La Fundación del Río sigue denunciando la complicidad de las instituciones públicas para respaldar los procesos de invasión en las reservas naturales, pese a que se tratan de áreas protegidas y estas representan un patrimonio para las comunidades indígenas de Nicaragua.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación, denunció este jueves – a través de un comunicado – que el Ministerio de Educación (Mined), el Ministerio de Salud (Minsa), la Empresa Nacional de Trasmisión Eléctrica (Enatrel) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) junto con la Alcaldía de El Castillo, Río San Juan realizan inversiones públicas dentro de la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz, lo que respalda la invasión y genera estabilidad a los colonos para mantenerse y ampliarse dentro del área protegida.
Si bien la invasión de colonos es una problemática que viene desde hace años, Ruiz destacó que la actuación que han tenido las instituciones públicas viola la Ley General del Medio Ambiente, en cuanto a la protección y preservación de las áreas naturales, y vulnera más las condiciones de vida de los indígenas.
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De acuerdo al monitoreo que realiza el Batallón Cívico Indio-Maíz en conjunto con la Fundación, la invasión se localiza al lado oeste de la Reserva – donde no hay presencia de comunidad indígenas-, y el proceso ha sido que las personas primeramente forman caseríos dispersos hasta llegar a unas 30 familias. Una vez establecidos, los pobladores buscan darle un nombre a la comunidad. “Luego que están instalados, gestionan ante las instituciones del Estado escuelas y puestos de salud, en algunas ocasiones van a la Alcaldía y piden materiales para construcción de puentes o caminos dentro la Reserva”, explicó Ruiz a LA PRENSA.
El ambientalista señaló que el problema es que estas solicitudes de construcción están dentro de la Reserva Indio Maíz, y eso promovería más la invasión e instalación en el área protegida. El monitoreo del Batallón y la organización registran al menos diez escuelas que son atendidas por los Núcleos Educativos Rurales (NER), del Mined.
Esta situación refleja la preferencia de Estado, según Ruiz, puesto que anteriormente las comunidades indígenas han pedido al Mined que se abra una escuela dentro de las comunidades Rama – dentro de la Reserva – pero la institución no ha atendido la demanda. “Ves la enorme diferencia que hay en la inversión pública que beneficia a los colonos y no a las comunidades indígenas, que son las que cuidan al bosque”, cuestionó Ruiz.
En el comunicado, la Fundación también expone que el Minsa construyó una casa base dentro de la reserva, específicamente en la comunidad de Samaria, esto pese a que los pobladores habían solicitado que se construyera en Filas Verdes, una comunidad fuera del área protegida. En el caso de Enatrel, desde el año 2017 ejecuta un proyecto de ampliación de la cobertura energética en la que parte de los beneficiados son colonos que se encuentra dentro de la reserva, los que recibirán kits energéticos que incluyen paneles solares, baterías, cables y la instalación de los equipos.
Sin vigilancia del Marena
Para Ruiz, estas inversiones públicas avalan a que los colonos se mantengan dentro de la Reserva Indio Maíz, por lo que agrava el panorama no solo para el área protegida sino a los indígenas, que desde hace mucho tiempo están olvidados por el Estado. El ambientalista declaró que desde el 2013 el Marena no realiza una visita de campo dentro de la reserva.
Ruiz expresó que los colonos vienen de la zonas de El Rama, Chontales, Nueva Guinea u otro lugares, es decir, en su mayoría proceden de otros departamentos quienes llegan a las Reservas para trabajar en el agro o aprovecharse de la madera. En otros casos, los mismos colonos venden la tierra donde habitan o parte de sus parcelas a otros colonos.
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“En muy pocos casos son del mismo municipio de El Castillo, porque por lo general tienen su área fuera de la Reserva. En algunas ocasiones nos hemos encontrado con familias que han vendido en zona de amortiguamiento a algunas empresas y estas han tenido que irse dentro de la Reserva porque los precios son más baratos, pero en ninguno de los casos hay legalidad sobre esos territorios”, manifestó Ruiz.
“Como no hay vigilancia, no hay Marena, no hay puestos de control (…) entonces eso es una dinámica de tráfico ilegal de tierras”, agregó.
Se mantiene riesgo
Ante este escenario, los indígenas no solo son afectados con la toma de sus tierras sino con la amenaza de perder sus vidas, puesto que al reclamar a los colonos sobre su ilegalidad dentro de la Reserva, estos pueden responder con agresión.
“La situación de riesgo se mantiene. Al avanzar las poblaciones invasoras hacia la zona de reservas donde habitan las comunidades indígenas, el riesgo de violencia se mantiene. Cuando llegan los guardabosques indígenas con las visitas de monitoreos hacia esas familias invasoras, hay un resistencia por lo que le dicen los comunitarios que tienen que salir de ahí, que están de manera ilegal, y eso les trae repercusiones tanto al personal del guardabosque o los propios habitantes de las comunidades indígenas”, dijo.
La Reserva Biológica Indio Maíz es atractiva a los invasores por sus recursos naturales, como la madera. El proceso de deterioro del área protegida inicia desde la degradación, cuando se da el despale de árboles para asentarse y trabajar en los corredores para el ganado. Luego de eso empieza la deforestación, que está ligada a la quema y tala de bosques o áreas más extensas.
De acuerdo a la Fundación del Río, hasta el 2019 se registraba 33,465 hectáreas han sido afectadas por la degradación y deforestación del bosque, esto representa el 10 por ciento del área total de la Reserva (318,917). Esta afectación se le suma al impacto del incendio del 2018 en la Reserva Indio Maíz, que consumió 5,880 hectáreas de bosque, y el huracán Otto en el 2017 (166,792 aproximadamente).