La reciente denuncia de la joven opositora Juana Livex Castellanos Rodríguez, originaria de Nueva Segovia, quien fue obligada por la Policía Orteguista (PO) a desnudarse y hacer sentadillas dentro un cuarto de la estación policial de esa localidad, es reflejo de que el régimen de Daniel Ortega —a través de la institución represiva— mantiene hasta la fecha la tortura y el abuso sexual contra las mujeres como una forma de represión sistemática con un sello personal de machismo.
La ciudadana Castellanos Rodríguez, quien forma parte de la directiva departamental de la Alianza Cívica en Nueva Segovia, relató que el pasado 8 de septiembre la Policía llegó a su vivienda ubicada en uno de los barrios de la ciudad de Ocotal, para allanarla y posteriormente trasladarla a la estación donde finalmente fue sometida a múltiples abusos por parte de los agentes policiales.
Feministas y defensoras de derechos humanos afirman que esta acción ocurre por el protagonismo que las mujeres han tenido a lo largo de la historia y que tanto Ortega como Murillo se ensañan en atacar a las mujeres opositoras con violencia sexual como una forma particular de amedrentar también a las demás, medida que ha venido ejecutando desde el levantamiento cívico de abril de 2018, como dejó en evidencia recientemente el jurado de conciencia, Violencia Sexual: Crimen de lesa humanidad donde se condenó al Estado de Nicaragua por esta modalidad de tortura.
«Lo más humillante fue que adelante de ellos en dos veces me obligaron a que me quitara toda mi ropa, incluyendo la ropa interior, y ya desnuda totalmente me obligaron a realizar sentadillas y de manera morbosa me miraban y se burlaban de mí. También vi que tenían cámaras ubicadas en el lugar filmándome mientras me obligaban a desnudarme», relató la joven opositora.
Para la abogada Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), esta forma de tortura como abuso sexual —ya sea con penetración o sin penetración— o de cualquier forma, como manoseo y obligar a las mujeres a desnudarse, son verdaderas violaciones y están condenadas en el Derecho Humanitario y en todas las normas internacionales de derechos humanos y agrega que representa un atentado contra la integridad física, psíquica y moral, de la fémina, «o sea es una agresión integral en contra de las mujeres y existe una disposición de que uno debe de estar libre de violencia».
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«El hecho de desnudar a las personas la dejan en una situación de mayor vulnerabilidad emocional, uno se siente completamente desprotegido, sin fuerzas. Es una forma de hacerlas más vulnerables y lo hacen para obtener las confesiones, porque una persona desnuda pierde totalmente las fuerzas, es una forma de tortura con diferentes motivaciones. Es para causar daños y la Policía lo ha utilizado desde hace tiempo aquí para obtener las informaciones, le sacan información a los reos pero desnudándolos», señaló la defensora de derechos humanos.
Al respecto, Martha Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir, afirma que el régimen de Ortega nunca ha tenido la voluntad política de disminuir los delitos sexuales contra las mujeres y más bien busca silenciar estas voces con estas medidas. «Aquí estamos desprotegidos en este país».
Abusos persisten
El 8 de septiembre el Tribunal de Conciencia: «La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua» concluyó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo «incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violencia sexual de mujeres y hombres mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país», durante las protestas de 2018. Sin embargo, este escenario aún persiste, en un contexto donde las mujeres están siendo asesinadas y violadas.
«La violación sexual como forma de tortura no es nueva, lo que pasa es que desde el 18 de abril (de 2018) para acá la violencia en todas sus manifestaciones se ha incrementado y antes se veía violaciones solo en contra de las mujeres, pero ahora también la cometen contra los hombres y fundamental las principales víctimas son las presas y presos. La Policía se ha convertido en un torturador, y lo que hace es que a la hora de la captura lo primero que le dicen es que hay que quitarse los zapatos y les quitan toda la ropa», refutó Núñez.
«Miremos el discurso de Rosario Murillo, que con tanto odio nos tira a las feministas y ahora lo peor es que una mujer esté en contra de esta dictadura, la toman, la echan presa y le hacen lo que quieren. Es una forma de callar al pueblo. La vez pasada una joven fue a poner denuncia y la echaron presa en la estación Uno (de la Policía) y fue violada por la Policía. Sabemos que la violencia sexual cada día va en aumento, por lo que no hay un castigo para esta situación de violencia contra las mujeres. Desde el 2018 esta dictadura ha estado en contra de todo acto que se dé en contra de ellos, y lo que cuidan es el poder, cueste lo que cueste, están en contra de la vida», lamentó Martha Flores, de CDD.
Discurso contradictorio
A la presidenta del Cenidh le resulta contradictorio que el régimen por un lado promueva una iniciativa de reforma para aplicar cadena perpetua en Nicaragua para quienes cometan lo que ellos llaman «crímenes de odio», haciendo referencia a los últimos femicidios registrados en el país, y por otro lado son las mismas instituciones públicas que utilizan violencia sexual contra las mujeres.
«Es completamente contradictorio pero además es como una amenaza, es parte de la represión que se vive y definitivamente quieren silenciarlas y una de las cosas más crueles y groseras que lo pueden hacer es precisamente con la violación sexual y sobre todo en este momento donde esta situación de violencia nos encontró con una Ley 779 que el Gobierno delimitó completamente con las famosas Comisarías de la Mujer, que nunca fueron una maravilla pero ahora están peor que antes, es una de las graves situaciones de riesgo y yo creo que uno de los miedos más grandes que tiene la mujer es al momento de ser capturada», apuntó Núñez.
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El Tribunal de Conciencia: «La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua» ratificó como responsables de esta violencia a hombres y mujeres con uniformes de autoridades estatales, hombres vestidos de civil y algunos de ellos con acentos extranjeros. Agrega que en el momento de la detención a los testimonios no se les dijo por qué se les detenía ni cuál era la acusación que había en su contra.
“Yo me sentí denigrada mi cuerpo al ser obligada a desnudarme delante de ellos, mientras era observada a través de cámaras que me grababan en el lugar. Eso es horrible, porque es humillante lo que le hacen a los que nos identificamos abiertamente opositores a este Gobierno», continuó el relato de la joven Juana Livex Castellanos Rodríguez.