La ALMA ha comenzado una cacería contra empresarios con cobros que las empresas consideran exagerados. Actualmente hay más de 200 casos judicializados en la vía penal. Hay orden de captura contra la empresaria Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica (AC).
“No te puedo dar una cantidad porque es constante que están entrando las quejas de las empresas y el principal problema que se tiene es que no se está siguiendo el debido proceso, no le están dando el chance a las empresas o a los individuos que están siendo afectados por estos cobros anormalmente altos, a defenderse”, dijo Pierson.
Desde 2019 la Alcaldía de Managua comenzó a aumentar los cobros por Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) e Impuestos Municipales de Ingresos (IMI) y aplicar reparos que los empresarios consideran exorbitantes. Para obligarlos a pagar, la municipalidad contrató al abogado Ricardo Ramírez Mcnally para acusarlos de manera autónoma por el Delito de Defraudación a la Hacienda Municipal.
Pierson dijo que la alcaldía también ha comenzado a cobrar por cada afiche que las empresas colocan en las pulperías.
“No nos están dando el chance de defendernos, sino que vienen en una actitud agresiva con amenazas de cárcel desde la entrada y ahí es el problema”, dijo Pierson.
“Ha habido amenazas de cárcel antes de que el proceso administrativo del reclamo que haya interpuesto la persona o compañía afectada, concluya”, añadió el funcionario de Cadin.
El tema preocupa tanto a los empresarios que ya se ha comenzado a discutir en las reuniones del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). “Se tiene que preparar una respuesta coordinada”, expresó Pierson.
“Esa práctica tiene que parar porque es algo que no va a conducir a bien para nadie, quizás la alcaldía pueda con estas amenazas recolectar dinero a corto plazo pero a largo plazo lo que va hacer es ahuyentar a las empresas que estén ubicados dentro del municipio de Managua”, añadió.
Funides se pronuncia
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) se pronunció este viernes condenando “las arbitrariedades de las que han sido objetos empresarios, contribuyentes y personas naturales con cobros onerosos y procedimientos administrativos fuera de la ley”.
“El proceder de las autoridades municipales, fiscales y judiciales ahuyenta las inversiones del país”, dijo el centro de pensamiento.