El establecimiento de una pena de cadena perpetua en Nicaragua no logrará la disminución de los crímenes contra las niñas y mujeres, aseguran defensoras feministas, pues la solución va más allá de una condena.
Marycé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia en Nicaragua, sostiene que la cadena perpetua no va a acabar con la violencia estructural y el machismo que se vive en el país, ya que se necesita de prevención y de la aplicación en su totalidad de la Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, que penaliza y previene la violencia machista.
“Es como ponerle un parche a una gran herida abierta e infectada porque la violencia cada día está siendo estragos en el país”, dice Mejía, quien a la vez critica que no tiene sentido implementar este tipo de ley si a los meses o a los años se indultan a hombres que cometieron o cometen estos crímenes, sin que estos finalicen su condena. La Red de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua reporta que hasta la fecha 514 femicidas y violadores han sido liberados por el régimen de Daniel Ortega bajo el beneficio de indulto a los reos comunes.
Lea además: Líneas de acompañamiento para las mujeres víctimas de violencia machista en Nicaragua
Por su parte Marvin García, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), concuerda con la apreciación de Mejía sobre la aplicación de la Ley 779 y de los efectos que tiene la Ley de Amnistía que implementa el gobierno de Daniel Ortega al indultar a los reos comunes. Además señala que para que estos crímenes disminuyan se deben aplicar medidas y políticas integrales para proteger a la mujer, a la niñez y la adolescencia.
“Es garantizarle el acceso a la justicia a las víctimas, que si le van a dar 20 (años), que si le van a dar 30 (años), que si le van a dar más o menos en estas condiciones creo que eso no es lo que va a venir a resolver el problema”, dice García, quien resalta que para garantizar esa justicia se debe conocer qué está sucediendo con las denuncias, si la familia está o no está denunciando. Cuál es la respuesta de los operadores de justicia frente esas denuncias, y si las autoridades actúan de manera rápida ante esos casos.
Lea también: Organizaciones defensoras advierten manipulación y oportunismo con crimen de las niñas de Mulukukú
Los datos
De acuerdo a datos del Anuario Estadístico de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante el año 2019 fueron ingresadas 596 causas (acusaciones y demandas) por abuso sexual en el país y de los cuales 379 fueron resueltas. Además indica que recibieron 634 causas por violación a menores de 14 años y solo 396 fueron resueltas.
En 2018, la CSJ registró 357 causas ingresadas por abuso sexual de las cuales 259 fueron resueltas. Sobre las causas por violación a menores de 14 años en ese año fueron 292, de las cuales 152 fueron resueltas.
No es un problema jurídico
Mejía, de la Red de Mujeres contra la Violencia, asegura que en Nicaragua se ha reducido el tema de la violencia contra las mujeres a lo jurídico, cuando esto va mas allá, dice, de “recursos humanos, de educación, verlo como un problema público y de salud pública no como con problema privado, no reducirlo a que los femicidas son personas con enfermedades mentales o desviados mentales. Son personas sanas, hombres sanos que se creen dueños de las mujeres y las niñas”, indica.
Este 14 de septiembre, Rosario Murillo, vicepresidenta designada, informó que Daniel Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hacer una reforma a las leyes para establecer la pena de cadena perpetua para los ciudadanos que cometan “crímenes de odio”, después que se conociera el crimen atroz contra dos hermanas de 10 y 12 años en la comunidad Lisawe, jurisdicción de Mulukukú en la Región Autónoma del Caribe Norte. Las menores fueron asesinadas a machetazos y una de ellas presentaba signos de una violación sexual.
Puede interesarle: Por qué el Estado es cómplice de crímenes como el ocurrido contra niñas de Mulukukú, según defensores de derechos humanos
El crimen contra las menores en Mulukukú, dice Mejía, fue una oportunidad para el gobierno “para seguir, según los análisis que hemos hecho, para seguir reprimiendo. Para seguir criminalizando las protestas, para castigar cualquier levantamiento cívico y llamarlo como crimen de odio como están acostumbrados”, pero no para especificar que la condena sea para femicidios y violencia machista en el país y donde se proteja específicamente a las niñas y las mujeres.
