El régimen de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley de Protección Fitosanitaria, otra legislación con fines recaudatorios, ya que ahora cualquier productor podrá ser multado por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), con sanciones que oscilarán entre los 100 y 7,000 dólares.
Los diputados sandinistas han justificado la iniciativa afirmando que la misma es necesaria porque Nicaragua tiene una ley básica sobre sanidad animal y vegetal que data desde 1990 y se requiere actualizar las leyes y normas fitosanitarias, para prevenir la introducción de plagas y enfermedades, así como proteger la producción vegetal de consumo interno y externo.
Pero los especialistas en la materia creen que el trasfondo es otro. “La iniciativa es totalmente arbitraria en todos los sentidos, y el problema de la multa que se establece es que la dejan a discreción del IPSA, de la persona que realice la inspección, entonces cuando esas multas son discrecionales, la discrecionalidad va de la mano con la corrupción, pero además son multas elevadas”, explicó Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).
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El artículo 78 de la iniciativa, establece cuáles son las infracciones muy graves y sus sanciones. «Serán sancionados con multas de 5,001 a 7,000 pesos centroamericanos (dólares)… suspensión definitiva del registro o cierre definitivo del establecimiento», cuando se comercialice plantas o artículos reglamentados que se encuentre infectados con alguna plaga, incumplir con los requisitos fitosanitario, también que el transportista no declare a su ingreso al territorio nacional productos de riesgo fitosanitario o bien alterar documentos oficiales.
Empoderan al IPSA
El proyecto de ley es enorme, cuenta con 94 artículos, que se resumen en una ampliación de poderes otorgados al Instituto de Protección y Sanidad Agropecuario con fines recaudatorios, que van en contra de la normativa establecidas por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, explica por su lado René Orúe, especialista legal en bioseguridad, medidas fitosanitarias y semillas.
“Esta iniciativa no toma en cuenta todos los aspectos de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, va en contra de esta», insiste Orúe. Por ejemplo, menciona que de aprobarse tal como está diseñada, la ley obligará a los productores a inscribirse en el IPSA.
Al respecto, se cuestiona: «¿cuántos productores hay en Nicaragua?, hay más 500,000 productores, y dice que si no te inscribís te multan, aparte aunque no lo dice que hay que pagar, ninguna inscripción es gratis”.
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La inscripción está claramente detallada en el artículo 10 de la iniciativa: “Toda persona natural o jurídica que importe, exporte, industrialice, procese, distribuya, almacene o comercialice plantas, productos vegetales o artículos reglamentados, regulados por la presente ley, así como los proveedores de actividades fitosanitarias, deberán estar inscritos en el registro que a tal efecto llevará el IPSA (…) El reglamento de la presente ley establecerá el registro de agricultores por tipo de cultivo o explotación agraria, por área o característica de cultivo o la explotación…”
Pero el empoderamiento del IPSA vendrá acompañado de más recursos financieros, que según la misma iniciativa provendrán del Presupuesto de la República, las erogaciones Presupuestarias extraordinarias que el Estado asigne prioritariamente para atender situaciones de emergencias y alertas fitosanitarias, los ingresos percibidos de los servicios que preste, los fondos captados como consecuencia de multas, los recursos obtenidos por préstamos y donaciones.
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El control de plagas
Con esta ley, los productores estarían en la obligación de informar ante el IPSA el surgimiento de enfermedades y plagas que presenten los cultivos de vegetales y plantaciones, como el café.
“El artículo es preocupante, no le corresponde al IPSA determinar qué medidas debe tomar a cuenta del productor para controlar o erradicar plagas. Esta afirmación es errada. El IPSA no interviene y participa en la erradicación de una plaga, eso sería un absurdo e imposible dar cobertura a las plagas que se presentan en los siembros de más de 200,000 productores; dice que si te descubren una plaga te cierran el establecimiento, todo mundo tiene plagas, aparece el gorgojo, el zompopo, tantas plagas que hay”, explica Orúe.
También la iniciativa le permite a las autoridades restringir el ingreso de productos vegetales importados que no cuenten con normas fitosanitarias que exigirá Nicaragua, lo que permitirá al Gobierno controlar las importaciones del consumo interno.
