Reporteros sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional (asociación mundial de escritores), rechazan el proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, mejor conocida como «Ley Putin» por sus similitudes con una ley promovida en Rusia en 2012, iniciativa que fue presentada por los 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ante la Asamblea Nacional, el pasado martes 22 de septiembre y con la que pretende controlar las operaciones financieras que realicen asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras.
RSF y PEN Internacional alertan que el régimen de Daniel Ortega prevé con esta ley registrar como «agentes extranjeros» a los corresponsales de prensa que trabajan para medios de comunicación de otros países, por tanto consideran que esta iniciativa de ley debe ser aún debatida en la Asamblea Nacional.
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«El proyecto de ley bautizado como Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y destinado a prevenir «delitos contra la seguridad del Estado», ha levantado un auténtico clamor en la sociedad civil nicaragüense y en la comunidad internacional.
El texto establece que se obliga a cualquier entidad o persona que reciba financiamiento del exterior a registrarse en el Ministerio del Interior como agente extranjero y se aplicará en particular a los periodistas que trabajan para medios de otros países. «Aún tiene que ser debatido en el parlamento», recomiendan ambas organizaciones.
Ley está destinada a censurar a medios independientes
El director de la oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié, señaló que la organización que preside denuncia enérgicamente dicha iniciativa de ley y la cataloga de «aberrante e inconstitucional», la cual está destinada a censurar e intimidar aún más a los medios independientes del país.
«El Congreso tiene que repudiar este proyecto de ley liberticida que permitirá al gobierno de Daniel Ortega contar con una nueva herramienta de represión para silenciar a las voces críticas con su Administración», denunció Colombié.
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Por su parte Jennifer Clement, presidenta de PEN Internacional, denunció que «los juicios, las persecuciones, y los ataques contra periodistas y medios que critican al Gobierno de Nicaragua son una prueba de que las autoridades de este país están actuando sistemáticamente para limitar el derecho a la libertad de expresión».
«El respeto de los derechos debe ser una prioridad para el Estado. Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para que detenga la criminalización de las voces independientes, y pedimos al congreso que rechace este proyecto de ley, cuyo objetivo es controlar y restringir el trabajo de los medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil», demandó.
De acuerdo con el proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, de ser aprobada esta otorgará poderes extremos al Ministerio de Gobernación para supervisar a toda persona o entidad, para prevenir y combatir «delitos contra la seguridad del Estado».
Las organizaciones internacionales señalan que esta lista de «agentes extranjeros» incluye a las ONG, corresponsales de prensa o a los representantes de agencias de noticias. Pero también a los periodistas de medios nicaragüenses que reciben apoyo financiero de fuera del país.
«Las compañías consultoras o de relaciones públicas, las agencias de publicidad, los empleados de servicios de información y consultores políticos vinculados a gobiernos, empresas y fundaciones extranjeras, incluidas en la lista del ministerio también deben abstenerse de intervenir en asuntos o temas de política interior», añaden, de lo contrario serán castigados con penas de sanciones legales, además de verse sometidos a una estrecha vigilancia, lamentan.
Dictadura presenta nueva iniciativa de ley para incriminar a medios independientes
Los diputados sandinistas presentaron este lunes 28 de septiembre una nueva propuesta de Ley Especial del Ciberdelito, con la que pretenden criminalizar las publicaciones en redes sociales y los medios de comunicación como delitos contra la «seguridad del Estado», con penas que oscilan entre uno y ocho años cárcel.
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Según los 70 diputados sandinistas firmantes, el objetivo de este proyecto de ley es «la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes».
En el artículo 30, de la iniciativa se considera delito «la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación», lo que también amenaza el ejercicio del periodismo.