reparo de 122 mil córdobas a 3,200.
Los millonarios cobros
Las voracidades de los cobros de la Alma comenzaron a sentirse en julio de 2018, en plena crisis económica a consecuencia de la rebelión cívica de abril y cuando la Alcaldía estaba necesitada de efectivo.
Desde julio de 2018 hasta julio de 2020, la Alcaldía ha cobrado casi 840 millones de córdobas a 59 grandes empresas del país a través de reparos por IMI, cobros de Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI), construcción, multas ambientales y matrícula, según las actas del Concejo Municipal de los últimos dos años revisadas por LA PRENSA.
No obstante, las empresas requeridas mediante reparos fiscales de la Alma pueden ser más. La información contenida en las actas solo se refiere a las empresas que apelaron y recurrieron ante el Concejo Municipal.
“Hay muchas empresas que no recurren al concejo municipal y pagan los reparos impuestos por la alcaldesa o bien cuando apelan ante ella y ella se los rechaza ahí agotan la vía y van a pagar”, dijo Figueroa.
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Entre enero y julio de 2020, 30 empresas recurrieron ante el Concejo Municipal para tratar de contrarrestar cobros de casi 560 millones de córdobas de parte de la alcaldesa Rueda. El 95 por ciento de esos casos fue rechazado por los concejales y el resto admitidos parcialmente.
Durante 2019 las empresas que recurrieron ante los concejales fueron 29 para contrarrestar cobros de casi 276 millones de córdobas. La historia fue similar a la anterior: ninguna logró convencer al Concejo Municipal.
En los últimos seis meses de 2018, seis empresas recurrieron al Concejo Municipal para revertir cobros de 6.7 millones de córdobas.
Figueroa recuerda que hasta mediados de ese 2018 solo resolvían dos casos de esos, aproximadamente, en cada sesión del Concejo Municipal. “Ahora miramos hasta 20 o 30 casos en cada sesión, hay momentos en que llaman a sesiones extraordinarias solo para resolver recursos de empresas y de los ciudadanos”, detalló.
En concepto de IMI las recaudaciones en 2017 fueron de 2,000 millones de córdobas; en 2018 recaudaron 1,921 millones; en 2019 fueron 1,744 millones y en 2020 la proyección es recaudar 1,892 millones de córdobas, según los presupuestos municipales de los últimos cuatro años.
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La Alma no solo está recaudando a través del IMI, sino que ha diseñado una estrategia para elevar sus ingresos en concepto de Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI). En 2017 los ingresos fueron de 224.7 millones de córdobas; en 2018 en plena crisis la recaudación por IBI mermó a 221.2 millones; en 2019 subió a 291.2 millones. Ya para ese año, la Alcaldía comenzó una estrategia de subir el IBI. Y lo proyectado para recaudar en 2020 es de 460.7 millones de córdobas.
La estrategia de la Alma
La Alma ha desatado una feroz cacería contra empresas por el cobro de los IBI, IMI y otros tributos municipales, que los empresarios consideran exagerados e ilegales.
Primero la municipalidad efectúa una auditoría, luego envía un reparo y mientras las empresas recurren por los canales administrativos ante la alcaldesa primero y luego ante los concejales, un equipo de abogados penalistas contratados por la Alcaldía, amenaza a los gerentes o a los socios de las empresas para que paguen los millonarios reparos, contaron a LA PRENSA varios abogados que se han enfrentado a estas amenazas.
Hasta el momento la única empresaria que ha denunciado el caso públicamente es Victoria Cárdenas, esposa del director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro. La empresaria denunció que la Alma le estaba cobrando más de nueve millones de córdobas por un reparo que ella consideraba ilegal y amenazándola con cárcel.
El abogado de la Alcaldía, Ricardo Ramírez McNally, socio del penalista Ramón Rojas Méndez, quien liberó al dictador Daniel Ortega de la denuncia de violación de Zoilamérica Ortega Murillo, acusó a Cárdenas y a dos socias más por supuesta Defraudación a la Hacienda Municipal. Una juez de Managua ya dictó prisión para las empresarias, quienes han denunciado el caso ante los organismos empresariales.
LA PRENSA conoció de empresarios que han sido encarcelados por los juicios promovidos por la Alcaldía hasta que pagan, pero hasta hoy ninguno se atreve a hablar abiertamente de su caso.
“¿Qué ganamos con denunciar? Más bien nos van a seguir persiguiendo más, ya sabemos que no estamos en un estado de derecho, las empresas tienen que conservar sus empleos”, dijo un empresario que fue sujeto de un gran reparo y “exigió” que no se revelara su nombre.