El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) prepara un informe sobre la masacre en la comunidad mayangna de Alal, que será compartido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el objetivo que estos puedan incluir el tema dentro de su agenda permanente, explicó Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.
La expectativa de Núñez es que las instancias internacionales, dentro de los límites de su mandato, puedan impulsar acciones más directas, puesto que en Naciones Unidas cuentan con un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas. También aspiran a que se pueda abrir una investigación por parte de la CIDH sobre lo qué sucedió en Alal; sin embargo, para que esto suceda, se debe contar con el aval del régimen orteguista, el mismo que en diciembre de 2018 expulsó a los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
Además de las denuncias de los comunitarios, el Cenidh cuenta con un informe realizado por los mismos mayangnas, mediante el cual relatan el ataque del que fue víctima la comunidad de unas 800 personas. Explican que durante la última década los colonos invasores los han amenazado de muerte y se han adueñado de los cultivos sembrado por ellos mismos.
Recordaron que en julio de 2019 los colonos invadieron la comuniad Suniwas, y en ese mismo año, en noviembre, fue atacada la comunidad de Betlehem, donde dos personas resultaron «baleadas». Sobre esos hechos no hubo denuncia ante las autoridades, y mucho menos investigación.
«Nuestra demanda es no solamente a los organismos internacionales sino a que el gobierno facilite que esas organizaciones especializadas, a través de sus mecanismos especializados investiguen qué es lo que pasa», expresó la defensora de derechos humanos.
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El régimen orteguista presentó hasta este miércoles, casi a los quince días de la masacre, a Lester Isaías Orozco Acosta, alias «El choco», integrante de la banda delincuencial «Chabelo», a la que atribuyen los hechos de violencia registrados contra los mayangnas.
Orozco Acosta es una de las ocho personas que integran la banda, los otros siete siguen prófugos. A estos les atribuyen los delitos de asesinato, lesiones graves, incendio y tenencia ilegal de armas de fuego en perjuicio de las comunidades Alal y Wakuruskasna, que dejó cuatro muertos: Jarle Samuel Gutiérrez, Juan Emilio Devis Gutiérrez, Cristino López Ortiz, Amaru Rener Hernández; y dos heridos: Marcony Jarquín Rener y Maynor Will Fernández Ruiz; este último tiene la pierna y mano izquierda sin movimiento, como secuela del impacto de bala en su cabeza.
Sin embargo esta información es insuficiente para el Cenidh, ya que según Núñez, el régimen orteguista podría utilizar una estrategia para tratar de acallar el clamor por la masacre, que ha provocado la condena internacional, incluso, del mismo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
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Saneamiento y desarme
De acuerdo con el informe de los comunitarios, exigen al Gobierno que desarme a los colonos que cuentan con «armas de guerra», en los territorios indígenas del país por medio de la Policía y el Ejército de Nicaragua.
Asimismo, demandaron la urgencia del saneamiento para garantizar la seguridad del pueblo mayangna y otros indígenas. El saneamiento implica el desalojo de aquellas personas que provienen del Pacífico o de municipios aledaños a la reserva y se han asentado en las tierras que son propias de los pueblos indígenas.