Por su parte, García, de Codeni, critica la respuesta que le han dado las autoridades a las víctimas. “La Policía está en un estado de pasividad e inoperancia, no está resolviendo los casos, las denuncias que se están haciendo no las están resolviendo, se han documentado casos de los cuales la Policía toma la denuncia pero no sigue todo el proceso que debería para llevar ante la justicia a los abusadores. (La Policía) tiene que volver nuevamente a sus orígenes en cuanto al funcionamiento sobre todo para las Comisarías de la Mujer y la Niñez y eso no lo estamos viendo”, asegura.
Datos del Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) reflejan que en 2019 y lo que va de 2020 han sido asesinadas 17 niñas de entre 2 y 17 años en el país. Para el miembro de Codeni se debe conocer qué se está haciendo en materia de prevención de la violencia hacia la niñez y la adolescencia y las mujeres en el país y cuánto se está destinando en el Presupuesto Nacional para trabajar el tema.
¿Garantiza justicia?
Lois González, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), asegura que aunque se endurezcan las penas, la posibilidad de disminuir la violencia y los crímenes de odio es baja ya que el sistema de justicia de Nicaragua no cumple con las leyes, no tiene voluntad política y no promueve una cultura de justicia ni de equidad. Además “no se cumple con la ruta de acceso a la justicia mucho menos con los protocolos ni con el modelo de atención integral a las víctimas. Simplemente está en la parte de aplicación y ejecución de las leyes y en la parte de sancionar”, dice.
Sobre si una pena de cadena perpetua podría garantizar justicia a una víctima de violencia sexual, la abogada señala que podría representar justicia, pero recuerda que cada caso es distinto y que lo último que espera una víctima en el país es que haya justicia.
Puede interesarle: «Si a él no lo agarran, él va a terminar lo que comenzó». Organizaciones feministas advierten el peligro de las mediaciones
De acuerdo a González, del total de femicidios registrados entre 2012 hasta la fecha aproximadamente el 70 por ciento de estos casos han quedado en la impunidad y en muchos de ellos no se abre una causa ni se toma la denuncia.
Por su parte, el abogado José Pallais asegura que la violencia contra las mujeres no solo le compete al derecho penal y que el incremento de penas no va a solucionarlo. “El derecho penal moderno tiene estudiado en diferentes países que elevar las penas no disminuye los delitos, más bien tiende a incrementarlos. Entonces la solución tiene que ser una solución integral, tiene que ser a través de medios de educación fundamentalmente a la sociedad, a través de medios de apoyo social, mecanismos integrales. La Ley 779 fue dotada de esa visión integral que requiere el Estado y la sociedad desde el punto de vista multidisciplinario para poder enfrentar el problema. No podes únicamente confiar en que la sanción y las sanciones elevadas te los van a solucionar. Esto no es correcto y la realidad ha demostrado en muchísimos países que ese enfoque está destinado al fracaso”, asegura.
Además explica que en vez de mejorar la situación esta puede empeorar si el gobierno de Daniel Ortega continua liberando a reos que han cometido delitos contra las mujeres y que no han cumplido su condena. Eso “nos confirma que hay una manipulación política, que el objetivo no es hacer justicia, que el objetivo es enriquecer el arsenal de persecución contra los opositores siguiendo el modelo venezolano de la Ley contra el Odio de Venezuela de 2017”, sostiene.
Pallais hace referencia a un principio que se ha aplicado en derecho y que asegura que “la prevención del delito se logra con la certeza de la sanción no con el incremento de la sanción o las penas, ya que si el delincuente conoce que su conducta va a quedar impune va a cometer el delito, no se detiene porque la pena es más alta o que la pena es más baja, la única forma de prevenirlo de disuadirlo es que tenga certeza de que se le va a aplicar la justicia; y en la Nicaragua orteguista, todos los delincuentes tienen la certeza de que su conducta queda impune”.