Durante la celebración de las Fiestas Patrias de Nicaragua, Daniel Ortega amenazó a sus opositores con la pena de cadena perpetua.
Después de que un tribunal de conciencia en Costa Rica lo condenara por cometer crímenes de lesa humanidad en la represión contra las protestas sociales y políticas; y de que la Alianza Cívica diera una gran demostración de organización nacional con un operativo cívico simultáneo en todo el país, Ortega anunció que ha ordenado a su poder judicial “trabajar una propuesta” de reforma legal para castigar con prisión perpetua a sus adversarios.
Al parecer, el dictador nicaragüense es ignorante del derecho penal y penitenciario, nacional y universal. Según explicó un experto penalista este miércoles en el Canal 10 de televisión, la “cadena perpetua” ya no existe en el mundo. Fue abolida por ser una práctica penal y penitenciaria inhumana, mediante la cual se castigaba a los presidiarios sujetándolos de por vida a una cadena empotrada en una pared, o encadenándoles ambos pies, o colocándoles una cadena con una bola de hierro en el extremo, que el infortunado prisionero tenía que levantar con las manos para poder caminar algunos pasos.
La cadena perpetua era una sentencia de muerte indirecta, pues raramente los condenados sobrevivían a aquel castigo que era una tortura permanente, cuando el poder del Estado no reconocía la dignidad intrínseca de todas las personas ni los derechos humanos como un valor sagrado.
En su discurso del 15 de septiembre, el dictador Ortega trató de justificar su propósito de represión política extrema mencionando los casos de violación sexual de dos niñas ocurridos en el país recientemente. Pero señaló claramente que a quienes participaron en la rebelión de abril de 2018 y los que mantienen la resistencia democrática cívica, “el pueblo” (o sea él mismo, pues Ortega se cree y hace llamar “el pueblo presidente”) les debe imponer por lo menos la pena de cadena perpetua.
Ortega, en su discurso de odio prácticamente se lamentó de que no puede imponer la pena de muerte a sus adversarios políticos, porque está prohibida por convenios internacionales de los que Nicaragua es parte. Lo que no dijo es que esa prohibición no ha impedido que muchos nicaragüenses antisandinistas fueran condenados de hecho a muerte y ejecutados extrajudicialmente, ni que en 2018 más de 300 nicaragüenses murieran fusilados colectivamente por agentes policiales y esbirros civiles de la dictadura.
También, jueces del régimen sandinista han impuesto a determinadas personas que participaron en la rebelión democrática de abril, penas de prisión de por vida al haber sido sentenciadas a más de 300 años de cárcel.
Pero Ortega está absolutamente equivocado, si cree que su régimen va a durar toda la vida y que las cadenas de dictadura y tiranía que le ha impuesto a Nicaragua, son a perpetuidad. Es cierto que el dictador puede hacer que sus magistrados cambien el artículo 37 de la Constitución, según el cual ninguna pena de prisión por separado o sumada con otras puede pasar de 30 años. Ortega puede incluso legalizar la pena de muerte, la que de hecho aplica de vez en cuando aunque haya sido abolida por convenios internacionales.
Sin embargo, nada de eso podrá impedir el fin de la dictadura. Más bien lo podría adelantar.